El DAO de la Guardia Civil se mantiene imputado en su cargo pese a que apartó a los mandos investigados en otras causas de corrupción

La historia se repite, una vez más, en la segunda legislatura de Pedro Sánchez, con un mando político al frente de una cúpula institucional. Y es que, como ya sucediese en el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado en el Supremo por un delito de revelación de secretos, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, también imputado, continuará en su puesto pese al daño reputacional que ello implica para la imagen del Instituto Armado.

El teniente general Manuel Llamas, como ya hiciese García Ortiz en el Ministerio Público, se mantendrá al frente de la Guardia Civil, en un escenario sin precedentes, durante todo el tiempo que dure el procedimiento judicial que el magistrado Santiago Pedraz dirige en la Audiencia Nacional contra las 'cloacas' socialistas. Una decisión de no apartarse que provocará una doble situación insólita en el seno de la Benemérita: no solo porque seguirá siendo el máximo superior jerárquico de los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) que tendrán que investigarle y a los que, presuntamente, contribuyó a descabezar de la mano de la 'fontanera' Leire Díez; sino, además, porque entra en colisión con su orden de suspender de sus funciones a los otros guardias civiles que se han visto implicados en esta y otras causas de corrupción, hasta que no haya una sentencia exculpatoria.

No en vano, cabe recordar que al comandante Rubén Villalba —implicado en el 'caso Koldo' y que ha reconocido haberse reunido hasta en dos ocasiones con Leire Díez— se le abrió un doble expediente disciplinario, siguiendo la normativa interna, que, si bien quedaba paralizado mientras siga inmerso en el procedimiento penal, no le permite continuar con sus atribuciones profesionales en su último destino, en la embajada de Venezuela.

En la misma tesitura, el ex capitán de la UCO Juan Sánchez Yepes, por presuntamente revelar información reservada de su propia unidad, y que en los últimos tiempos ejercía como profesor de derechos humanos en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Nada más conocerse sus lazos con las 'cloacas' del PSOE, la Dirección General de la Guardia Civil le expedientaba de forma disciplinaria y lo bloqueaba, cautelarmente, de todas sus atribuciones. Una paradoja a la que se suma, ahora, también la propia titular del Cuerpo, Mercedes González, igualmente imputada por el mismo caso y que, por lo tanto, tampoco se plantea renunciar o destituir al DAO.

Si bien es cierto que el Reglamento de la Guardia Civil no obliga al máximo mando militar por designación política, el DAO, a dimitir una vez investigado, desde la propia institución ya son mayoría las voces críticas. «Nada le fuerza a irse», apuntan las fuentes consultadas por El Debate, «pero por coherencia deberían hacerlo ambos», tanto González como Llamas, si «no son cesados» por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Una decisión en la que pocos confían, dado que ello implicaría un gesto de «honorabilidad» que la directora general «ya ha tenido ocasión de demostrar y que ha desperdiciado», apuntan las mismas fuentes. «A la vista» de la gravedad de lo que ha trascendido y «dadas las circunstancias particulares» que salpican a ambos responsables del Instituto Armado, «deberían apartarse por el bien del resto del Cuerpo y del suyo propio, consideran varios exmandos. «No queda mucho margen para acciones nobles, respetables e, incluso, elegantes» si, una vez conocida la imputación, se «atrincheran en sus cargos», manifiestan a este diario.

«Consternación» ante la permanencia

Precisamente, en este sentido se han pronunciado en un comunicado conjunto todas las asociaciones de mandos de la Guardia Civil. En especial, en el caso de la directora general, tras conocerse el contenido de la providencia judicial emitida por la Sección Criminal del Tribunal Central de Instancia del que es titular el juez Santiago Pedraz, y la investigación formal que se cierne tanto sobre el DAO Llamas como sobre la titular del Cuerpo, Mercedes González, señalados por dos presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia.

En el texto, al que ha tenido acceso El Debate, tanto la Asociación de Suboficiales (ASESGC), como la Unión de Oficiales y la Asociación Profesional de Cabos han dejado constancia de su «consternación por la situación en la que se está viendo inmersa la imagen de la Guardia Civil y la pérdida de prestigio y confianza que esto puede generar en la ciudadanía».

«Sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetamos, es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo de Directora General de la Guardia Civil y de Director Adjunto Operativo», sostienen desde las entidades procesionales.

Y es que, si bien el artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil deja abierta la opción de que ante «el procesamiento, inculpación o investigación por un delito» pueda derivarse «una suspensión», lo cierto es que siempre se aplica, sin excepción, para «todos los guardias civiles que son imputados incluso por actuaciones en acto de servicio» que, además, en virtud del artículo 66 de la misma Ley, se ven apartados, de inmediato, en «los procesos de ascenso».

«No son pocos los miembros de la Guardia Civil que han sido apartados de sus funciones, o son suspendidos sus procesos de ascenso, de condecoraciones, etc., por estas autoridades, al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria», recuerdan desde las asociaciones de mandos, por lo que «no podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan».

«Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto la directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando», exigen en la nota oficial emitida.