La sentencia de la justicia europea sobre la amnistía: el 'enganche' competencial y un veredicto clave para la vuelta de Puigdemont

La Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en novimebre de 2023, como pago a su investidura para los cabecillas políticos del procés catalán, espera el veredicto de los 15 jueces europeos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que, este próximo jueves 16 de julio decidirán, entre otras cuestiones no menores, sobre la vuelta a España del prófugo Carles Puigdemont.

El fallo será ls última oportunidad, en clave comunitaria, para el regreso del líder de Junts, en un momento en el que la formación no pasa por su mejor etapa política, en unos días en los que los sondeos vaticinan el sorpaso de Alianza Catalana de Silvia Orriols. La respuesta a las cuestiones concretas planteadas por un total de cuatro órganos judiciales españoles, para la plena aplicación, o no, de una polémica norma que nació marcada por la controversia marcará no sólo el futuro político de nuestro país sino un precedente muy relevante para el proyecto común que, según el análisis crítico de los expertos, representa el ejemplo más ilegítimo de la democracia reciente: impunidad a cambio de votos.

Tras el aval de las Cortes Generales al proyecto de borrado penal del procés, concebido para continuidad del 'sanchismo', la interpretación del Tribunal Supremo -como órgano competente para determinar la aplicación de la norma- y el aval del Tribunal Constitucional, renovado a medida de los separatistas, el encaje del texto en nuestro ordenamiento, tanto el Tribunal de Cuentas, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y un juzgado de Vilanova i la Geltrú con causas vinculadas al referéndum ilegal del 1-O, se negaron a aplicar la ley en toda su extensión, especialmente, en el caso de la malversación, al menos sin antes consultar a la Justicia de la la Unión Europea.

Así las cosas, pese al fallo favorable del TC se articularon las preguntas que el presidente de la Corte de Garantías, Cándido Conde-Pumpido trató de bloquear, sin éxito: ¿Es compatible esta amnistía con el Derecho de la Unión? ¿Atenta contra la protección de los intereses financieros europeos al perdonar malversaciones de fondos públicos? ¿Puede un Estado miembro amnistiar actos que la Directiva europea contra el terrorismo obliga a perseguirla con eficacia?.

El TJUE responderá a dos planteamientos diferentes: por una parte, los interrogantes elevados por el Tribunal de Cuentas, del que penden responsabilidades contables para un total de 35 ex altos cargos públicos catalanes, entre los que se encuentran tanto Puigdemont, como su predecesor Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras de Esquerra (ERC),por el desvío de fondos para sufragar la propaganda exterior del procés, a través de mecanismos como el Diplocat; y, por otra, las dudas de la Audiencia Nacional (AN) sobre el perdón absoluto a los 12 miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) que actuaron sobre el terreno, de manera violenta e imponiendo un clima de terror, tanto para exigir la puesta en marcha de la secesión efectiva como para forzar la liberación de los presos condenados por el Supremo, tras su encarcelación.

De las respuestas del TJUE dependerá el futuro de Puigdemont y su vuelta a España, sin ser detenido, si bien la última palabra la tendrá el Constitucional ya que la competencia para determinar el alcance de las contestaciones de los quinces magistrados de la Corte de Luxemburgo recaerá, en primer término, sobre el Supremo que todavía puede plantear nuevas cuestiones prejudiciales, dado que decidió no activar el mecanismo hasta el momento, pero sobre la resolución del Alto Tribunal se prevén nuevos recursos de los interesados. Unas impugnaciones que se sumarían a la cerca una veintena que ya han sido resueltas por el órgano de Garantías de Conde-Pumpido que ha seguido apostando por la legalidad del borrado de los delitos por los que fueron condenados, o están pendientes de serlo, los independentistas implicados en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña y acusados de utilizar recursos públicos de la Generalitat, aprobados con otros destinos, para financiarla.

Sin embargo, y más allá de un escenario favorable, o no, para Puigdemont, y de la interpretación que los magistrados del tribunal de Luxemburgo hagan sobre el asunto de la malversación del erario autonómico -que el Supremo vincula directamente a una afectación, por defecto, de los fondos españoles a la caja común de la UE- planea el temor de que el TJUE no encuentre un 'enganche' competencial para pronunciarse sobre el fondo de las cuestión.

Y es que, más allá del criticado informe del Abogado General, que según algunas fuentes consultadas por El Debate provocó cierto malestar en la Presidencia del órgano comunitario, por algunas de sus expresiones de marcado alcance político, por encima de lo que suele ser habitual en este tipo de dictámenes, se sitúan las conclusiones de la Comisión que, si bien, es tradicional y marcadamente anti-amnistía, en el caso catalán se situaba apuntando ciertas dudas cobre la competencia del Tribunal de Justicia euroepo sobre el asunto. Es decir, que el TJUE no llegue a posicionarse sobre la ley española de Sánchez, aún siendo contrario a sus motivos y las consecuencias derivadas de su aplicación, alegando que no encuentre argumentos suficientes para justificar un fallo concreto, determinante y definitivo, en línea con la postura difusa de la Comisión.

Para la mayoría de los juristas españoles, que en más de un 90% son contrarios a la amnistía, la competencia no debería ser un escollo a la contestación del TJUE pero varios de ellos advierten, consultados por este diario, que si el órgano no entrase en el fondo se leería como una bendición a la amnistía y un varapalo a todos los que, hasta la fecha, consideran que es «clarísimamente inconstitucional» y «nítidamente contraria al Derecho» europeo.