el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González
Sánchez blinda a Mercedes González pese a su imputación mientras crece el rechazo en la Guardia Civil
El respaldo de Sánchez a Mercedes González continúa la estrategia del presidente de no forzar más dimisiones por el hecho de una imputación judicial
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido mantener su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a su imputación por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la investigación sobre la presunta trama impulsada por Leire Díez para intentar desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). Desde Moncloa, de hecho, sostienen que la apertura de expedientes internos por las filtraciones de investigaciones judiciales no constituye delito y descartan cualquier relevo mientras no existan pruebas concluyentes de una actuación irregular.
Sin embargo, esta posición del Ejecutivo contrasta con el creciente malestar dentro del Instituto Armado, y es que apenas unas horas después de conocerse la imputación tanto de González como del Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, la asociación mayoritaria de mandos y guardias civiles Jucil reclamó la dimisión inmediata de ambos responsables, así como la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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Para Jucil, la situación resulta «completamente insostenible» y compromete la imagen de una institución cuya principal seña de identidad es la ejemplaridad. Además, la asociación considera que quien dirige la Guardia Civil «no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada» mientras miles de agentes desempeñan su labor diaria con el principio de que «el honor es su divisa».
La organización también carga contra Marlaska por mantener su respaldo a González pese a la investigación judicial y recuerda que fue el propio ministro quien asumió públicamente la responsabilidad política de su nombramiento y le exige que actúe «con coherencia» y presente su renuncia. «No basta con expresar confianza; debe asumir la responsabilidad política con hechos», sostienen.
En su comunicado, Jucil subraya además que el trabajo de la UCO representa «la verdadera esencia de la Guardia Civil», destacando la independencia y profesionalidad de la unidad que investiga algunos de los principales casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno.
El respaldo de Sánchez a Mercedes González continúa la estrategia del presidente de no forzar más dimisiones por el hecho de una imputación judicial, considerando que la investigación abierta carece de base suficiente y sostienen que los expedientes internos abiertos por las filtraciones de documentación de la UCO respondían a un procedimiento ordinario para esclarecer la difusión de información reservada.
No obstante, el propio entorno del Ejecutivo admite que fue un error político que la directora general mantuviera reuniones con Leire Díez, tal como destapó El Debate, encuentros que inicialmente negó y que posteriormente acabó reconociendo cuando la investigación judicial incorporó mensajes y datos de geolocalización que acreditaban esos contactos. Así las cosas, Mercedes González y Manuel Llamas deberán declarar como investigados el próximo 16 de julio ante el juez Pedraz, que investiga si ambos pudieron participar en una estrategia dirigida a obstaculizar el trabajo de la UCO y favorecer los intereses del entorno del PSOE en distintas causas judiciales.
