El hermano de Sánchez, a juicio: se enfrenta a 6 años de cárcel por el enchufe en la Diputación de Badajoz

Hoy comienza en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio del 'caso Hermanísimo', la causa de corrupción que destapó El Debate, que sienta en el banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su enchufe en la Diputación pacense. El músico está acusado de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la plaza de alta dirección que obtuvo en la institución provincial y se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión. El juicio se prolongará durante varios días y contará con la declaración de 34 testigos y ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la investigación ordenada por la magistrada Beatriz Biedma.

Aunque David Sánchez tendrá que acudir desde esta misma mañana a la Audiencia, no será hasta la última fase del juicio cuando preste declaración ante el tribunal. La estrategia de las defensas ha provocado que los acusados intervengan después de escuchar previamente a testigos y agentes de la Guardia Civil. La causa investiga la manera en la que la Diputación de Badajoz creó en 2017 una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que, según sostiene la juez instructora, fue diseñada específicamente para el hermano del presidente. El auto de procesamiento firmado por Beatriz Biedma concluye que David Sánchez conocía previamente que el puesto «se había creado para él» y que participó en el proceso selectivo «para simular la legalidad formal del procedimiento».

La investigación judicial considera además que la plaza fue impulsada desde el entorno político de la Diputación cuando David Sánchez «carecía de trabajo estable». Según la magistrada, distintos cargos provinciales intervinieron para construir una estructura que permitiera justificar formalmente la contratación del músico. La causa también analiza las posteriores modificaciones del puesto de trabajo, que terminó transformándose en una jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, así como la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y antiguo asesor del Ministerio de Presidencia. La jueza sospecha que el hermano del presidente también influyó en la incorporación de Carrero a la Diputación para convertirlo en su colaborador más cercano dentro de la institución.

Otro de los elementos más delicados del procedimiento afecta al desempeño efectivo del puesto de trabajo. La investigación judicial y los informes incorporados a la causa sostienen que David Sánchez apenas acudía físicamente a su despacho en Badajoz pese a percibir un elevado sueldo público como alto cargo de la Diputación. Durante la instrucción llegó incluso a no saber concretar ante la juez dónde se encontraba exactamente su despacho dentro del edificio provincial. Además, durante las pesquisas también quedó acreditado que no existía un sistema de control horario sobre su actividad profesional.

Entre los testigos más relevantes que declararán durante el juicio se encuentra Evaristo Valentí, exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, quien ya manifestó en 2017 su oposición a la creación de la plaza adjudicada posteriormente al hermano del presidente del Gobierno. También comparecerán María del Rosario Mayoral, actual directora del Conservatorio Superior; Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional; Nerses Avakimyam, profesor de violín y uno de los candidatos que aspiró al puesto; y José Luis Albarrán, técnico del área de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz.

En el banquillo se sentarán además once procesados vinculados al funcionamiento de la institución provincial. Junto a David Sánchez comparecerá Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSOE extremeño, considerado una de las figuras clave de toda la operación administrativa investigada por la Justicia. También están acusados los ex diputados de Cultura Francisco Martos y Cristina Núñez; el actual diputado Ricardo Cabezas; la ex directora del Área de Cultura Elisa Moriano; así como varios trabajadores provinciales vinculados al procedimiento. Todos ellos deberán responder por las decisiones adoptadas durante la creación y evolución del puesto ocupado por el hermano del presidente del Gobierno.

El juicio contará además con la participación de siete acusaciones populares, entre ellas Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, PP, Liberum, Iustitia Europa y Fundación Abogados Cristianos. La última fase de las declaraciones estará protagonizada por los ocho agentes de la UCO que dirigieron las investigaciones y analizaron más de 56.000 correos electrónicos relacionados con el procedimiento de contratación. Sus conclusiones resultaron determinantes para que la juez Beatriz Biedma decidiera abrir juicio oral contra David Sánchez y el resto de acusados.