La Audiencia Nacional absuelve a los 15 acusados de pagar comisiones para lograr contratos de Mercasa en Angola

La Audiencia Nacional ha absuelto a los 15 acusados en el caso conocido como «Mercasa Angola», en el que se investigaba el supuesto pago de comisiones ilegales para obtener contratos públicos en el país africano.

La causa analizaba la actividad de un consorcio empresarial español vinculado a Mercasa que, entre 2006 y 2017, desarrolló proyectos para la construcción de mercados de abastecimiento e infraestructuras agroalimentarias en Angola. La Fiscalía sostenía que, para conseguir estos contratos, se habrían realizado pagos irregulares a autoridades angoleñas y se habrían desviado fondos públicos mediante una estructura societaria compleja.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal llegó a acusar a los implicados de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las penas solicitadas incluían varios años de prisión, multas millonarias y la inhabilitación para contratar con el sector público.

Sin embargo, tras un largo proceso judicial que se inició en 2018 y un juicio celebrado en 2026, el tribunal ha concluido que no ha quedado acreditado que los acusados cometieran los delitos que se les imputaban. La sentencia descarta que existieran pruebas suficientes de pagos ilícitos o de un sistema organizado para desviar dinero público.

El caso se apoyaba en una extensa investigación policial y judicial, con abundante documentación y comisiones rogatorias internacionales. Aun así, la Sala considera que los indicios presentados durante el juicio no permiten sostener una condena penal, especialmente en lo relativo a la supuesta corrupción internacional y el desvío de fondos.

Uno de los elementos clave del procedimiento era la relación contractual entre el consorcio español y un organismo público angoleño para la construcción de un gran mercado y otras infraestructuras. La acusación entendía que esta relación se había visto condicionada por pagos irregulares, mientras que las defensas defendieron en todo momento la legalidad de las operaciones.

La resolución también tiene en cuenta la complejidad de las operaciones internacionales analizadas y la dificultad de acreditar con claridad el destino de determinados fondos. En este contexto, el tribunal opta por aplicar el principio de presunción de inocencia ante la falta de pruebas concluyentes.

Con esta absolución, los acusados quedan exonerados de todas las responsabilidades penales que se les atribuían, en un procedimiento que se ha prolongado durante casi ocho años.