Los españoles no saben lo que es el lawfare, así lo demuestra un paseo de 20 minutos por el centro de Madrid

El término lawfare vuelve a cobrar fuerza en el argumentario del Gobierno. Un concepto que se ha popularizado en los últimos meses y que se escucha a menudo en los discursos políticos que buscan contrarrestar las informaciones que nos llegan del poder judicial sobre los procesos que salpican al entorno del Partido Socialista.

Se popularizó hace ya unos meses con el caso que condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz; pero también lo encontramos en las réplicas socialistas al caso Begoña o al caso Leire, escándalos judiciales que se van acumulando.

El concepto es un anglicismo que mezcla dos términos, law (ley) y warfare (guerra), por lo que, en castellano, lo definiríamos como «guerra judicial»: acoso judicial con fines políticos o el uso de la justicia como herramienta para influir en la opinión pública. O, lo que es lo mismo, para el Gobierno los casos judiciales no son relevantes porque responden a motivaciones políticas.

Desde esa posición, el Gobierno resta valor a las investigaciones y condenas que se acumulan sobre las mesas de los juzgados. Y no solo eso: encuestas como las referidas en el diario La Vanguardia, El País o las del CIS alimentan el argumento ad populum, que pretende reforzar la peligrosa idea de que la justicia en España no es imparcial.

En El Debate hemos querido hacer nuestra propia encuesta a pie de calle. ¿Saben los españoles qué es el lawfare? ¿Creen que realmente existe en España?