Vox incluye el aumento de personal en los consulados a sus sospechas sobre la «Ley de Nietos»

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso continúa denunciando el posible fraude electoral que podría suponer la llamada «Ley de Nietos». El partido ha puesto el foco en el número de contratos registrados en consulados españoles desde 2022, fecha en la que se contabilizaban 320 efectivos, que pasaron a ser 657 en 2025.

Vox exige transparencia al Gobierno sobre este aumento de personal. Las reclamaciones del partido son las siguientes:

- Copia de los expedientes de contratación realizados desde 2022 para reforzar los consulados.

- Informes jurídicos o de fiscalización emitidos por la Abogacía del Estado o la Intervención General relacionados con esos contratos.

- El número de contratos que se han firmado cada año desde 2022.

- Conocer el número de personas que se contrataron en cada consulado.

- Coste de estas contrataciones.

- Criterio del Gobierno para contratar a ese personal y cuántas contrataciones similares prevé realizar en 2026.

Medidas de Vox contra la «ley de nietos»

El otro punto más criticado por Vox ha sido el de la circunscripción que se le da al nacionalizado. El partido señala fallas en el formulario elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, concretamente con la casilla «otros motivos», que estaría permitiendo «al nuevo ciudadano elegir libremente la circunscripción donde votará sin acreditar vínculo real con ella». Los de Abascal señalan que la situación es especialmente alarmante con Madrid, ya que estaría funcionando como «circunscripción residual».

La «Ley de Nietos» es una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permitiría a determinados descendientes de españoles obtener la nacionalidad, concretamente a hijos, nietos y personas vinculadas a procesos de migración o exilio.

Estas acciones se suman a las anteriores de Vox:

-Un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

-Pedir la nulidad de la instrucción ante la Secretaría de Estado de Justicia.

-Realizar dos escritos ante la Junta Electoral Central del 30 de junio para que auditen y suspendan las inscripciones en el CERA e impidan el voto por correo desde el extranjero «sin garantías».

-La denuncia ante la Comisión Europea presentada este mismo jueves.