Pedro Sánchez saludando a Delcy Rodríguez en la cumbre UE-CELAC de 2023
A instancias del PP
La Eurocámara se cruza en el camino de Sánchez y vota en contra de levantar las sanciones a Delcy Rodríguez
El Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que, por amplísima mayoría, insta al Consejo Europeo a mantenerlas. El presidente español la ha invitado a la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid, de ahí su interés
El Parlamento Europeo ha votado este jueves en contra de que el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, levante a Delcy Rodríguez la prohibición de entrar en la Unión Europea. Ello dos días después de que Gobierno de España anunciara que invitará a la presidenta encargada de Venezuela a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.
El resultado de la votación ha sido abrumador: 507 a favor de la iniciativa y 31 en contra, además de 35 abstenciones. De hecho, los eurodiputados socialistas españoles han votado a favor para no quedar descolgados de su propio grupo. No así los de la extrema izquierda, como Irene Montero e Isa Serra, que han votado en contra.
La resolución ha sido impulsada por el grupo parlamentario popular europeo y, más en concreto, por la delegación española. En ella, los populares denuncian el abrupto fin de la ley de amnistía anunciado por la propia Rodríguez, cuando aún siguen en las cárceles venezolanas casi medio millar de presos políticos. Los socialistas españoles también han votado a favor de mantener las sanciones para no quedar descolgados.
Su texto señala que el Consejo Europeo «no debe levantar ninguna de las sanciones impuestas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos» -lo que incluye a Rodríguez- hasta que el régimen venezolano adopte «medidas significativas hacia una transición pacífica» que incluya: «La liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos con motivación política contra la oposición democrática al régimen y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia elecciones libres y justas».
La decisión de la Eurocámara supone un palo en la rueda del Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende conseguir que Bruselas exonere a la presidenta encargada de Venezuela antes de la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid. Para los populares, el solo hecho de que el Ejecutivo español la invite a la Cumbre teniendo sanciones en vigor es «una provocación a la UE».
El pronunciamiento del Parlamento Europeo no es de obligado cumplimiento para el Consejo Europeo, que tendrá la última palabra, pero sí una petición clamorosa, a juzgar por el resultado. Ahora Sánchez tendrá que convencer a los jefes de Estado y de Gobierno de que levanten las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela aun habiéndose manifestado en contra el Parlamento europeo.
La cruzada del presidente español se antoja tan difícil como la de lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas. Suponiendo que Sánchez fracase, aun podrá invitar a Rodríguez, pero lo hará sin ningún respaldo de sus socios: las sanciones se pueden eludir tratándose de jefes de gobierno en ejercicio.
El Gobierno de Sánchez tiene mucho interés en que la Cumbre Iberoamericana de Madrid sea un éxito, dados los plantones de destacados líderes en las anteriores. Y que Venezuela no esté puede provocar varias ausencias en cadena. Dentro de esa operación, Albares ha estado estos días de gira por Puerto Rico, República Dominicana y México para invitar a sus autoridades.
Al Gobierno le interesa especialmente la mexicana Claudia Sheinbaum, con la que Albares se reunió este miércoles y a la que invitó en nombre del Rey. Felipe VI reconoció en marzo los «abusos» de la conquista española de México, en un acto que tenía como objetivo iniciar un acercamiento al Ejecutivo mexicano. Y funcionó, porque Sheinbaum reconoció el gesto y en abril acudió a la llamada de Sánchez: participó en Barcelona en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Era la primera visita de un jefe de Estado mexicano a España en ocho años.