El Gobierno de Murcia tramita un recurso ante el Supremo contra el decreto para la regularización de inmigrantes

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha acordado la tramitación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 316/ 2026, de 14 de abril, que introduce un procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes, según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo de Fernando López Miras, Marisa López Aragón.

El Gobierno regional considera que se trata de «una disposición de carácter general que atenta contra los intereses generales de la Comunidad, por cuanto incide en su ámbito competencial, y en concreto, en materia de asistencia social e integración de estas personas».

Aluden también a una «vulneración del principio de autonomía financiera», ya que «ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conlleva un incremento del número de personas potencialmente destinatarias de prestaciones, cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma, sin que se haya previsto un incremento de financiación que permita cubrir ese aumento del gasto».

El Ejecutivo de López Miras considera asimismo que el Real Decreto «vulnera el principio de lealtad institucional y que va en contra de la Directiva de la Unión Europea que reserva la regularización a supuestos excepcionales debidamente motivados y limitados».

Otro motivo que esgrime el Gobierno murciano es que su aplicación «puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral y para las empresas de la Región, especialmente en los casos vinculados a autorizaciones de residencia por arraigo».

En concreto, consideran que la normativa «no garantiza mecanismos claros de información a los empleadores afectados y podría derivar en sanciones o responsabilidades para empresas que contrataron o actuaron conforme a la legalidad y de buena fe».