La directora de la Guardia Civil, Mercedes González
Mandos de la Guardia Civil piden la salida de Mercedes González y del DAO tras su imputación
En un comunicado conjunto de distintas asociaciones, señalan que, «sin perjuicio de la presunción de inocencia», su situación judicial es «incompatible» con el cargo que desempeñan
Las asociaciones que representan a los mandos de la Guardia Civil han reclamado la salida del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, y de la directora general del Cuerpo, Mercedes González, después de que ambos hayan sido citados como investigados en el marco de una causa judicial instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia.
En un comunicado conjunto, las asociaciones expresan su «consternación» por el impacto que esta situación puede tener sobre la imagen de la Guardia Civil y el deterioro de la confianza ciudadana en la institución. Aunque subrayan su respeto al principio de presunción de inocencia, consideran que la condición de investigados resulta «incompatible» con el desempeño de los máximos cargos de dirección del Instituto Armado.
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Los representantes de los mandos recuerdan que la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil contempla medidas cautelares para los agentes que se encuentran inmersos en procedimientos penales. En concreto, citan el artículo 92, que prevé la posibilidad de suspensión cuando un guardia civil es procesado, inculpado o investigado por un delito, así como el artículo 66, que permite apartar de los procesos de ascenso a quienes estén inmersos en causas penales o disciplinarias.
Las asociaciones sostienen que estas medidas se aplican habitualmente a numerosos guardias civiles, incluso cuando los hechos investigados se produjeron durante actos de servicio y sin que exista una sentencia condenatoria firme. Asimismo, señalan que estas situaciones afectan también a procesos de ascenso, concesión de condecoraciones y otras decisiones profesionales.
Por ello, consideran que los mismos criterios deberían aplicarse a quienes ocupan la cúpula del Instituto Armado. «No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan», afirman en el comunicado.
A juicio de las asociaciones, la gravedad de los hechos investigados hace necesario que tanto Mercedes González como el teniente general Manuel Llamas presenten su dimisión o sean apartados de sus responsabilidades mientras se desarrolla el procedimiento judicial, en coherencia –aseguran– con los principios que se exigen al resto de miembros de la Guardia Civil.
