El Parlamento de Canarias votando este miércoles un dictamen sobre el «caso mascarillas»
Comisión de investigación
El Parlamento canario sitúa al ministro Torres como responsable del caso mascarillas
El caso procede de la adjudicación de un contrato de cuatro millones de euros en mayo de 2020 a una empresa automovilística que se encargaría de suministra un millón de mascarillas FFP3
Torres tacha de «manipulador y sectario» el dictamen del Parlamento
Este miércoles, el pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado un dictamen que señala la responsabilidad del caso mascarillas del ejecutivo encabezado desde 2019 a 2023 por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España.
El conocido como caso mascarillas tuvo su origen en mayo de 2020, cuando el gobierno regional formado por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos, adjudicó un contrato de cuatro millones de euros a la empresa automovilística RR7, propiedad de Rayco Rubén González, con el objetivo de suministrar un millón de mascarillas de tipo FFP3 a las islas. Estas mascarillas nunca llegaron a ser entregadas, pero sí se abonaron al Servicio Canario de la Salud (SCS).
El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición, que ha considerado el dictamen «un circo político». De este modo, la votación finalizó con 36 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta «de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera (Viceconsejero de Presidencia) y los responsables del área de Sanidad».
Este debate ha traído consigo una división en el actual Gobierno de Canarias, ya que ASG, que formó parte del anterior ejecutivo, también se ha ausentado del pleno.
El diputado del PP, Fernando Enseñat, ha afirmado que Torres colaboró activamente para abrir las puertas de Canarias a una organización criminal y lo ha vinculado con «el mayor número de presuntos casos de corrupción institucional de la historia de Canarias», exigiendo su inmediata dimisión.
La diputada del PSOE, Nira Fierro, ha acusado a los tres grupos proponentes de montar un «circo político» de bulos y conclusiones predeterminadas para satisfacer sus «urgencias electorales», apoyándose en que solo hubo un contrato fallido entre 1.400 expedientes.
Desde Vox, Nicasio Galván ha insistido en el entramado criminal formado alrededor de Torres, orientado a la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Esther González, de NC, ha considerado que el dictamen es una construcción política diseñada de antemano contra Ángel Víctor Torres, señalando que el expediente de RR7 fue tramitado exclusivamente en el Servicio Canario de Salud y no en el Consejo de Gobierno y ha recordado que desde antes de constituir la comisión de investigación CC y PP ya se referían al caso mascarillas como caso Torres.
Torres: «Es un informe sectario»
El ministro Torres ha reaccionado con rapidez a la decisión del Parlamento canario, y ha calificado el dictamen de «absolutamente sectario, manipulador y tendencioso»; asimismo ha asegurado que se trata de un intento de «mancillar» su imagen.
A través de las redes sociales, Torres ha afirmado que Canarias dio «un ejemplo» al registrar la menor tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes de España. Además, ha denunciado que, durante los últimos tres años, ha sido objeto de una campaña de «difamación, acoso, insidia e injurias». El dirigente socialista ha señalado que el informe parlamentario solo ha sido respaldado por CC, PP y Vox, a los que ha acusado de utilizar la comisión de investigación como un instrumento político tras quedarse «solos» en la votación.
A su juicio, el documento omite deliberadamente las conclusiones del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia de Cuentas, cuyos responsables, ha dicho, avalaron la legalidad de los contratos con las empresas RR7 y Soluciones de Gestión, implicadas en el caso.
