El PSOE se agarra a la declaración judicial de Zapatero con más necesidad que convicción

Los socialistas descuentan las horas que quedan hasta que José Luis Rodríguez Zapatero declare ante el juez José Luis Calama, el martes 2 de junio. Es el clavo ardiendo al que siguen aferrándose en el Gobierno y en el PSOE con más necesidad que convicción; para que el caso Plus Ultra no siga descontrolado políticamente, con el enorme desgaste que está provocando a Pedro Sánchez. Como si la palabra del expresidente fuera a hacer desaparecer todos los indicios contenidos en el auto de imputación y en el sumario.

Entre los socios del Ejecutivo no hay tanta contemporización: después de que Aitor Esteban pidiera el domingo a Pedro Sánchez que convoque elecciones este año, Coalición Canaria hizo lo propio este lunes. «El árbitro pitó la hora. Toca que los ciudadanos opinen y elijan un nuevo Gobierno», señaló su diputada nacional, Cristina Valido. Y también el expresidente Felipe González se sumó a esa demanda, y apostó por «un liderazgo no mercenario».

Este lunes Zapatero habló por persona interpuesta, en la voz de quien fuera uno de sus asesores de confianza en la Moncloa, Luis Arroyo, hoy colaborador de TVE. Allí, Arroyo contó que el imputado tiene «ganas de defender su reputación y su verdad» y que está convencido de que van a por él por el «contexto político». Y porque la derecha no le perdona su papel clave en la campaña de las elecciones generales de 2023.

Pero la teoría de la cacería política no explica por qué guardaba una caja fuerte en su despacho de la calle Ferraz con relojes, brazaletes, anillos, pendientes, pulseras y otras joyas que su abogado se negó a abrir el día del registro; hasta que los agentes de la UDEF le dijeron que en ese caso reventarían la cerradura y cambió de idea. Ni explica los más de cuatro millones de euros que Zapatero y sus hijas cobraron de las empresas investigadas.

Es más. Su decisión de confiar su defensa a una eminencia en Derecho Procesal, el abogado y catedrático Víctor Moreno, apunta a que el expresidente pedirá la nulidad de parte de los indicios en su contra. Especialmente en lo referido al material que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extrajo de un teléfono móvil incautado a Rodolfo Reyes Rojas y después puesto a disposición de la Policía Nacional. Reyes Rojas era uno de los principales accionistas de Plus Ultra, y su domicilio en Madrid fue registrado hace unos meses. Las garantías judiciales en Estados Unidos y España no son las mismas, y todo lo aportado a la causa debe ser compatible con el sistema español.

Que la estrategia del expresidente pase por anular parte del sumario tiene un evidente beneficio para su defensa judicial si lo consigue, pero políticamente no despejaría ninguna duda sobre su inocencia. Al contrario, provocaría más. A esa incógnita se suma otra: qué hará el juez con Zapatero tras el interrogatorio del día 2. No es muy probable que lo envíe a prisión provisional, pero sí puede retirarle el pasaporte diplomático por riesgo de fuga, como han pedido algunas acusaciones particulares.

Este lunes, Pedro Sánchez trató de esquivar a la prensa en su único acto público antes de viajar al Vaticano para reunirse el miércoles con el Papa León XIV. Fue en el marco de la presentación de la propuesta del Plan Social para el Clima. Los periodistas lograron preguntarle al menos si está tranquilo y el presidente contestó con un escueto «por supuesto». Desde su Ejecutivo trasladaron que los informes de la UDEF están cogidos «con alfileres».

Sánchez solo ha hablado una vez desde la imputación de Zapatero, la del pasado miércoles en el Congreso, cuando por dos veces mostró todo su apoyo a su antecesor. Y confía en no tener que hacerlo más hasta después de la declaración judicial de este. Así que la papeleta les seguirá tocando a sus subalternos. Empezando por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que este martes protagonizará en la Moncloa otra de esas ruedas de prensa a la defensiva. Y siguiendo por Patxi López, que hará lo propio desde el Congreso.

Por la tarde hay prevista sesión de control en el Senado, donde encabezará la delegación gubernamental el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que con Calama ha estado mucho más prudente que con Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña.

La oposición centrará buena parte de sus preguntas en el rescate de Plus Ultra, que conecta a la trama con el Gobierno de Sánchez. Y que explica, sentimentalismos al margen, por qué el presidente ha dado orden de cerrar filas con Zapatero: el rescate de 53 millones de euros fue aprobado por su Consejo de Ministros.

El PP ha intentado estos días que la Comisión Europea levante las alfombras de aquel préstamo del Ejecutivo a la aerolínea venezolana. Sin embargo, el gobierno comunitario aduce que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas del Gobierno de Sánchez, del que salieron esos 53 millones de euros, no se creó con cargo a los presupuestos de la UE, sino a los de España. Y que, por tanto, no ha lugar a una investigación de Bruselas.

En el Ejecutivo están tranquilos en ese sentido. Ni siquiera nadie, ni del PSOE ni de Sumar, ha mencionado la posibilidad de auditar ahora aquel rescate, que en la Moncloa se empeñan en decir que validaron el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE. El Tribunal de Cuentas se limita a analizar la información que le pasan las fuentes oficiales. Y la Comisión Europea y el TJUE validaron el fondo de rescate en sí, no el rescate concreto de Plus Ultra.