El Gobierno incumple desde 2024 la ley que le obliga a aprobar la estrategia anticorrupción que exige el PP

La corrupción que afecta de forma frontal al Gobierno de Pedro Sánchez se ha acrecentado en las últimas dos semanas. En este tiempo, la Guardia Civil ha entrado en la sede socialista de Ferraz, se ha conocido la investigación judicial que revela una estrategia del PSOE para crear unas cloacas que tenían como objetivo desacreditar a jueces y fiscales, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en la Audiencia Nacional por, presuntamente, liderar una trama criminal.

En este contexto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) «relativa a la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Corrupción, al refuerzo integral del sistema de integridad pública y a la ejecución real de los compromisos de Gobierno Abierto».

La iniciativa pone de manifiesto que «España ha mostrado una evolución preocupante en los indicadores internacionales que evalúan el control de la corrupción, la fortaleza de los mecanismos de supervisión, la independencia de los órganos de control, la prevención del nepotismo en el acceso a la función pública, la transparencia en la contratación pública y la eficacia en la protección de denunciantes».

Igualmente, indica que «La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supuso un avance relevante en la configuración del sistema preventivo».

«No obstante, dicha norma incorporó en su Disposición adicional quinta un mandato expreso: el Gobierno debía aprobar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una Estrategia contra la corrupción en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la ley. Ese plazo ha sido ampliamente superado sin que se haya aprobado una Estrategia Nacional Anticorrupción conforme a los estándares exigibles», agrega.

De hecho, dicha normativa entró en vigor a mediados del mes de marzo de 2023, así que el plazo expiró en septiembre de 2024. Por ende, para el PP, «el incumplimiento de un mandato legal en materia de integridad pública no puede considerarse como una simple demora temporal», sino que «supone la ausencia intencionada de la pieza que debía articular de forma sistemática el conjunto de medidas para luchar contra la corrupción».

Los 'populares' subrayan que «persistir en la aprobación de medidas parciales sin cumplir previamente con la obligación legal de articular una Estrategia Nacional Anticorrupción integral debilita la coherencia del sistema».

Así las cosas, el escrito parlamentario de la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo recoge que «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno» a «aprobar la Estrategia Nacional contra la Corrupción prevista en la Disposición adicional quinta de la Ley 2/2023, cuyo plazo legal de dieciocho meses para su adopción ya ha sido incumplido, garantizando su carácter integral, coordinado y dotado de recursos suficientes», y a «incorporar en dicha Estrategia un diagnóstico exhaustivo de riesgos sistémicos de corrupción y un plan de acción estructurado que abarque conflictos de interés».

«Reforzar y garantizar la independencia funcional, la autonomía presupuestaria y la capacidad sancionadora de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de la Oficina de Conflictos de Intereses y de los órganos de fiscalización, garantizando medios humanos y materiales suficientes para el ejercicio real de sus competencias. Establecer un sistema anual de seguimiento y evaluación pública de la Estrategia Nacional contra la Corrupción y de los compromisos asumidos en los Planes de Gobierno Abierto, con remisión de informe detallado al Congreso de los Diputados y comparecencia del Gobierno para rendir cuentas», pide también el PP.