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La mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40º edición de los Premios Goya

La mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40º edición de los Premios GoyaEFE

De la boda de Ana Aznar a los conciertos en Francia: los argumentos a los que se agarra la defensa de Begoña Gómez

El documento busca desmontar la tesis de la acusación popular y del juez instructor Juan Carlos Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha optado por mirar al pasado de La Moncloa para justificar su actuación y ha presentado un informe pericial que cita casos concretos de anteriores presidentes del Gobierno para sostener que el uso de asistentes por parte del cónyuge es algo habitual.

Este dictamen, firmado por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Julio Víctor González García, sostiene que no existe una regulación específica sobre la figura del cónyuge del presidente del Gobierno y que, en ausencia de norma escrita, debe acudirse a la costumbre como fuente del Derecho.

A eso se agarra la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, que asegura que, durante el mandato de Mariano Rajoy, se contrataron asistentes que, entre otras funciones, ayudaron en el cuidado de su padre enfermo. En el caso de José María Aznar, el documento recuerda que se dispuso de apoyo para la organización de la boda de su hija, Ana Aznar, con Alejandro Agag, uno de los eventos sociales más relevantes de su etapa en el Ejecutivo.

La lista continúa con José Luis Rodríguez Zapatero, y es que, según el informe, un diplomático acompañó como intérprete a su esposa durante una estancia en Francia en 2007, donde ofreció varios conciertos. Un ejemplo que la defensa utiliza para subrayar que el apoyo institucional a las parejas de los presidentes ha incluido también actividades de carácter personal o privado.

«El apoyo y la asistencia completa a los miembros de la familia del presidente del Gobierno, incluyendo sus actividades privadas, ha sido una constante», concluye el documento, que busca desmontar la tesis de la acusación popular –encabezada por Hazte Oír— y del juez instructor Juan Carlos Peinado, que aprecian indicios de malversación en el trabajo de la asesora Cristina Álvarez.

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