Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales condenan la «estrategia orquestada» del Gobierno para «atentar» contra su independencia

Desde que, el pasado miércoles 27 de mayo de 2026, se hiciese pública la investigación de una supuesta trama dirigida desde el PSOE, las 'cloacas', con epicentro en Moncloa y Ferraz, para deslegitimar a miembros del Poder Judicial y, con ello, frenar los procesos que afectan a dicho partido en el Gobierno, entre ellos la instrucción que dirige el magistrado Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, se han recrudecido los ataques socialistas al Poder Judicial.

Un escenario que ha provocado, no sólo una enérgica protesta de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una nota institucional que se ha hecho pública este martes sino, además, la reacción mayoritaria de la Carrera Fiscal y de la Magistratura, a través de una nota conjunta de las tres principales asociaciones de jueces y las dos de fiscales, de nuestro país, para «afirmar una vez más que el poder judicial actúa con plena independencia, y sometido únicamente al imperio de la ley. Todo intento de deslegitimar su función constituye un ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes».

Y, todo ello, desde la defensa «a ultranza al derecho a la presunción de inocencia de las personas que estén siendo investigadas en una instrucción que, a día de hoy, se mantiene parcialmente secreta», bajo la tutela del juez Pedraz.

«Sin embargo», prosigue el texto, «con las informaciones difundidas hasta la fecha, causa una profunda inquietud la posibilidad de que las supuestas estrategias de deslegitimación hayan afectado no sólo a una compañera concreta [la juez Beatriz Biedma, responsable del caso que ha sentado en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez] sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura».

En relación con esto último, APM, AF, AJFV, FJI y APIF han recordado cómo «desde el 31 de mayo de 2026 se vienen publicando en medios de comunicación informaciones sobre actuaciones cometidas en el ámbito de esa trama, consistentes en investigaciones secretas» a Biedma, actual titular del Tribunal de Instancia de Badajoz, Sección de Instrucción, Plaza número 3, «que incluirían espionajes a su persona, familia y entorno, con el fin de hostigarla y desacreditarla». Una dinámica que ya condenaron, ahora hace un año, el 6 de junio de 2025, en otro pronunciamiento de apoyo a dicha magistrada, «ante las informaciones que ya entonces se estaban difundiendo sobre presiones a su persona», pese a que eran menos graves.

«En los últimos años han sido frecuentes los ataques desde la política a miembros del poder judicial, sin más fundamento que el de discrepar del contenido de las resoluciones dictadas», denuncian jueces y fiscales.

Un escenario ante el cual las asociaciones profesionales «hemos alertado en múltiples ocasiones del riesgo que ello comporta» para el «deterioro del Estado de Derecho». No obstante, «lo publicado estos días va mucho más allá, en la medida en que apuntaría a una estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial», denuncian. Y, en ese sentido, aseguran que «resulta insuficiente la Declaración emitida hoy por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».

«Por eso, y con todas las reservas antedichas, causa especial desazón la falta de contundencia de nuestro órgano de gobierno y el silencio del CGPJ ante estas informaciones, por eso esperábamos que en este caso el CGPJ hubiera estado a la altura en su labor constitucional de defensor y garante de la independencia judicial», añaden en su nota.

«Lamentamos asimismo la ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, ignorando su deber legal de defender la independencia judicial. Reiteramos nuestro apoyo a las personas afectadas y a sus familias», reza el penúltimo párrafo del texto.

Y, por ello, todas «las asociaciones firmantes» anuncian que se «mantendrán expectantes ante lo que resulte de las diligencias que se están instruyendo, y adoptarán las medidas que estimen oportunas en el ámbito estatal y europeo, en interés no sólo de los jueces, juezas, magistrados o magistradas directamente concernidos, sino en el de todos los miembros de la carrera judicial, cuya tranquilidad en el desarrollo de su trabajo no ha de verse perturbada, y debe preservarse como postulado básico de su independencia».