Sánchez pospone casi un mes las explicaciones al país y las dará en un Pleno con truco

La Moncloa anunció este jueves por la tarde que el presidente ha solicitado comparecer a petición propia en el Congreso para «informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas», después de que horas antes pidiera el voto telemático en el Pleno para no tener que personarse en la Cámara Baja.

Parecería que Pedro Sánchez ha decidido dar la cara como responsable del Ejecutivo y del PSOE, mientras los socialistas se debaten entre el shock y la teoría del complot para acabar con el Ejecutivo. Sin embargo, el truco venía después. En ese mismo mensaje enviado a la prensa, la Secretaría de Estado de Comunicación añadía: «Así como de la última reunión del Consejo Europeo», en alusión a la que se celebrará los días 18 y 19 de junio.

La costumbre parlamentaria es que el presidente del Gobierno, este y los anteriores, comparezcan después de cada reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se celebran al menos una vez por trimestre (en marzo, junio, octubre y diciembre). No están obligados por ley, pero es una norma no escrita que se ha respetado siempre, también Sánchez. Normalmente, la comparecencia la solicita el presidente y la fecha la elige Moncloa en la práctica, aunque en teoría lo haga la Mesa del Congreso.

El presidente consigue un dos por uno con esta maniobra de adosar a esa comparecencia sobre política europea la actualidad nacional. Por un lado, que parezca que recupera la iniciativa política al final de una semana que empezó con el demoledor sumario del caso Plus Ultra y las joyas halladas en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y siguió con un registro de 12 horas de la UCO en Ferraz y la imputación de la actual gerente del partido, Ana María Fuentes.

Por el otro, vinculando esa comparecencia sobre corrupción al próximo Consejo Europeo logra aplazar las explicaciones un mes. Porque la comparecencia aún no tiene fecha, pero en ningún caso será antes del miércoles 24 de junio. Cabe recordar que, el miércoles, el auto del juez Santiago Pedraz y los registros pillaron a Sánchez en el Vaticano, puesto que tenía una reunión con el Papa León XIV antes de la inminente visita del Pontífice a España. Allí, el presidente no tuvo más remedio que comparecer ante los periodistas, porque la rueda de prensa estaba prevista de antemano. Y no le salió bien: empezó con más de media hora de retraso, titubeó durante todas las respuestas e incluso se enteró estando en directo de la imputación de su gerente. Llegó a sostener que no convoca elecciones ahora porque la Constitución estipula que las legislaturas duran cuatro años y porque no puede adelantarlas por «interés partidista», como si él fuera el beneficiado.

ERC, Podemos, el BNG y Compromís ya se habían adelantado y registrado sus propias solicitudes de comparecencia dirigidas al presidente. Pero ninguno de ellos tiene representación en la Mesa del Congreso, ya no digamos mayoría, así que no iban a ir a ninguna parte. Pero Sumar había amagado con registrar una solicitud que el PP habría apoyado con los ojos cerrados (el PSOE, el PP y Sumar son los tres únicos partidos con representación en la Mesa). Dicho de otra manera, si Sánchez no se hubiera adelantado, lo habrían llevado a rastras.

En junio del año pasado, cuando estalló el caso Cerdán, Sánchez intentó algo parecido. Pidió comparecer el 9 de julio, hasta que el escándalo estuviera amortiguado, y hacerlo en un Pleno con un orden del día de lo más variopinto: corrupción, la cumbre de la OTAN, el Consejo Europeo y la conferencia internacional que la ONU iba a celebrar en Sevilla a primeros de julio. Sus socios se enfadaron tanto por el «popurrí» que al final hubo dos plenos consecutivos, uno sobre el caso Cerdán y otro sobre política internacional.

En el de la corrupción anunció un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que el Gobierno aprobó a la vuelta de las vacaciones. La mayoría de las 15 medidas en él contenidas no han pasado del papel -que lo aguanta todo- caso 11 meses después. Como el compromiso de obligar a los partidos y sus fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros a someterse a auditorías externas e independientes. O como la reducción del umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 euros a 2.500 euros.