El PSOE lanza una ofensiva contra la «prioridad nacional» y cree que PP y Vox irán después «a por las mujeres y los LGTBI»

El PSOE ha anunciado que va a presentar iniciativas, en forma de mociones o proposiciones de ley, en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Congreso y Senado, así como en el Parlamento Europeo en contra del concepto de «prioridad nacional» acuñado por Vox y que se contempla en los pactos firmados en Extremadura y Aragón entre los de Santiago Abascal y el Partido Popular.

Para los socialistas, este concepto atenta contra «el principio de igualdad ciudadana» y es «inhumano e ilegal», tal y como han señalado en un comunicado emitido este domingo. «Es inhumano porque establece como requisito para acceder a los servicios públicos el lugar de origen y no la necesidad o el derecho a ellos. Porque está basada en el odio y la exclusión y puede dañar la convivencia», sostienen.

En cuando a la ilegalidad de la medida en el PSOE creen que viola el artículo 14 de la Constitución que establece el principio de igualdad entre todos los ciudadanos. Además, esgrimen que «contradice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea» y recuerdan que «cada vez que se ha querido imponer una medida similar, la Justicia la ha paralizado».

Asimismo, consideran que la «prioridad nacional» pactada por PP y Vox supone «el desmantelamiento de los servicios públicos y la desinstitucionalización en la que tan bien se mueven los partidos radicales» y augura que «tras la exclusión de la población migrante vendrá la exclusión de otros grupos poblacionales, las mujeres, las personas LGTBI o aquellos que menos tienen, los hablantes de lenguas cooficiales o, sencillamente, todo aquel que no piense como la derecha».

Así, la formación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que sus «prioridades nacionales» son «las prioridades reales que tiene la ciudadanía: la paz frente a la guerra, el trabajo frente al paro, la sanidad pública universal, la educación como palanca de igualdad, la dependencia, la revalorización de las pensiones o la vivienda digna».