Los fiscales critican la 'venganza' de Peramato: «No importa la institución, solo ascienden los aplaudidores»

En su discurso de bienvenida como fiscal general del Estado, Teresa Peramato agradecía la labor prestada por sus antecesores en el cargo, entre los que ya estaba Álvaro García Ortiz, que dieron «lo mejor de ´si mismos para fortalecer la fiscalía española y mejorarla», reconociendo su trabajo y su legado. Aquel 11 de diciembre de 2025, Peramato señalaba que, con el proceso penal en el que resultó condenado su predecesor, se había abierto una herida profunda en Fiscalía española que era necesario «sanar» y se comprometía a que la cura llegase bajo su «dirección y con el esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país».

Sin embargo, lejos de situarse en una posición conciliadora y neutral, Peramato ha vuelto a desatar la polémica ente los miembros de la Carrera, por su política de nombramientos discrecionales, que siguen la línea establecida por Dolores Delgado y continuada por García Ortiz, «premiando las lealtades personales y las afinidades ideológicas por encima del mérito, la antigüedad y la capacidad profesional»- Buena prueba de ello ha sido las designación de Isabel Martín López como nueva jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, en detrimento de su anterior titular Almudena Lastra.

Una las decisiones «menos justificadas y más sesgadas que se han vivido en la Fiscalía», denuncian desde dentro. Un 'ajuste de cuentas' que Peramato ha materializado contra la veterana fiscal Lastra, después de que ésta declarase en contra de García Ortiz y ratificase, en el Supremo, la responsabilidad de su ex jefe como máximo responsable de la filtración de los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, en la que la ex jefe superior de Madrid se negó a participar.

La operación –que ha impedido a Lastra continuar cinco años más en el cargo y cerrar su ciclo, «con una Memoria Técnica impecable» a su favor– responde a una «venganza» personal que ha «antepuesto el correctivo a los intereses, la imagen y el prestigio de la Institución», denuncian sus compañeros. Por mucho que, como ha podido saber este diario, en el seno del Consejo Fiscal celebrado ayer, donde se materializó el reemplazo, uno de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) asegurase que nada tenía que ver «con el juicio» de García Ortiz.

«No importa la Fiscalía, el mensaje ha quedado claro: sólo ascienden los aplaudidores», han lamentado varios fiscales consultados por El Debate. Y es que Isabel Martín López, beneficiada por la salida de Lastra, fue una de las fiscales que estuvo en la sede del Ministerio Público aplaudiendo a García Ortiz el día de su declaración como acusado; y que acudió al Supremo, para sentarse en primera fila de la Sala de vistas, durante el tiempo en el que se prolongó el juicio, para mostrarle su apoyo, en público.

El precio por ir contra el «oficialismo»

El caso que ha desatado el escándalo ha sido la propuesta para fiscal jefe Superior de Madrid, que recaía en Martín López, hasta ayer fiscal de la Secretaría Técnica, donde se ocupaba de la planificación de cursos de formación. Pese a que sólo concurrían dos candidatas y Almudena Lastra, ex fiscal jefe superior de Madrid, con 35 años de carrera, experiencia en la Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo, Tenencia de la Inspección Fiscal, vocal del CGPJ y letrada del mismo órgano, la ascendida fue la primera. Y, ello, pese a que Lastra superaba a la otra aspirante en más de 900 puestos del escalafón.

Una vez conocido el resultado, ya anticipado por este diario, la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) recordaba cómo Lastra fue una de las fiscales que contradijo la «doctrina oficialista» durante el procedimiento penal contra García Ortiz y el modo en que su testimonio resultó relevante en la sentencia condenatoria. «Hizo gala de una serena autonomía que es consustancial a la condición de fiscal», destacaban desde la AF en un comunicado oficial.

Sin embargo, éste no era el único nombramiento criticado. También la promoción de Pilar Rodríguez, la fiscal que estuvo imputada con García Ortiz durante la instrucción en el Supremo, por haber asumido el contenido de la nota de prensa sobre el novio de Díaz Ayuso y enviarla desde la ofician de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid. La nueva titular del Ministerio Público será la nueva titular de una plaza en el Supremo en la Sección de lo Social, donde volverá a trabajar codo a codo con su ex máximo superior jerárquico.

Pese a que desde la AF y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) señalan que carece de experiencia previa en la materia y que se ha situado por delante de compañeros que sí cuentan con ella, con diferencias de hasta 300 puestos en el escalafón, Peramato ha justificado su elección apoyada en la «gran capacidad de trabajo» de Rodríguez, como único argumento frente a los criterios objetivos que la alejaban de dicha posición.

Por último, pero no menos flagrante ha sido el nombramiento de Pilar Fernández Pérez —la mujer de Álvaro García Ortiz— como Teniente de la Fiscalía Superior de Galicia. Al puesto en cuestión, concurrían ocho candidatos, siete de ellos con destino actual en Galicia y, por tanto, "conocedores directos de la realidad territorial, señalaban en una nota tremendamente crítica emitida desde la AF:

Además, según el escalafón, Fernández Pérez era la penúltima de la lista entre los aspirantes: más de 800 puestos la separan del primer peticionario con cuarenta años de servicio, sobre el terreno, frente a los veinte de la agraciada. La razón proporcionada por Peramato, en el seno del Consejo Fiscal, fue la afinidad de la esposa del ex fiscal general con el destino y que «era su momento» para acceder al mismo.

Quid pro quo

La Asociación de Fiscales apuntaba a un pago de favores de Peramato a quien fue su mentor en el ascenso a la Jefatura de la Sala de lo Penal del Supremo, unos meses antes de su condena. «Fue, precisamente Álvaro García, como fiscal general del Estado quien ascendió a la actual titular del Ministerio a la condición de fiscal jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. ¿Cómo se llama a esto en otros idiomas…? Quid pro quo».

En el comunicado emitido por la AF recordaba cómo en el Consejo Fiscal del 27 de febrero ya se «obsequió» a Ana Isabel García León, exjefa de la Secretaría Técnica, con la Jefatura de la Sección Penal del Tribunal Supremo, y a Diego Villafañe, ex número 'dos' de García Ortiz en la Secretaría Ténica, con una plaza en la misma Fiscalía del Alto Tribunal. Todos ellos cesaron, de manera automática con el cambio de fiscal general, pero la Ley les garantiza un destino profesional. Según la AF, los ofrecidos a los más cercanos a García Ortiz resultaban «exiguos para remunerar tanto servicio prestado».

Además de los nombramientos, la AF critica la gestión de dos borradores de Instrucciones (uno sobre el régimen de comunicaciones del artículo 25 EOMF y otro sobre medidas para reforzar la autonomía e imparcialidad de los fiscales, artículos 23 y 27 EOMF).

Ambos figuraban en el orden del día del Consejo Fiscal, con ponencia del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Julián Cano Antón., pero cuatro días después fueron suprimidos sin explicación. La FGE los presentó primero a la Junta de Fiscales de Sala y tiene previsto llevarlos a los fiscales jefes superiores y provinciales, antes de restituirlos para su deliberación en el órgano consultivo.

«Esto ya lo hemos visto antes», recuerdan desde la AF, citando el controvertido informe sobre plazos del artículo 324 LECrim durante la pandemia. Entonces, como ahora, se optó por un tour de adhesiones en lugar de debatir en el único ámbito legalmente competente: el propio Consejo Fiscal.

«Adhesión personal e inquebrantable»

A todo lo anterior se suma el hecho de que Peramato ha instaurado la «nueva costumbre», una vez votadas las plazas discrecionales en el Consejo Fiscal, por la que la fiscal general se ausenta «para reflexionar» sobre las propuestas que solo a ella corresponden. Mientras, «diferentes medios de comunicación anuncian las propuestas definitivas», dejando a los propios vocales del Consejo como los últimos en enterarse.

«El mensaje transmitido por la FGE no solo a la Carrera, también a los poderes públicos y a la sociedad, se podría decir más alto pero no más claro», concluye la Comisión Ejecutiva de la AF. A su juicio, Peramato «deja constancia del modelo de Ministerio Fiscal que tiene en la cabeza, muy alejado de lo dispuesto en el EOMF y prescindiendo del mérito y la capacidad acreditados en favor, no ya de la sintonía ideológica conforme a doctrina constitucional, sino de la adhesión personal e inquebrantable a quien ostenta u ostentó la condición de FGE».