Los fiscales cargan contra la 'venganza' de Peramato: «No importa la institución, solo ascienden los aplaudidores»

En su discurso de bienvenida como fiscal general del Estado, Teresa Peramato agradecía la labor prestada por sus antecesores en el cargo, entre los que ya estaba Álvaro García Ortiz, que dieron «lo mejor de ´si mismos para fortalecer la fiscalía española y mejorarla», reconociendo su trabajo y su legado. Aquel 11 de diciembre, Peramato señalaba que, con el proceso penal en el que resultó condenado su predecesor, se había abierto una herida profunda en Fiscalía española que era necesario «sanar» y se comprometía a que la cura llegase bajo su «dirección y con el esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país».

Sin embargo, lejos de situarse en una posición conciliadora y neutral, Peramato ha vuelto a desatar la polémica ente los miembros de la Carrera, por su política de nombramientos discrecionales, que siguen la línea establecida por Dolores Delgado y continuada por García Ortiz, «premiando las lealtades personales y las afinidades ideológicas por encima del mérito, la antigüedad y la capacidad profesional»- Buena prueba de ello ha sido el nombramiento de Isabel Martín López como nueva jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, en detrimento de su titular Almudena Lastra.

Una las decisiones «menos justificadas y más sesgadas que se han vivido en la Fiscalía», denuncian miembros de la Fiscalía ante el 'ajuste de cuentas' que Peramato ha materializado contra la veterana fiscal Lastra, después de que ésta declarase en contra de García Ortiz y ratificase. en el Supremo, su versión sobre su ex jefe como máximo responsable de la filtración de los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso que ella se negó a respaldar.

La operación, que ha impedido a Lastra continuar cinco años más en el cargo y cerrar su ciclo, «con una Memoria Técnica impecable» a su favor, responde a una «venganza» personal que ha «antepuesto el correctivo a los intereses, la imagen y el prestigio de la Institución».

«No importa la Fiscalía, el mensaje ha quedado claro: sólo ascienden los aplaudidores», han lamentado varios fiscales consultados por El Debate. Y es que Isabel Martín López, beneficiada por la salida de Lastra, fue una de las fiscales que estuvo en la sede del Ministerio Público aplaudiendo a García Ortiz el día en que declaró y que acudió al Supremo, para sentarse en primera fila de la Sala de vistas, durante el tiempo en el que se prolongó el juicio para mostrar públicamente su apoyo.

El precio por ir contra el «oficialismo»

El primer caso señalado es la propuesta para Fiscal Jefe Superior de Madrid, que recaerá en M.ª Isabel Martín López, fiscal de la Secretaría Técnica donde se ocupaba de la planificación de cursos de formación. Solo concurrían dos candidatas. La otra era Almudena Lastra, actual fiscal jefe superior de Madrid, con 35 años de carrera, experiencia en la Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo, Tenencia de la Inspección Fiscal, vocal del CGPJ y letrada del mismo órgano. Lastra supera a la propuesta en más de 800 puestos del escalafón.

La AF recuerda que Lastra fue una de las fiscales que contradijo la «doctrina oficialista» durante los procedimientos penales contra García Ortiz y que su testimonio resultó relevante en la sentencia condenatoria. «Hizo gala de una serena autonomía que es consustancial a la condición de fiscal», destaca el texto.

El segundo nombramiento criticado es el de Fiscal del Tribunal Supremo en la Sección de lo Social para M.ª Pilar Rodríguez Fernández, actual jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. La AF señala que carece de experiencia previa en la materia y que se sitúa por delante de compañeros que sí la tienen, con diferencias de hasta 300 puestos en el escalafón. Curiosamente, esa misma sección fue el destino de Álvaro García Ortiz tras su reingreso en la Carrera.

El tercer caso, calificado como el más flagrante, es el nombramiento de M.ª Pilar Fernández Pérez —esposa de Álvaro García Ortiz— como Teniente de la Fiscalía Superior de Galicia. Concurrían ocho candidatos, siete de ellos con destino actual en Galicia y, por tanto, conocedores directos de la realidad territorial. Según el escalafón, Fernández Pérez es la penúltima de la lista: más de 800 puestos la separan del primer peticionario.

La AF no se corta: «Fue precisamente Álvaro García como FGE quien ascendió a la actual FGE a la condición de Fiscal Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. ¿Cómo se llama a esto en otros idiomas…? Quid pro quo».

El comunicado recuerda que en el Consejo Fiscal del 27 de febrero ya se «obsequió» a Ana Isabel García León, exjefa de la Secretaría Técnica, con la Jefatura de la Sección Penal del Tribunal Supremo, y a Diego Villafañe, ex teniente, con plaza en la misma Fiscalía del alto tribunal. Todos ellos cesan automáticamente con el cambio de fiscal general, pero la ley les garantiza un destino profesional. Según la AF, los ofrecidos a los más cercanos a García Ortiz resultaban «exiguos para remunerar tanto servicio prestado».

Además de los nombramientos, la AF critica la gestión de dos borradores de Instrucciones (uno sobre el régimen de comunicaciones del artículo 25 EOMF y otro sobre medidas para reforzar la autonomía e imparcialidad de los fiscales, artículos 23 y 27 EOMF). Ambos figuraban en el orden del día del Consejo Fiscal, con ponencia del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Julián Cano Antón.

Cuatro días después fueron suprimidos sin explicación. La FGE los presentó primero a la Junta de Fiscales de Sala y tiene previsto llevarlos a los fiscales jefes superiores y provinciales.

«Esto ya lo hemos visto antes», recuerdan desde la AF, citando el controvertido informe sobre plazos del artículo 324 LECrim durante la pandemia. Entonces, como ahora, se optó por un «tour» de adhesiones en lugar de debatir en el órgano legalmente competente: el propio Consejo Fiscal.

La organización h a reprochado, además, una «nueva costumbre» introducida por la actual FGE: una vez votadas las plazas discrecionales en el Consejo Fiscal, la fiscal general se ausenta «para reflexionar» sobre las propuestas que solo a ella corresponden. Mientras, «diferentes medios de comunicación anuncian las propuestas definitivas», dejando a los propios vocales del Consejo como los últimos en enterarse.

«El mensaje transmitido por la FGE no solo a la Carrera, también a los poderes públicos y a la sociedad, se podría decir más alto pero no más claro», concluye la Comisión Ejecutiva de la AF. «Deja constancia del modelo de Ministerio Fiscal que tiene en la cabeza, muy alejado de lo dispuesto en el EOMF y prescindiendo del mérito y la capacidad acreditados en favor, no ya de la sintonía ideológica conforme a doctrina constitucional, sino de la adhesión personal e inquebrantable a quien ostenta u ostentó la condición de FGE».