La fiscal que pide absolver al hermano de Sánchez, cercana a García Ortiz, es de Menores y no tiene experiencia en corrupción

La fiscal Begoña García Boró, representante del Ministerio Público en el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido hasta el último momento su petición de absolución para todos los acusados. Una posición que ha chocado frontalmente con las acusaciones populares, que solicitan hasta seis años de prisión para el músico por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz.

El procedimiento, que ya ha quedado visto para sentencia, gira en torno a la creación y adjudicación de una plaza de alta dirección en la corporación provincial pacense, así como a las posteriores modificaciones del puesto y a la contratación de Luis Carrero, amigo personal del hermano del jefe del Ejecutivo. Mientras las acusaciones sostienen que la plaza fue diseñada específicamente para David Sánchez, la Fiscalía ha defendido durante todo el proceso que no existen pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados.

La posición de García Boró ha sido especialmente contundente durante la fase final del juicio. En sus conclusiones definitivas rechazó que hubiera quedado acreditada la existencia de tráfico de influencias o prevaricación y cuestionó los argumentos centrales de las acusaciones populares. Además, llegó a defender la actuación del Ministerio Público durante la instrucción y sostuvo que ninguna de las pruebas practicadas permitía sostener una condena.

Su intervención ha vuelto a situar el foco sobre una circunstancia que llamó la atención desde los primeros compases del procedimiento: el hecho de que una fiscal adscrita a la Sección de Menores terminara asumiendo una de las investigaciones de mayor repercusión política de los últimos años en Extremadura. Fuentes conocedoras del procedimiento consultadas por este periódico sostienen que la designación de García Boró generó sorpresa desde el inicio, especialmente por la complejidad técnica del asunto. La investigación afectaba a un alto cargo vinculado al entorno familiar del presidente del Gobierno y exigía analizar procedimientos administrativos, contratación pública, creación de puestos directivos y posibles delitos contra la administración pública.

Durante la fase de instrucción, la magistrada Beatriz Biedma impulsó numerosas diligencias y acabó procesando a David Sánchez y al resto de investigados. Sin embargo, la posición de la Fiscalía fue evolucionando hasta convertirse en uno de los principales apoyos jurídicos de las tesis defensivas. De hecho, el Ministerio Público solicitó el archivo de la causa y posteriormente mantuvo esa misma línea durante el juicio oral. Diversas fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran especialmente relevante determinar cómo se produjo la asignación de la causa y qué criterios se siguieron para designar a la representante del Ministerio Público encargada de dirigir la actuación de la Fiscalía en un procedimiento de semejante trascendencia institucional.

Las acusaciones populares han insistido durante todo el procedimiento en que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describen una secuencia de hechos incompatible con la versión ofrecida por las defensas. La Fiscalía, por el contrario, ha restado valor incriminatorio a esos indicios y ha sostenido que no existe prueba suficiente para acreditar la comisión de delitos. La sentencia determinará ahora cuál de las dos tesis prevalece.