Aragón denunciará las agresiones en centros de menores e incorporará a ellos seguridad privada

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado este viernes varias medidas novedosas que van a implantarse desde el Ejecutivo autonómico en lo que respecta a los centros de menores extranjeros no acompañados. Después, además, de que se hayan producido varios incidentes recientemente, como la agresión a una educadora social por parte de un menor y otra agresión esta misma semana a un menor interno por parte de un grupo de menores del mismo centro, «gravísimos comportamientos que entran de lleno en el ámbito penal», ha denunciado Nolasco.

Así, en rueda de prensa, ha informado de un plan de acción que van a poner en marcha desde la Consejería que dirige. Una de ellas es que van a denunciar ante la Policía hechos «que ponen en riesgo la integridad física» de los que trabajan o residen en esos centros. Ha comunicado de hecho que la directora provincial de Servicios Sociales de Aragón, Encarnación Biendicho, ya ha interpuesto, en calidad de tutora legal de los menores acogidos, una denuncia policial horas después de esa agresión en el centro de Movera. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo se persona en un suceso de este tipo. Sobre el caso de este centro, al que ha acudido esta mañana el propio Nolasco, el vicepresidente ha trasladado que están reubicando a los menores implicados en la agresión en centros distintos y se ha activado un protocolo especial de protección para la víctima de la agresión.

Respecto a esas denuncias que van a interponer desde el Gobierno autonómico cuando se produzcan «hechos delictivos o comportamientos graves» contra los trabajadores o los menores, tanto internos del centro como externos y tanto dentro de las instalaciones como fuera, Nolasco ha indicado que es una medida que responde, por un lado, a la «necesidad de reforzar la acción de tutela legal que le corresponde al Gobierno de Aragón sobre esos menores». Y, por otra parte, permite que el Ejecutivo regional, en tanto que es tutor legal de dichos menores, va a poder tener conocimiento de las diligencias que se sigan de los casos y participar en las causas judiciales que se impulsen, tal como ha explicado el consejero. Lo hacen, ha afirmado, «en defensa de la seguridad, del orden público, de los trabajadores de esos centros y de la protección de los menores» que conviven en los mismos o que viven en los alrededores.

Y otra medida que ha anunciado es la de incorporar «a la máxima brevedad» agentes de la seguridad privada a los accesos de los centros de menores no acompañados y al interior de las instalaciones. Ha subrayado que esto va a tener «un efecto disuasorio de comportamientos delictivos o de peligrosa agresividad» y va a dotar al Gobierno aragonés de «una herramienta de acción inmediata para reclamar la presencia policial cuando sea necesaria o conveniente».

Críticas a la Delegación del Gobierno

Alejandro Nolasco ha vuelto a recalcar que la responsabilidad de la seguridad perimetral exterior de estos centros corresponde de forma «exclusiva» a la Delegación del Gobierno, que dirige en Aragón Fernando Beltrán. En este sentido, el vicepresidente le ha recriminado la ausencia de «sensibilidad» y «colaboración» y ha denunciado una «dejación de funciones» que «compromete la seguridad de los trabajadores, de otros menores internos y de la población del entorno inmediato de los centros». Una dejación que, en su opinión, responde a «intereses partidistas».