El CIS, 'El País' y 'La Vanguardia' publican a la vez encuestas para desacreditar a los jueces que investigan la corrupción sanchista

Con el Ejecutivo y el entorno de Pedro Sánchez rodeados por la presunta —y acreditada en el exministro Ábalos— corrupción, han sido varios integrantes del Gobierno los que han reiterado sus ataques contra la Justicia, incluido el titular de la cartera Félix Bolaños. No han sido los únicos, tanto el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como los medios más afines al sanchismo han hecho lo propio: una maniobra con la que tratan de poner el foco en una supuesta pérdida de confianza de la ciudadanía en los magistrados.

El diario El País publica una encuesta en la que aseguran que «más del 65 %» de los españoles consideran que existe lawfare. Además del llamativo conocimiento masivo del término —guerra judicial—, afirman que el electorado de PSOE, Sumar y Podemos los que perciben que la práctica la sufren especialmente el Gobierno y las formaciones de izquierda.

El estudio se realizó después de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional, la condena a 24 años de Ábalos, que el juicio contra el hermano de Sánchez quedara visto para sentencia, el procesamiento a Begoña Gómez o la imputación a la presidenta de la SEPI y 24 personas más en el caso Leire Díez.

Del mismo modo, La Vanguardia ponía en el disparadero a los jueces: cifran en un 58 % la población que cree que los magistrados «están haciendo política». Asimismo, aseveran que el 41 % de la ciudadanía considera que la Justicia «actúa de manera imparcial, sin dejarse influir por sus preferencias políticas». Como sucede con el diario de Prisa, en este caso también el porcentaje mayor se acumula en los votantes de izquierdas: en el PSOE es el 62 % los que se suman al lawfare, y en Sumar, el 70 %.

Realizada por 'el CIS de Zapatero'

La encuesta de la cabecera de Prisa está encargada al Instituto 40dB, cuya fundadora es Belén Barreiro, quien fuera presidenta del CIS durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero —entre mayo de 2008 y septiembre de 2010—.

Actual columnista de El País, fue también vocal asesor del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete del expresidente imputado. A su salida del CIS, fue directora del laboratorio de ideas de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.

Los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, los más politizados

Ambos estudios tratan de desacreditar las causas que golpean más de cerca la vida personal de Sánchez: los casos de su mujer y su hermano.

En cuanto al procesamiento de Begoña Gómez, los datos publicados por El País afirman que el 36 % cree que se debe a «razones políticas y partidistas», recibiendo el juicio a David Sánchez un porcentaje similar (34 %). Por su parte, en La Vanguardia, un 43 % considera ninguna o poca imparcialidad de los jueces en el caso de Begoña y un 33 % en el del 'hermanísimo'.

En cuanto a la imputación de Zapatero, la consideración del estudio de El País cifra en el 26 % los que piensan que se trata de lawfare, mientras que en La Vanguardia, asciende al 36 & los que califican la imparcialidad de poca o nula.

Otra encuesta del CIS contra los jueces

A las dos encuestas publicadas por los citados medios se ha sumado este mismo lunes una tercera del CIS, que incluso exagera los resultados de los otros sondeos para hacerlos más favorables aún a los intereses de Sánchez. Según el CIS, tres de cada cuatro españoles (el 76,9%) creen que los jueces no son siempre imparciales en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos y que la Justicia no trata igual a los políticos que a las personas «corrientes».

Según el CIS, esta encuesta ha sido realizada a partir de 4.027 entrevistas entre el 9 y el 12 de junio y revela una alta desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial, de modo que el 78,4 % afirma no creer que la Justicia trate igual a ricos que a pobres.

También recoge que el 81,5 % opina que los medios de comunicación se hacen eco de «bulos y mentiras» y más de la mitad de los entrevistados (el 57,7 %) afirmaría incluso que los periodistas tienen ahora menos «libertad e independencia» que hace diez años.