La trama que salpica a la cúpula de la Guardia Civil buscaba «neutralizar» las causas judiciales en «beneficio del PSOE y del entorno del presidente»

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción que ha llevado al juez Santiago Pedraz a imputar a la cúpula política de la Guardia Civil sostiene que los «nuevos responsables» investigados en la causa que sigue en la Audiencia Nacional -la directora general, Mercedes González y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas- «y los delitos por ellos cometidos» aparecerían integrados en la «organización criminal» conocida como las 'cloacas' socialistas.

Una trama que, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, asumida por el magistrado, habría comenzado a operar, «al menos, desde el año 2021, y que habría ampliado su radio de ilícita actuación, estructurada y prolongada en el tiempo, más a allá de la contratación pública inicialmente investigada» -esto es, los 'amaños' de obras a cambio de 'mordidas'- «hacia la comisión de diversos delitos relacionados con la corrupción y a otros nuevos contra la Administración de Justicia o las instituciones del Estado».

Y, todo ello, con el presunto objetivo de proteger y funcionar como «paraguas» frente a las investigaciones judiciales que «pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y, por ende, a ellos mismos».

«No en vano», Anticorrupción ha destacado cómo en los distintos informes aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportados al procedimiento, se describe «la voluntad coordinada de los hasta ahora investigados, desde el año 2021, para intentar penetrar en los mecanismos de la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] en orden a lograr la celebración de contratos públicos en los que ellos pudieran resultar beneficiados; y, asimismo, cuajar la connivencia de otras instituciones del estado para «neutralizar» o frenar las investigaciones que les pudieran afectar como consecuencia de lo anterior».

Esa presunta utilización de los organismos y empresas tuteladas o participadas por dicha institución, la SEPI, «se habría prolongado en el tiempo más allá de 2023», incluso existiendo «indicios de que podría persistir hasta la actualidad».

Pero es que, además, «se habría producido mientras se sucedían los procedimientos judiciales que afectan al PSOE» por lo que resulta palmario que, con las diferentes maniobras detectadas, se buscaría «neutralizar» por esta organización criminal las investigaciones judiciales «en beneficio propio, del PSOE y del entorno del propio presidente del Gobierno», Pedro Sánchez.

La Fiscalía ha señalado a Pedraz, también, el papel del exsenador socialista andaluz Gaspar Zarrías y «el hombre de la casa Blanca» constando que, ya en 2024, «Zarrías facilitó a Leire los números de TIP de distintos guardias civiles integrantes de la UCO que declararon en el juico de los ERE», a los fines propuestos.

«Hay que tener en cuenta, no obstante, una serie de hitos con relevancia en diversos procesos judiciales que se suceden en los primeros meses del año 2024, siendo el aspecto común de todos estos procedimientos que, de alguna forma, tenían afectación, directa o indirectamente, a miembros del PSOE o el Gobierno», ha remarcado Anticorrupción en el escrito por el que el juez Pedraz ha decretado la declaración de González y Llamas el próximo día 16 de julio.