Así invierten las comunidades en la lucha contra los incendios: Madrid, entre las que más presupuesto proporcional destina

El incendio que desde hace días arrasa Ávila, Madrid y Toledo ya ha entrado en la historia por la peor de las razones. Con unas 50.000 hectáreas calcinadas, según el Ministerio para la Transición Ecológica, se ha convertido en el mayor fuego registrado en España desde que existen datos oficiales. La campaña de este año, además, deja ya 153.000 hectáreas arrasadas –seis veces más que a estas alturas de 2025– y un total de 32 grandes incendios forestales.

Mientras cientos de efectivos continúan trabajando sobre el terreno para contener las distintas cabezas activas –especialmente en el entorno del pantano de San Juan, donde se concentran ahora los mayores esfuerzos–, la magnitud de la emergencia ha vuelto a abrir un debate que suele resurgir cada verano, que es cuánto invierte realmente cada comunidad autónoma en prevenir y combatir los incendios forestales.

Desde el traspaso de las competencias a las autonomías, cada territorio organiza su propio dispositivo de prevención y extinción, lo que explica que existan diferencias importantes tanto en la estructura de los operativos como en el dinero destinado a ellos, aunque las comparaciones no siempre sean sencillas porque cada administración incluye partidas distintas dentro de sus presupuestos. Además, buena parte de estos presupuestos no se emplea cuando ya hay llamas, sino mucho antes, y es que la mayor parte de los dispositivos autonómicos dedican una parte importante de sus recursos a trabajos de prevención durante todo el año, como la apertura y mantenimiento de cortafuegos, limpieza del monte, quemas prescritas, vigilancia forestal o tratamientos selvícolas destinados a reducir la carga de combustible. Son actuaciones mucho menos visibles que los hidroaviones o los grandes despliegues de la UME, pero que los especialistas consideran decisivas para evitar que un incendio alcance dimensiones como las que se están viendo estos días en el centro peninsular.

Pese a todo, centrándonos en los datos, en términos absolutos es Andalucía quien continúa siendo la comunidad que más recursos moviliza. El dispositivo INFOCA dispone este año de cerca de 300 millones de euros, seguida por Galicia, cuyo Plan PLADIGA ronda los 190 millones, Castilla-La Mancha, con 126 millones, y Asturias, que este año ha aprobado el mayor presupuesto de su historia para la prevención y extinción de incendios, con 78 millones de euros. En el extremo opuesto aparecen Cantabria, con 26,3 millones de euros; Murcia, con una inversión anual próxima a los 28 millones; y La Rioja, que supera ligeramente los 20 millones. Son cifras muy alejadas de las de Andalucía o Galicia, aunque responden también a una menor extensión forestal y a dispositivos adaptados a una realidad territorial distinta.

La Comunidad de Madrid, por su parte, figura entre las autonomías que realizan un mayor esfuerzo económico en proporción a su territorio. El Gobierno regional ha destinado este año 52,7 millones de euros al Plan INFOMA, un 35 % más que en la campaña anterior, con un dispositivo formado por más de 6.100 profesionales y voluntarios, además de decenas de medios terrestres y aéreos. Aunque la cifra es inferior a la de otras comunidades con una superficie forestal mucho mayor, el Ejecutivo madrileño sostiene que Madrid figura entre las regiones europeas con mayor inversión por hectárea forestal, al concentrar un importante esfuerzo económico sobre un territorio relativamente reducido.

Y es que, aunque Madrid invierte menos en términos absolutos, el coste de proteger su masa forestal presenta características muy diferentes, debido a que gran parte de las zonas de alto riesgo se encuentran junto a urbanizaciones, municipios muy poblados o infraestructuras estratégicas, lo que obliga a mantener un elevado número de retenes permanentes y una capacidad de respuesta especialmente rápida. No es casualidad que el Gobierno regional sostenga que se trata de una de las regiones europeas con mayor inversión por hectárea forestal.

Unos datos que desmontan las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, que llegó a reprochar a los gobiernos autonómicos del PP que «reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta», después de que la Comunidad de Madrid solicitara la declaración de emergencia de interés nacional. En la misma línea, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pidió al Ejecutivo autonómico que justificara esa petición y explicara por qué entendía que la situación superaba su capacidad operativa, precisamente cuando el incendio está batiendo récords de destrucción y obligando a miles y miles de personas a salir de sus casas.