El Gobierno vasco asegura que cumple la legalidad con los etarras pese a que más de 20 han vuelto a la cárcel

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha reiterado que los beneficios penitenciarios a presos de ETA se han concedido «estrictamente dentro de la legalidad y mediante los mecanismos previstos para cualquier persona interna» al ser preguntada por el presidente del PP en el País Vasco, Javier de Andrés acerca de la concesión masiva de excarcelaciones a los presos etarras.

Pero las propias palabras de la consejera socialista evidencian las contradicciones. Asegura que se utilizan los mismos mecanismos que para todos los presos, pero lo cierto es que los etarras, que suponen el 8 % de los presos en las cárceles vascas, acumulan el 85 % de los beneficios penitenciarios, tanto a través del Tercer Grado como a través de la aplicación del artículo 100.2 de Reglamento Penitenciario.

De hecho, tal y como le ha evidenciado el presidente y portavoz popular, Javier de Andrés, los tribunales han revocado hasta 21 concesiones de estos beneficios por no cumplir con la Ley. «Los tribunales ya han dicho reiteradamente que incumplen los criterios legales para otorgar los beneficios penitenciarios» y que «se saltan las juntas de tratamiento» para adjudicarlos. «Mienten ustedes constantemente para justificar la falta de escrúpulo», ha criticado a la consejera.

Sin ir más lejos, De Andrés ha recordado que la última etarra a la que se le ha revocado la semilibertad, Soledad Iparraguirre 'Anboto', ni tan siquiera intentó colaborar la semana pasada en el esclarecimiento del asesinato de la niña Silvia Martínez, asesinada junto con un ciudadano que esperaba el autobús en la explosión del coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante). «Ni colabora ni, por supuesto, se arrepiente», ha afirmado Javier de Andrés. Y eso que Anboto tiene una decena de crímenes a sus espaldas.

De Andres esta vez no ha pedido la dimisión de la consejera a pesar de que «hay razones diarias para hacerlo», simplemente le ha «sugerido» irónicamente la dimisión porque «le han encomendado el papel más sórdido, más repugnante y más corrupto, que es el de ir soltando a miembros de una banda terrorista para que otros miembros de la banda que dirige Pedro Sánchez sigan trincando».

Por el contrario, la consejera vasca ha asegurado que «hoy el 90 % de las personas presas de la banda terrorista ETA están solicitando la aplicación de la legislación penitenciaria española. La sociedad vasca jamás pensó en los peores momentos del azote terrorista que llegara el momento donde estas personas asumieran de forma voluntaria el daño que estaban causando», aunque lo cierto es que se sabe de sobra que el reconocimiento del dolor causado es simplemente un texto tipo que los abogados les entregan a los etarras para que lo firmen a sabiendas de que solo buscan el beneficio penitenciario sin ningún tipo de arrepentimiento.