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Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo

Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, en una imagen de archivoEuropa Press

El Debate accede al sumario de las 'cloacas'

El DAO de la Guardia Civil ordenó ponerse de perfil en los asuntos con «afectación política» como el del hermano de Sánchez

El atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto armado recoge el contenido de una reunión mantenida por el máximo responsable orgánico con el Jefe de la Policía Judicial sobre la causa contra el hermano de Pedro Sánchez

La parte del sumario de las 'cloacas' socialistas sobre la que el juez Santiago Pedraz ha levantado el secreto de sumario, el pasado lunes, ha dejado al descubierto la tensión que se produjo en el seno de la Guardia Civil, entre los mandos del Instituto Armado y los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) que actúan como investigadores en algunas de las causas como mayor «afectación política» para el Gobierno de Pedro Sánchez y su núcleo familiar más cercano.

De tal suerte que ha quedado acreditado, a través de uno de los testimonios recabados por la UCO, en la entrada y registro de la Dirección General del Cuerpo, cómo en el curso de una reunión mantenida entre el entonces director general de la Benemérita Leonardo Marcos y el Jefe de la Policía Judicial, el primero le afeó al segundo «que el oficio de solicitud efectuado» por la unidad, en relación con algunas pesquisas relacionadas con la causa del hermano de Sánchez -ahora mismo sentado en el banquillo de los acusados ante la Audiencia Provincial de Badajoz- era «totalmente prospectivo y malintencionado».

Tal y como recogen los documentos incorporados en el expediente de la causa que se ha conocido, este miércoles por las partes, y al que ha tenido acceso El Debate, el DAO aseguró a varios interlocutores -entre los que se encontraba uno de los agentes a los que se tomó declaración, por orden del magistrado Pedraz- que la «credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos», con motivo de las actuaciones más sensibles que salpicaban de corrupción al Ejecutivo.

Hasta el punto de que, en una reunión mantenida el 12 de julio de 2024 se mostró «enfadado y contrariado» respecto del informe emitido por la Unidad Central «relacionado con la investigación entre cuyos encausados se encontraba el hermano del presidente del Gobierno», David Sánchez Pérez-Castejón, de nombre artístico David Azagra.

Según obra en los informes aportados al juez Pedraz, «por parte del DAO se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo». Bajo la indicación expresa de que «nos pusiéramos de perfil», relataron los agentes preguntados a sus propios compañeros, durante el registro judicial. De hecho, en el caso concreto del hermano pequeño del presidente del Gobierno, el DAO apuntó a que debía ser «la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa», en relación con las diligencias abiertas, por dicho motivo, en el juzgado de instrucción e instancia número 3 de Badajoz.

El mando policial llegó, incluso, a amenazar a los agentes de la UCO asignados a dicha causa indicándoles que debían dejar «limpio» el informe sobre el menor de los Sánchez: o «ponéis que no había nada» en los correos de David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, u os quedáis sin vacaciones.

Las manifestaciones de los mandos, en ambos casos, se encontraron con la oposición de los interpelados que, con posterioridad, conocerían de la apertura de varios expedientes internos contra ellos, bajo el pretexto de localizar si alguno de ellos mismo había proporcionado información sensible de su trabajo a la prensa, tal y como apuntaron los miembros de las 'cloacas' socialistas a la directora general Mercedes González, con la finalidad de desacreditar su trabajo y el resultado de sus pesquisas en ése y otros procesos abiertos.

El «control» de Leire Díez

Hasta tal punto maniobraron las 'cloacas' contra la Guardia Civil que la 'fontanera' Leire Díez presumió, ante terceros, de tener control sobre la máxima representante política del cuerpo, Mercedes González, para ejecutar una «purga» de «elementos subversivos» en la Institución.

No sería el único caso en el que desde la Dirección General de la GC -registrada por la UCO la semana pasada, en el marco de las diligencias aprobadas por el magistrado instructor Santiago Pedraz- tratasen de controlar los tiempos y los procesos de los investigadores ligados a las causas de corrupción política que salpican negativamente al PSOE y a la Moncloa.

De hecho, en el sumario aparece acreditado cómo el 5 de septiembre, «tuvo entrada en la UCO un oficio dimanante del general jefe del Estado Mayor en el que se solicitaba la remisión de un organigrama de la unidad» en el que se hiciese constar «aquella parte de la estructura de la misma que tenga relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno, identificando nominativamente a sus integrantes» con mención expresa de cada puesto como «oficial» del Instituto armado. Una petición que, a juicio de los investigadores, podría tener como objetivo facilitar la adopción de represalias profesionales.

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