Sánchez y Marlaska conceden a la protección policial de Leire Díez la categoría de secreto de Estado

El PSOE no la conocía de nada, aunque tenía el álbum lleno de fotos con Pedro Sánchez, Begoña Gómez y todos los jerarcas del partido. Y lo sostuvo cuando trascendió, en audios elocuentes, que intentó montar operaciones para acabar con los responsables de las investigaciones de la UCO o buscar cómo desacreditar a la juez que instruye el caso del hermano del presidente, algo que le ha llevado a terminar investigada por la Justicia.

Pero hoy queda clara la conexión de Leire Díez con el propio Gobierno con un hecho impactante: Pedro Sánchez ha decidido proteger a la «fontanera» del PSOE, a través del Ministerio del Interior, bajo el epígrafe de «secreto de Estado» para no dar ninguna explicación de la protección con escoltas que le puso tras comparecer en público para hacerse pasar por periodista de investigación y ser desmontada en directo por Víctor de Aldama, considerado el «nexo corruptor» de toda la trama que acorrala a la Moncloa.

Si la visita del abogado Jacobo Teijelo a Santos Cerdán el mismo día en que la mano derecha de Sánchez en el PSOE entró en la cárcel demostró la vieja conexión entre los socialistas y la red que conforman ese letrado, el empresario Javier Pérez Dolset y la propia Leire Díez; otro dato atestigua la voluntad de auxiliar a la presunta cabecilla de las llamadas cloacas de Ferraz.

Y es que la protección policial de Díez, que saltó a la palestra mediática tras filtrarse unos audios en los que hablaba con empresarios con causas judiciales con la intención de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, a cambio de beneficios judiciales, acaban de convertirse en «secreto de Estado».

La llamada ‘fontanera del PSOE’ solicitó protección después de que el empresario Víctor de Aldama irrumpiese en su rueda de prensa y tras denunciar haber recibido centenares de amenazas a través de mensajes de WhatsApp, pero el Ministerio del Interior se ha negado a informar acerca del alcance de dicha protección por considerarlo un ‘secreto oficial de Estado’, tal y como consta en un escrito del 24 de junio, al que ha accedido en exclusiva El Debate.

En él, el director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez sentencia que la documentación que ha servido de soporte para conceder escolta o protección a Leire Díez y la tramitación del expediente posterior «se refiere a materias cuya gestión y eventual documentación se encuadra en el ámbito de los servicios de seguridad y protección de personas», por lo que tienen un acceso restringido, «en virtud de lo establecido en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, adoptados al amparo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, así como de sus ampliaciones de fechas 17 de marzo y 29 de julio de 1994».

De esta forma, Ministerio vuelve a tirar de ley franquista de secretos oficiales para echar tierra sobre el escándalo de la ‘fontanera’, al tiempo que añade que desvelar cualquier información al respecto, puede «afectar gravemente a la seguridad pública o a la protección de personas, sin que proceda efectuar consideraciones sobre casos concretos».

De hecho, aprovechando la misma excusa, tampoco han querido desvelar cuál es el protocolo que se sigue actualmente a la hora de conceder o no protección policial a los ciudadanos y que ha servido para que Leire Diez cuente con ello. De hecho, únicamente ha señalado que la prestación de servicios de protección de personas se encuentra prevista en la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad y que «dicha instrucción está sujeta a un régimen de acceso restringido».

Así, Interior da carpetazo al asunto sin dar más detalles al respecto, pese al enfado manifestado por los miembros del cuerpo al conocerse que Interior le concedió protección. «Los policías deben estar en la calle, no escoltando políticos y 'fontaneros'», explicaron desde el sindicato policial Jupol, pues, a su juicio, supone un «uso abusivo e injustificado del sistema de escoltas policiales en España», pues además, «no existe, según la propia información pública, ninguna orden de alejamiento» dirigida al empresario Víctor de Aldama, contra el que la fontanera del PSOE presentó una denuncia a raíz de que acudiera a la rueda de prensa que para tratar de justificar su petición de información contra la UCO.

Díez ha desaparecido del foco tras su insólita rueda de prensa de hace semanas en la que pretendió desligarse del PSOE y presentarse como periodista y autora de un libro de investigación, pese a que no constan ni trabajos publicados ni contrato editorial alguno, pero su huella ha permanecido con las visitas de sus abogados de confianza al exsecretario de Organización del PSOE nada más ser ingresado en prisión por orden del Tribunal Supremo.

Marlaska y las andanzas de Leire en la Guardia Civil

Por otra parte, tanto el Gabinete de Marlaska como la propia Guardia Civil han negado la existencia de pruebas documentales acerca de las reuniones entre la ‘fontanera’ y la directora de la Benemérita, Mercedes González, pese a las informaciones publicadas por El Debate, en las que se aseguraba que en noviembre de 2024, Díez acudió al despacho de González con el pretexto de trasladar información sobre supuestas irregularidades que afectarían al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO), aunque no aportó ninguna prueba ni acusación concreta contra el mando policial.

En concreto, el General de Brigada y jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, David Blanes González, señalaba, en un escrito de este 24 de junio al que ha accedido en exclusiva este periódico, que «no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo reunión alguna», ni tampoco de la existencia de documentación en la que se reflejen las informaciones «relativas a la UCO solicitadas a la Guardia Civil» por la ya exmilitante socialista.

Por su parte, el director de Gabinete del ministro Marlaska, Lorenzo Martínez Ruiz, también negaba la mayor, y aseguraba que no le consta la existencia de documentación acerca de las reuniones entre la directora del Instituto Armado y Leire Díez, ni tampoco de la existencia de una supuesta ‘UCO patriótica’.

Sin embargo, reconoce que Marlaska no ha dado ninguna orden o instrucción con el fin de conocer de primera mano si han existido «reuniones con Leire Díez y los asuntos tratados», pese a las múltiples informaciones aparecidas en la prensa y la gravedad del asunto.

Sánchez también se desentiende

Quien también se desentiende de Leire Díez es el propio Pedro Sánchez, pues la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, a través de su directora jurídica Beatriz Rodríguez, ha asegurado, en un escrito de este 1 de julio, que «no obra en su poder ningún documento» que guarde relación con las posibles reuniones entre el jefe del Ejecutivo y la ‘fontanera’ socialista, ni de posibles encargos encomendados por el Gobierno a la exmilitante.

Sin embargo, según los audios desvelados por El Español, Díez, el abogado Jacobo Teijelo, que acudió a Soto del Real a visitar a Santos Cerdán, y el empresario Pérez Dolset intentaron comprar al exdueño del Club Deportivo Badajoz, Antonio Parra, para atacar a la UCO, asegurándole que informaban a Sánchez.

Además, a esto hay que unir que el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz dictó el pasado mes de junio un auto por el que acordó incoar diligencias previas para investigar la actuación de Leire Díez, en la causa que se sigue por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, aunque posteriormente el magistrado dio traslado de la denuncia a los juzgados madrileños, por considerar que las actividades presuntamente delictivas no se cometieron en Badajoz.

La apertura de estas diligencias se produjo tras una querella que la organización Hazte Oír presentó el pasado 6 de junio contra Leire Díez y el exmagistrado José Luis Saénz de Tejada, en los juzgados de Badajoz por presuntos delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias.

En su querella, Hazte Oír Hazte Oír les acusaba de «intentar sabotear la causa» abierta contra el hermano de Pedro Sánchez en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, así como su «interés obsesivo» por apartar a la jueza Beatriz Biedma de esta causa.

En concreto, se refiere a unos audios publicados en Libertad Digital el pasado 4 de junio en los que se escuchaba a Sáenz de Tejada explicar a Díez que ya le había enviado la documentación de la denuncia que iba a presentar contra varios jueces de Badajoz, entre ellos la juez Biedma, con el objetivo de dinamitar el caso del hermano de Pedro Sánchez.

Además, a esta denuncia se suma otra interpuesta por Manos Limpias por el mismo motivo, que también ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 4 de Badajoz, que ya ha abierto diligencias previas, pues considera que Díez podría haber cometido delitos de descubrimiento y revelación de secretos y tráfico de influencias, al tiempo que ha ofrecido a la magistrada que investiga al hermano de Sánchez personarse como perjudicada en estas actuaciones.