FAES recalca que «un gobernante que excusa su corrupción o la que tiene próxima está minando su derecho a mandar»

La fundación FAES ha subrayado este martes en un editorial que «un gobernante que excusa su corrupción –o la que tiene próxima– amparándose en la de un tercero, está minando su derecho a mandar: no es un superior, es un secuaz». «Si 'la corrupción de lo óptimo es pésima', la del poderoso es la suprema corrupción pública», asegura la entidad que preside José María Aznar.

Este editorial, que lleva por título 'Intervencionismo corrupto', llega en pleno estallido del caso Zapatero y una oleada de casos de corrupción que cercan al Gobierno, al partido y al entorno personal de Pedro Sánchez, que pese a ello aboga por seguir en el poder hasta que se acabe la legislatura en 2027.

«La demagogia socialista suele presentar la corrupción como un efecto concomitante del mercado; y casi como un atributo potencial de cualquiera que abogue por la libertad económica: devorada por la codicia, una «derecha» inspirada en el egoísmo más depredador encarnaría todo lo que debe ser combatido», señala FAES, que recalca que, sin embargo, «la historia deja claro que el récord de corrupción administrativa lo ostentan los países que implantaron el socialismo real y las autocracias que le han sucedido».

Defiende que «cuanto más extensos y numerosos sean los poderes discrecionales de la Administración, mayor campo a la posibilidad de corromperse». Y señala que en el caso de España, lo que se está conociendo en estos momentos ocurrió «precisamente cuando una situación excepcional –la pandemia– motivó la suspensión de los procedimientos ordinarios de contratación pública y nos aproximó a un esquema de economía de guerra, el modelo ideal de toda planificación socialista». Así, advierte la fundación de Aznar de que «las oportunidades de corrupción crecen con el nivel de estatismo».

FAES, que subraya que en el caso del soborno público, el perjudicado «no es un individuo o una empresa, es la sociedad entera», es decir, «todos somos robados», rebate a aquellos que sostienen que puesto que cada vez el sector público es mayor, como lo son las áreas en las que interviene el Estado, y por lo tanto esto aumenta las posibilidades de malversar, «esa generalización disminuye la culpabilidad de quien incurre en tales práctica». Considera que esto es un «tópico legitimador insostenible» y que, por el contrario, cuantas más posibilidades haya de corromperse, más exigencia debería haber.

«La malversación no es un apéndice de la Hacienda, es su degeneración en compraventa de prestaciones gubernativas. Si la excesiva presión fiscal crea el dinero negro, una administración corrupta origina en la economía un mercado negro no por escasez, sino por ocultación e indefinición», remarca la fundación en su editorial, que indica que «malversar caudales públicos significa que parte de los créditos oficialmente destinados a la inversión pública son, en realidad, gastos ocultos de personal –sobrinas incluidas–», en alusión a las personas colocadas, por ejemplo, por el exministro Ábalos en empresas públicas dependientes en este caso de su ministerio.

FAES recalca que contra la corrupción hay que luchar como «contra las epidemias», aunque la diferencia está en que ese delito contra la administración pública se puede erradir «mediante el ejemplo, la eficaz inspección y la sanción rotunda».