Manifestación de funcionarios de prisiones en Barcelona, en una imagen de archivo
El Congreso avanza en reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad
Han votado a favor el PSOE, Sumar, PP, Vox, Junts y PNV, con la negativa de Bildu y ERC, que alertan de una «derechización de las izquierdas»
La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad a través de una modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979, una iniciativa que ahora continúa su tramitación en el pleno para ser aprobada definitivamente. Los grupos han dado su apoyo este jueves al dictamen de la ponencia de la proposición de ley orgánica, presentada por el grupo socialista, después de que el pasado martes PSOE, PP y PNV llegaran a un acuerdo, y han rechazado las enmiendas de Junts, Sumar y Vox.
Durante el debate, el diputado del grupo socialista José Luis Aceves ha manifestado su satisfacción por el consenso logrado y ha considerado una buena noticia que después de tantos años hayan sido capaces de dar respuesta a la reivindicación de 25.000 empleados públicos de Instituciones Penitenciarias. Desde el PP, Fernando de Rosa también se ha mostrado satisfecho porque «por fin» se va a aprobar una «histórica» reivindicación y por el hecho de que el reconocimiento se extienda también al personal laboral, a la vez que ha confiado en que la iniciativa sea llevada al pleno de la próxima semana «porque queremos que vaya cuanto antes al BOE».
Por su parte, Marta Madrenas, de Junts, que ha votado a favor, ha anunciado que mantendrá vivas sus enmiendas para poner de manifiesto que Cataluña tiene su propio sistema penitenciario y para denunciar que desde Madrid se legisla sin que la administración del Estado sufrague los costes que se puedan derivar de ello, si bien ha calificado de paso importante el acuerdo. La modificación legislativa podría conllevar un aumento en las indemnizaciones por daños personales o materiales o que el testimonio de un funcionario de prisiones tenga presunción de veracidad.
Por Sumar, Enrique Santiago ha valorado el consenso pero ha incidido en la necesidad de poner en marcha políticas preventivas y una mayor inversión para que el desempeño laboral de estos funcionarios se desarrolle de manera óptima y segura, a la vez que ha reclamado el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades que aun no tienen asumida esta competencia.
Desde Vox, el diputado David García ha subrayado que hoy se avanza un paso, pero insuficiente, porque quedan muchas reivindicaciones del sector por cubrir, y ha reivindicado «de una vez por todas» que los agentes de la Policía y de la Guardia Civil sean reconocidos «agentes de riesgo», al igual que los trabajadores de la seguridad privada.
Solo ERC ha rechazado la iniciativa que, en palabras de la diputada Pilar Valluguera, «no hace ningún favor» a los funcionarios de prisiones en la consecución del objetivo de su trabajo, y ha criticado que se haya llegado a un acuerdo del PSOE con la derecha.
El delegado sindical de CSIF Prisiones, Sergio García, ha recordado que ese reconocimiento supone mayor seguridad y mayor protección jurídica para los funcionarios en sus puestos de trabajo, así como la presunción de veracidad lo que significa que sus informes tendrán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba en contrario. Además, en un comunicado ha explicado que con esta modificación legal los empleados de prisiones tendrán derecho a indemnización por parte de la administración por los daños personales y materiales que sufran en su puesto de trabajo y recibirán una formación específica.
