Marlaska puso escolta policial a Leire Díez cuando la UCO ya la investigaba por la cloaca pagada por el PSOE

El equipo de Pedro Sánchez fundó la llamada cloaca del PSOE en una reunión en la que participaron sus más estrechos colaboradores en Ferraz y en La Moncloa. Además, la financió con un sistema de facturas pagadas por la gerente de la formación a través de empresas pantalla. Y, por si todo esto recogido en el demoledor auto del juez Pedraz fuera poco, El Debate revela hoy que el Ministerio del Interior puso escolta a Leire Díez, a la que decían no conocer, cuando ya estaba siendo investigada por la Policía Judicial.

El Gobierno siempre ha intentado ocultar su relación con Leire Díez. Lo ha hecho incluso negando en documentos oficiales publicados por El Debate la existencia de reuniones entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la ‘fontanera’ socialista, miembro de una «presunta organización criminal» que tendría como misión principal «la defensa del Gobierno y su partido político, el PSOE, siendo instrumentalizado este último con la ejecución de todas sus acciones, que consistirían principalmente en intentar atacar la integridad de todos los procedimientos judiciales con afectación al entorno del Gobierno, mediando actos de aparente naturaleza delictiva», según el atestado de los agentes al que ha tenido acceso este periódico.

La UCO comenzó a investigar a esta trama en 2021 y prolongó sus pesquisas hasta 2025, aunque señala que «la acción delictiva» que se analiza en el informe se enmarca «ya en el mes de abril de 2024, como continuación de las acciones que el grupo criminal ya habría efectuado» y justo cuando Sánchez se tomó su periodo de reflexión ante las causas que acorralaban a su entorno más cercano.

De hecho, los investigadores aseguran haber constatado al menos tres reuniones entre Díez y la directora general, con la que Díez aseguraba tener una relación de «confianza» incluso previa a su nombramiento. En concreto, enmarcan estas reuniones los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025, en las inmediaciones de la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, y sostienen que existen indicios de que la exmilitante socialista le habría trasladado determinada información «obtenida en el marco de la actividad aparentemente delictiva que venía desarrollando».

De esta forma, y una vez que González se ha visto acorralada por el informe de los agentes, no le ha quedado más remedio que reconocer unos encuentros que había negado previamente. En un comunicado enviado a los medios en la noche del jueves 4 de junio, ha asegurado que, siendo directora de la Guardia Civil, se vio con la exmilitante socialista en varias ocasiones y que, en una de ellas, esta última le pidió la restitución del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del caso Koldo. Según González, lo «rechazó de plano». Además, también reconoce otros encuentros en los que «no se habló de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo».

Interior desmintió por escrito hasta en dos ocasiones que la directora general de la guardia civil se reuniera con la ‘fontanera’

Sin embargo, esta confesión choca frontalmente con lo que aseguraba a El Debate el jefe de Gabinete de la directora general de la Guardia Civil, el General David Blanes González, al señalar que «no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo reunión alguna», ni tampoco de la existencia de documentación en la que se reflejen las informaciones «relativas a la UCO solicitadas a la Guardia Civil» por la ya exmilitante socialista.

Asimismo, otro alto Cargo del Ministro Marlaska, su director de Gabinete Lorenzo Martínez Ruiz, también negaba la mayor, y aseguraba que no le constaba la existencia de documentación acerca de las reuniones entre la directora del Instituto Armado y Leire Díez, ni tampoco de la existencia de una supuesta ‘UCO patriótica’.

Además, reconocía que Marlaska se había puesto de perfil en este asunto y no había dado ninguna orden o instrucción con el fin de conocer de primera mano si han existido «reuniones con Leire Díez y los asuntos tratados», pese a las múltiples informaciones aparecidas en la prensa que ya informaban de la gravedad de un asunto que amenaza con dinamitar los cimientos del PSOE, mientras le ponía escolta policial que declaraba secreto de Estado.

De hecho, el propio ministro del Interior sigue enrocado en su posición y ha mantenido este viernes su respaldo a Mercedes González, asegurando que no mintieron sobre las reuniones con la exmilitante del PSOE porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, ha dicho, «a todos nos repugna».

Según Marlaska, visiblemente nervioso en su comparecencia ante los medios, González no accedió a la pretensión de Leire Díez de restituir en su puesto al comandante Rubén Villalba, que fue detenido al estallar el 'caso Koldo', y con el que la llamada 'fontanera' del PSOE se reunió para tratar de desestabilizar causas judiciales. Además, el ministro del Interior ha negado presiones a la UCO y ha pedido dejar trabajar al juez, que es «quien tiene que hacer las inferencias», y los demás «no hacer ninguna valoración».

Leire Díez solicitó protección policial después de que el empresario Víctor de Aldama irrumpiese en su rueda de prensa y tras denunciar haber recibido centenares de amenazas a través de mensajes de WhatsApp, pero el Ministerio del Interior se negó a informar acerca del alcance de dicha protección por considerarlo un ‘secreto oficial de Estado’, pese a que por aquellos entonces la exmilitante socialista ya estaba siendo investigada por la UCO.

De hecho, el departamento dirigido por Marlaska volvió a tirar de la ley franquista de secretos oficiales para echar tierra sobre el escándalo de la ‘fontanera’, al asegurar que la documentación que sirvió de soporte para conceder escolta o protección a Leire Díez y la tramitación del expediente posterior «se refiere a materias cuya gestión y eventual documentación se encuadra en el ámbito de los servicios de seguridad y protección de personas», por lo que tienen un acceso restringido, «en virtud de lo establecido en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, adoptados al amparo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, así como de sus ampliaciones de fechas 17 de marzo y 29 de julio de 1994».

Así, Interior dio carpetazo al asunto sin dar más detalles al respecto, pese al enfado manifestado por los miembros del cuerpo al conocerse que Interior le concedió protección. «Los policías deben estar en la calle, no escoltando políticos y 'fontaneros'», explicaron desde el sindicato policial Jupol, pues, a su juicio, supone un «uso abusivo e injustificado del sistema de escoltas policiales en España».

El papel de Sánchez en la trama: «'El one' le dijo a Santos que no me venga abajo»

En el atestado de la UCO al que ha accedido este periódico consta que Leire Díez se refería al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aludía al «one» en sus conversaciones. Según los agentes, «la referencia al 'one' se considera que solo podría estar efectuada al presidente del Gobierno y secretario general del partido», al ser la «única persona que por su posición» podría «ordenar algo» a Santos Cerdán, exsecretario de Organización el PSOE, a quien Díez se refería como «S», «Santi» o «jefe».

Además, añaden que «en varias ocasiones a lo largo del presente escrito se han aludido los motivos por los que las referencias efectuadas a 'S' se consideran efectuadas a Santos y, por otro lado, las efectuadas a 'el one', lo serían al Presidente del Gobierno que, en este caso y en palabras de Leire, le habría hecho llegar ante la aparición de esta noticia que estaba desarrollando 'un trabajo enorme y que no me venga abajo'», lo que demostraría la implicación directa de Sánchez en la trama.

Sin embargo, tal y como publicó este periódico, Moncloa intentó establecer un cortafuegos, negando cualquier relación entre ambos. En concreto, la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, a través de su directora jurídica Beatriz Rodríguez, aseguró el pasado mes de julio que «no obra en su poder ningún documento» que guarde relación con las posibles reuniones entre el jefe del Ejecutivo y la ‘fontanera’ socialista, ni de posibles encargos encomendados por el Gobierno a la exmilitante.

Esta respuesta, a la vista de las conclusiones de la UCO, no es más que otra estratagema de Moncloa para seguir protegiendo a un Sánchez cada vez más acorralado por la corrupción de su propio partido, al que habría utilizado para desactivar todas las causas judiciales que le rodean.