El complejo monumental del Valle de los Caídos visto desde el mirador de Cuelgamuros
Presidencia admite el «alto componente turístico y cultural» del Valle de los Caídos en una licitación
La contrata de Patrimonio Nacional, que depende de la cartera ministerial de Félix Bolaños, asegura que la empresa beneficiada deberá «solicitar y recopilar datos estadísticos sobre el perfil de los visitantes mediante la entrega/recogida de cuestionarios para estudios de público»
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes –que encabeza el socialista Félix Bolaños– anunció una licitación pública en el BOE del pasado viernes 8 de mayo para adquirir «servicios de auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones en el Valle de Cuelgamuros», nombre que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado al Valle de los Caídos.
La Memoria Justificativa de la contrata destaca que «la Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional establece en su artículo primero que es una entidad de derecho público con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía en su gestión, orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno, cuyos fines son la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional».
«Para cumplir con la obligación de garantizar la seguridad y conservación de los bienes muebles e inmuebles con que cuenta Patrimonio Nacional, así como garantizar la atención e información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones en los diferentes espacios del Valle de Cuelgamuros, es necesario mantener un servicio de auxiliares con competencias», añade.
Por su parte, el Pliego de la licitación deja claro que «el ámbito de actuación se desarrollará en» el «Valle de Cuelgamuros (El Escorial)». Este documento público recoge en el epígrafe «condiciones generales de la prestación del servicio» que «la empresa adjudicataria remitirá mensualmente informes de encuestas y perfiles de visitantes que les sean solicitados».
Igualmente, Presidencia –a través del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN)– asegura que «teniendo en cuenta que en todas las instalaciones incluidas en este contrato se desarrollan actividades con un alto componente de carácter turístico y cultural, el personal que destinen las empresas adjudicatarias deberá conjugar necesariamente una profesionalidad con una correcta atención al público, presencia impecable, discreción, diligencia, etc. (sic)».
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En las «principales funciones a desempeñar» se asegura que la compañía que salga beneficiada deberá –entre otros aspectos– «atender de forma personalizada al público y dar información tanto en espacios interiores como exteriores (información sobre precios públicos, condiciones de acceso, horarios e información general)», «organizar y conformar las filas de espera y los flujos de visitantes en la zona de taquillas y accesos» y «proporcionar folletos, planos o cualquier otra información de interés para el visitante».
«Solicitar y recopilar datos estadísticos sobre el perfil de los visitantes mediante la entrega/recogida de cuestionarios para estudios de público y evaluación de actividades que le sean requeridas por el CAPN. Administrar o realizar encuestas en el interior y exterior de las instalaciones», se añade en este apartado.