El Congreso aprueba el plan del Partido Popular para endurecer la legislación sobre las armas blancas

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP instando al Gobierno a endurecer la legislación sobre armas blancas con más sanciones, menos tipos de armas autorizadas, y una serie de cambios penales para tratar de reducir el aumento de agresiones en la vía pública. La iniciativa, debatida este martes en el Pleno, ha sido votada punto por punto y los siete han salido adelante con el respaldo del PP, Vox y UPN más apoyos puntuales o abstenciones de Junts y del PNV. En contra se han posicionado el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y Compromís, formaciones de izquierda que consideraban la propuesta como «populismo punitivo».

En concreto, el Congreso reclama al Gobierno «diseñar urgentemente un plan integral de actuación que frene la tendencia al alza del uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia». También exige «revisar e incrementar los tipos de armas blancas prohibidas» y «actualizar y mejorar la normativa aplicable a la compra o acceso a las armas blancas, en particular endureciendo requisitos y controles para una actuación eficaz frente a los distribuidores irregulares para reforzar los mecanismos de identificación de compradores, y las reglas para la intervención en plataformas online en las que es viable su compra sin verificación de edad o trazabilidad de la adquisición».

Se insta igualmente al Ejecutivo a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para incluir como faltas muy graves conductas como portar, exhibir o usar armas prohibidas, o blandir armas legales de modo negligente, temerario o intimidatorio. El Congreso pide además modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para «establecer normas más claras y estrictas respecto a la detención de quienes exhiban con ánimo intimidatorio armas blancas», e introducir cambios en el Código Penal para restringir la tenencia de armas blancas, así como incrementar la pena de prisión por poseer armas prohibidas.

Por último, se anima a revisar la Ley Penal del Menor para «modificar los preceptos relativos a las medidas a imponer respecto a menores infractores penales que utilicen armas blancas en la comisión de los hechos por los que han sido condenados y a las medidas cautelares». Durante la defensa de su proposición, el diputado del PP Rafael Hernando exigió un plan integral para analizar el fenómeno en su conjunto, revisar la normativa aplicable a la compra y acceso de estas armas y su trazabilidad, modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para aumentar las sanciones por su exhibición o uso intimidatorio y reformar el Código Penal y la Ley del Menor.

En contra de la iniciativa se han posicionado los grupos de izquierda. La diputada del PSOE María Carmen Castilla acusó al PP de «coger un problema, agitar el miedo y convertirlo en propaganda» con una iniciativa que, a su juicio, mezcla «alarmismo, errores jurídicos y propuestas desproporcionadas». En la misma línea, el portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha denunciado «más populismo punitivo del PP y Vox para hacer campaña electoral en Andalucía» y ha acusado a ambos partidos de exagerar los problemas de seguridad y de proponer únicamente medidas para «castigar a las clases populares». Aun así, ha reconocido que hay casos en los que el uso de armas blancas ilegales «genera preocupación y requiere atención específica».

En una nota de prensa a la que ha tenido acceso El Debate, el Partido Popular ha afirmado que la iniciativa aprobada en el Congreso incluye así mismo «aumentar los tipos de armas blancas prohibidas, reforzar el control en ventas por Internet y revisar la ley del menor ante uno de los delitos que más ha crecido en nuestro país junto con la ciberdelincuencia». De misma manera, han censurado que «a lo largo de los últimos años, los delitos producidos por armas blancas han crecido de forma notable en el conjunto de España, casi un 60 %, y de forma aún más notable en comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña, Madrid y, especialmente, en Andalucía».