Dos agentes de la Ertzaintza en una imagen de archivo
La Policía carga contra Marlaska por ceder más competencias a la Ertzaintza: «Fragmenta y debilita» la seguridad del Estado
En los últimos meses, las organizaciones policiales ya han acusado reiteradamente al Ministerio del Interior de reducir progresivamente el peso de la Policía Nacional en el País Vasco
El último acuerdo alcanzado entre el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco ha provocado un profundo malestar entre los sindicatos de la Policía Nacional, donde las principales organizaciones profesionales consideran que el compromiso adquirido por Fernando Grande-Marlaska para ampliar la participación de la Ertzaintza en los procedimientos de expulsión de extranjeros supone un nuevo paso en la pérdida de competencias del Cuerpo Nacional de Policía.
La polémica se produjo tras la reunión de la Junta de Seguridad del País Vasco, en la que el Gobierno se comprometió a que la información operativa obtenida por la Ertzaintza pase a incorporarse a los informes que la Policía Nacional elabora en los expedientes de expulsión de ciudadanos extranjeros. Aunque Interior insiste en que se trata únicamente de una «participación complementaria», dentro del cuerpo la medida ha sido recibida con enorme preocupación.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido de que la decisión «fragmenta» un ámbito que históricamente ha correspondido a la Policía Nacional y, aunque la organización asegura respaldar cualquier iniciativa destinada a mejorar la lucha contra la delincuencia, considera que la solución pasa por reforzar la coordinación entre cuerpos policiales y compartir información, no por alterar el reparto competencial.
«La Policía Nacional dispone desde hace décadas de unidades especializadas en Extranjería y Fronteras, con una visión integral de estos procedimientos y acceso permanente a bases de datos nacionales e internacionales», recuerdan desde el sindicato. En su opinión, cualquier modificación debe obedecer exclusivamente a criterios técnicos y de eficacia operativa, evitando duplicidades que puedan perjudicar la gestión de una materia especialmente sensible.
Todavía más contundente ha sido Jupol, que interpreta el acuerdo como una nueva cesión política del Gobierno a sus socios nacionalistas. De hecho, el sindicato sostiene que Marlaska continúa debilitando las competencias exclusivas de la Policía Nacional y denuncia que este tipo de decisiones responden a compromisos parlamentarios y no a necesidades de seguridad.
A su vez, la organización recuerda que la competencia en materia de Extranjería corresponde al Estado y considera que dividir funciones entre distintos cuerpos puede afectar a la unidad de actuación y a la eficacia de los procedimientos administrativos relacionados con expulsiones, inmigración irregular o control fronterizo.
En los últimos meses, las organizaciones policiales ya han acusado reiteradamente al Ministerio del Interior de reducir progresivamente el peso de la Policía Nacional en el País Vasco mediante el incremento de funciones asumidas por la Ertzaintza. Entre ellas figuran ahora también un mayor acceso a plataformas europeas de intercambio de información policial, nuevas competencias relacionadas con drones, participación en mecanismos vinculados al blanqueo de capitales o un mayor protagonismo en materia de seguridad privada.
Por si fuera poco, este nuevo choque se produce además en un momento especialmente delicado para Interior, con un creciente malestar entre sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles por distintas decisiones del ministerio, desde la falta de efectivos hasta la reciente imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo, Manuel Llamas.