Las advertencias del PP a Marlaska en 2024 que resurgen tras la muerte de otros dos guardias civiles: «Si nos hubiera hecho caso…»

La muerte de dos guardias civiles este viernes durante una operación contra el narcotráfico frente a la costa de Huelva ha reabierto un debate que ya estalló hace poco más de dos años tras la tragedia de Barbate, cuando murieron otros dos agentes del cuerpo en otra operación contra el narco. Entonces, asociaciones profesionales, sindicatos policiales y partidos de la oposición reclamaron más medios, refuerzos específicos y una profunda reforma de la lucha contra el narco en el sur de España, algo que ahora, tras el nuevo incidente mortal, vuelve a la luz bajo la pregunta de si se ha hecho algo en todo este tiempo.

«Si nos hubiera hecho caso, esto podría ser más difícil que pasase», resume ahora una fuente política conocedora de las reclamaciones planteadas tras el asesinato de dos agentes en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió a una zodiac de la Guardia Civil en el puerto gaditano. Aquel episodio desencadenó una fuerte ofensiva política y sindical contra el Ministerio del Interior y, especialmente, contra el ministro Fernando Grande-Marlaska, acusado por asociaciones y oposición de no dotar de suficientes medios a la Guardia Civil para combatir el narcotráfico en Andalucía.

Pocos días después de la tragedia de Barbate, el Senado aprobó la reprobación de Marlaska con la mayoría absoluta del PP. En ese entonces, la iniciativa denunciaba la falta de medios materiales y humanos para hacer frente al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y reclamaba cambios urgentes en la estrategia del Ministerio del Interior.

Entre las principales demandas figuraban el refuerzo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, más embarcaciones operativas, mejores equipos de protección y la declaración del Campo de Gibraltar y otras zonas del litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad (ZES), una figura reclamada desde hace años por las asociaciones profesionales para mejorar incentivos y condiciones laborales de los agentes destinados en áreas especialmente conflictivas. También se solicitaba una «profunda reforma del servicio marítimo», protocolos de colaboración con otras unidades de seguridad y el endurecimiento de las penas para quienes colaboran con las redes del narcotráfico.

En paralelo, asociaciones como Jucil o AUGC insistían en la necesidad de incrementar plantillas y recuperar estructuras especializadas como OCON-Sur, la unidad de élite creada para combatir el narcotráfico en Andalucía y posteriormente desmantelada. Precisamente esta semana, tras la tragedia de Huelva, Jucil ha vuelto a señalar directamente esa cuestión. «Esto vuelve a demostrar una vez más que el desmantelamiento de OCON-Sur fue un error», sostiene la asociación en conversación con El Debate.

Por si fuera poco, en una moción registrada en el Senado en 2024, el Grupo Popular alertaba ya de la «creciente proliferación y asentamiento de estructuras criminales» en el Campo de Gibraltar y otras zonas de la provincia, así como de la necesidad de reforzar personal, medios e instrumentos de investigación frente a «formas de delincuencia sofisticadas». Ese escenario, aseguran ahora las asociaciones profesionales, no solo no ha desaparecido, sino que se ha ampliado hacia nuevas zonas de la costa andaluza.

«Las redes del narcotráfico se han desplazado desde Gibraltar hacia otras zonas costeras de Andalucía como Huelva y del entorno del Guadalquivir», explican desde Jucil. «La presión policial en una zona provoca el desplazamiento del problema a otra». La asociación describe además un escenario de organizaciones criminales «cada vez más violentas», con embarcaciones de gran potencia y una capacidad operativa que, en ocasiones, supera la respuesta disponible sobre el terreno.

Tras Barbate, el Gobierno defendió que se habían incrementado las inversiones y los efectivos policiales en la zona. El PSOE llegó a asegurar en el Senado que durante la etapa de Marlaska se habían incorporado miles de agentes más y se habían reforzado las operaciones contra el narcotráfico. El ministro del Interior también defendió en varias ocasiones que el desmantelamiento de OCON-Sur no había debilitado la lucha contra el narco y argumentó que las cifras de detenciones e incautaciones seguían creciendo, pero las asociaciones profesionales sostienen que el aumento de la actividad criminal y de la violencia sobre el terreno continúa superando los recursos disponibles. Y ahora, más de dos años después, otros dos agentes del cuerpo han vuelto a perder la vida luchando contra el narcotráfico.