La guardia pretoriana de Sánchez fracasa en su intento de silenciar a Aldama con la querella de Delcy Rodríguez

La declaración voluntaria de Víctor de Aldama, en su segunda comparecencia como testigo, este miércoles, dentro de la pieza secreta que investiga los pagos en metálico del PSOE, ha profundizado en lo que el empresario adelantaba al magistrado instructor Ismael Moreno –y al fiscal Anticorrupción, Luis Pastor– durante su primer interrogatorio. El sobre que le entregó Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, contiene las claves de una la operación valorada en seis millones de barriles de crudo Boscán, procedentes de la empresa estatal PDVSA, valorados en 250 millones de euros, y el papel activo de José Luis Rodríguez Zapatero como el interlocutor que habría tomado el control de las gestiones cuando el propio Aldama perdió el mando de la negociación.

Según el relato del comisionista, que coopera con la Justicia en el escalrecimiento de las causas de corrupción que salpican al Gobierno y al Partido Socialista, se habrían anticipado unos cinco millones de euros a través de una cuenta rusa, supuestamente controlada por el entorno del expresidente, en una operación quedaría vinculada, en último término, tanto a la financiación de la 'caja B' de Ferraz como de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez.

Una descripción que hace unas horas Aldama ratificaba en la Audiencia Nacional y en la que, además de la descripción pormenorizada de la presunta trama que salpica al PSOE y a su secretario general, «aportaba» nuevas evidencias, según ha podido conocer El Debate, que serán «contrastables» de manera objetiva, llegado el caso, a través de las correspondientes comisiones rogatorias y de las pesquisas que mantiene abiertas, aunque cada vez más avanzadas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Así las cosas, a comienzos de esta semana y ante las sospechas de que el empresario podía sentarse de nuevo ante el juez Moreno, como ha terminado sucediendo, se precipitaba el anuncio de la querella que «la dama», Delcy, presentará contra Aldama en nuestro país, de la mano del exmagistrado Baltasar Garzón, inhabilitado por prevaricar.

Un movimiento con el que la guardia pretoriana de Sánchez trataba, sin éxito, de disuadir al comisionista en su empeño no por colaborar con la Justicia, sino, en concreto, por ampliar los hilos que conectan toda una era política, iniciada por Zapatero y culminada por Sánchez, con el dinero opaco del chavismo, entre otros.

Lejos de lograr su objetivo, la estrategia de supervivencia del PSOE –apoyada ahora en las acciones legales de la presidenta venezolana y auspiciada por su estrechísima relación con Zapatero– ha fracasado a medida que Aldama, lejos de retractarse, proporcionaba revelaciones complementarias al magistrado instructor Moreno, hace unas horas, sobre la red de presunta financiación irregular de la formación de Sánchez, con el expresidente y su gurú ideológico como figura clave en la canalización de los fondos transnacionales.

Cabe recordar que, pese a que el juez Moreno mantiene el secreto de sumario del procedimiento, el empresario no solo ha vuelto a insistir en el contenido del sobre fechado el 4 de febrero de 2020 –justo después del Delcygate en Barajas con Ábalos–, sino que habría llegado a ligar a Zapatero con la intermediación del crudo, embargado, de Caracas. No en vano, algunas informaciones apuntan cómo el venezolano Francisco Flores Suárez, fallecido el pasado mes de febrero y ligado a las licencias de PDVSA, habría sido una pieza clave en el engranaje de la maquinaria, dado que fueron sus empresas las que pagaron al «grupo Zapatero» a través de Análisis Relevante, según consta en la causa de blanqueo que afloró a partir del polémico rescate de Plus Ultra.

Mientras la exvicepresidenta chavista de Nicolás Maduro – que 'negoció' en Barajas con el ya condenado exministro José Luis Ábalos– niega cualquier vínculo con el petróleo y los barcos cuya salida ella misma autorizaría, previa luz verde de Zapatero, con destino hacia la financiación ilegal, las pruebas adicionales proporcionadas por Aldama al juez han quedado incorporadas al sumario y su relato está resultando, cada vez más, demoledor para la versión oficial.

El comisionista, que ha colaborado proactivamente con Anticorrupción y el Supremo –lo que le ha valido la suspensión en la ejecución de su condena a cuatro años y medio de prisión por el caso Koldo–, describe una operativa en la que por una parte las constructoras españolas y, por otra, el petróleo de Venezuela habrían proporcionado importantes comisiones para la cúpula del PSOE. Y, por lo que ha trascendido hasta la fecha en los diferentes informes judiciales, una parte de ese dinero habría ido de vuelta al partido a través de canales opacos, aflorando más tarde mediante pagos de facturas falsas emitidas por las empresas ligadas a Zapatero, sus hijas y su presunto testaferro, Julito Martínez Martínez; pero, también, por el exsenador socialista Gaspar Zarrías.

El secreto de la financiación ilegal

La pieza secreta de Ismael Moreno indaga, precisamente, en los pagos en efectivo del partido desde 2017, cuando Sánchez recuperó el control tras el escándalo de las primarias.

El PSOE ha entregado listados y justificantes, al tiempo que cabalga entre la negación y la contraofensiva, pero tanto la UCO como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han incautado de documentación relevante, entre otras, durante la entrada y registro practicada en la sede central de Ferraz, tras la imputación formal de Zapatero, que entronca con las «chistorras» de Koldo o las entregas en bolsas de plástico confesadas por la empresaria Carmen Pano.

Por lo que pueda pasar en las próximas semanas, Zapatero ha pedido a Hacienda y al juez José Luis Calama que paralice las inspecciones sobre su patrimonio y el de su familia mientras dure la instrucción. Y Ferraz ha activado a sus 'fontaneros' jurídicos en un intento por desacreditar a Aldama como un mero «criminal confeso» que solo busca impunidad, aunque lo cierto es que las declaraciones del empresario, ratificadas ante varios jueces, y toda la información aportada a mayores preocupan, y mucho, en Moncloa. Delcy Rodríguez puede querellarse, pero el sobre y otras evidencias están en poder la Audiencia Nacional.