La abogada de Koldo pide citar como testigo «sobrevenida» a la directora general de Hacienda por el aplazamiento de las deudas de Aldama

La defensa de Koldo García Izaguirre ha instado al tribunal que está juzgando el 'caso mascarillas' para que cite a la directora general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AET), Soledad Fernández Doctor, «para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración» del testigo Carlos Moreno Medina, este miércoles en el Supremo, en relación a la intervención del ex jefe de gabinete de la ex ministra María Jesús Montero, en el aplazamiento de las deudas de las sociedades de Víctor de Aldama.

La petición «sobrevenida», a la que ha tenido acceso El Debate, se produce «al amparo de lo dispuesto en el artículo 729.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que habilita a las partes a ofrecer diligencias de prueba de cualquier clase», durante el procedimiento abierto contra el ex asesor ministerial. Y se enmarca en la estrategia de defensa que ha llevado a de la Hoz a cuestionar, en los últimos días, la validez de algunas de las versiones prestadas por los declarantes o los peritos, como las hojas de liquidaciones de gastos pagadas en efectivo por Ferraz, durante esta tercera semana de juicio.

En el escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, la defensa de Koldo ha puesto en duda la credibilidad del testigo Carlos Moreno Medina y, por extensión, de lo antes manifestado por Aldama, «en relación a la intermediación» del ex asesor de José Luis Ábalos, en la facilitación de contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno" a favor de las empresas de la trama, propiedad del comisionista Aldama, también acusado.

Y, para ello, ha aportado una copia literal del Diario número 292 de las Sesiones del Senado, en el marco de la comisión de investigación que se sigue sobre el 'caso PSOE', en cuya página 60, la directora general de tributos, aseguró que «desde el día 21 de noviembre, en el que vi en televisión al llegar a mi casa que había un señor en un juzgado, o parecía un juzgado, haciendo unas declaraciones diciendo que esa e empresa de la que usted me habla [Soluciones de Gestión] había recibido un aplazamiento por indicación del señor jefe de gabinete [de María Jesús Montero], esa misma noche pedí información para ver qué es lo que había pasado con esa empresa. Esa misma noche. Y al día siguiente y al otro; y seguí ampliando y seguí preguntando más hasta ver quiénes habían accedido, hasta llegar al absoluto convencimiento de la perfecta actuación de la Agencia Tributaria». Una tesis que, a juicio de la letrada de Koldo anularía las sospechas sobre un trato de favor a Aldama, como resultado de su relación con el Ministerio de Transportes.

Además, la abogada de la Hoz señala al tribunal que en la página 40 del referido Diario de Sesiones, Soledad Fernández Doctor reconocía como una «aberración» insinuar que dicho aplazamiento «lo concedió el jefe de gabinete de la ministra».

«¡Cómo es posible que alguien crea que quien no tiene competencia puede conceder un aplazamiento! No le puedo responder si tuvo o no el aplazamiento esa empresa (...), pero estoy deseando que me pidan esa información los juzgados que están tramitando todas estas cuestiones para poder llevar la documentación que, por supuesto, tengo perfectamente preparada», se preguntaba la alto cargo.

«También dijeron que había salido en el 95 bis», en referencia al listado anual que el Gobierno publica con la identidad de los morosos con Hacienda, «en el año... no lo recuerdo muy bien, pero creo que, en el año 2020, esa entidad no alcanzaba el límite de 1 millón de euros, que era el que existía en ese momento. En los tres ejercicios siguientes sí ha salido porque se rebajó el límite para aparecer en el listado del 95 bis hasta 600 000. Y en ese momento ya ha entrado en el 95 bis. Es decir, que muchas veces en prensa vemos cosas que yo no sé quién las pone, pero no responden a la realidad. Y a lo único que no le puedo responder es a si se acordó o no ese aplazamiento», añadía la directora de la AET en el Senado.

Un textual que, ahora, la defensa de Koldo ha querido poner «en conocimiento de la Sala II del Tribunal Supremo», con el «objeto de que valore como diligencia de prueba no propuesta por ninguna de las partes, para la comprobación de la credibilidad del Sr. Aldama y del testigo D. Carlos Moreno, de los hechos que han sido objeto de los escritos de calificación en relación con el aplazamiento de las deudas tributarias de sociedades vinculadas» al primero de ambos.