Junts también exige explicaciones sobre la ley de nietos y denuncia «opacidad» en la regularización

Junts ha reclamado esta semana al Gobierno que haga públicos los datos, estudios, informes y proyecciones demográficas utilizados para adoptar decisiones en materia de nacionalidad y regularización de extranjeros, al considerar que Cataluña puede afrontar «uno de los cambios demográficos más importantes de las últimas décadas sin que se conozca una planificación de sus efectos».

La diputada Marta Madrenas ha registrado en el Congreso una batería de preguntas escritas y varias solicitudes de información dirigidas a los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior sobre las consecuencias administrativas, demográficas y registrales de la conocida como 'ley de nietos' y sobre el proceso extraordinario de regularización de extranjeros.

La formación independentista destaca que esta ley, que es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite a descendientes exiliados españoles obtener la nacionalidad como medida de reparación histórica, ha generado desde 2022 en todo el país cerca de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad de personas residentes en el extranjero; mientras que la regularización extraordinaria, inicialmente prevista para unas 700.000 personas, podría alcanzar ya a 1,2 millones.

Junts considera que ambos procesos tienen una relevancia que va más allá de su tramitación administrativa, «puesto que inciden sobre distintos registros públicos, requieren una planificación adecuada de los recursos necesarios para gestionarlos y pueden tener efectos futuros sobre situaciones jurídicas» derivadas de la residencia legal y de la adquisición de la nacionalidad española.

Por ello, Madrenas y la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, han solicitado información sobre el número de peticiones de nacionalidad presentadas al amparo de la 'ley de nietos', las admitidas a trámite, las resueltas favorablemente, las denegadas, las pendientes y las inscripciones practicadas en el Registro Civil. También piden que los datos se desglosen por país de residencia y que se detalle cuántos nuevos ciudadanos residen en España y cuántos continúan viviendo en el extranjero.

Quiere saber cuántas regularizados podrán pedir la nacionalidad

En relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes, Junts reclama conocer el número de solicitudes presentadas, admitidas, aprobadas, denegadas y pendientes de resolución tanto en el conjunto de España como en Cataluña, con datos específicos para las provincias catalanas. Asimismo, requiere al Gobierno que especifique la nacionalidad de las personas que hayan obtenido una autorización de residencia.

El partido liderado por Carles Puigdemont también solicita saber cuántos beneficiarios de la regularización podrán pedir la nacionalidad española en función de los plazos legales aplicables a cada nacionalidad o situación jurídica, incluyendo los de la vía rápida, es decir, los ciudadanos de países hispanoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, las personas de origen sefardí y también los datos de los refugiados y quienes estén sometidos al plazo general de residencia.

Además, Junts pregunta si algún ministerio, organismo público o entidad del sector público estatal ha elaborado estudios, informes, análisis estadísticos o proyecciones sobre la evolución de los expedientes de nacionalidad y regularización y sobre sus posibles efectos administrativos, demográficos o registrales. En caso afirmativo, exige que se identifiquen los documentos, su fecha de elaboración y el órgano responsable, o que se facilite una copia íntegra.

Quiere saber quién decide en qué lugar vota el registrado en el CERA

Junts ha registrado igualmente varias preguntas, recogidas por Europa Press, sobre la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtengan la nacionalidad. En concreto, quiere saber si el municipio propuesto por la persona interesada se incorpora automáticamente o es objeto de una comprobación previa, qué organismo realiza esa verificación y quién decide definitivamente el municipio y la provincia de adscripción electoral.

Madrenas también pregunta si existen instrucciones, circulares, protocolos o criterios internos para comprobar el municipio propuesto, en qué supuestos puede la Administración rechazarlo, qué criterios aplica cuando una persona acredita vínculos con más de un municipio o provincia y qué documentación considera suficiente para justificar esa elección.

Asimismo, Junts solicita saber en cuántos expedientes tramitados desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática la Administración ha fijado un municipio o provincia distintos de los propuestos por el interesado, así como el número y resultado de las reclamaciones administrativas o recursos presentados por esta cuestión.

El partido independentista subraya que las decisiones demográficas «no pueden adoptarse sin una planificación rigurosa» y advierte de que, si los estudios e informes reclamados no existen o no se hacen públicos, quedaría evidenciada una «grave falta de planificación» ante medidas de «gran trascendencia».

Junts también acusa al Gobierno de haber aprobado la regularización «con opacidad y por la puerta de atrás», ya que la decisión fue aprobada en el Consejo de Ministros y no fue llevada al Congreso porque, según afirman, sabían que este partido votaría en contra. Además, recuerda que en marzo de 2025 registró una proposición de ley para que Cataluña asumiera las competencias en inmigración, iniciativa que fue rechazada en el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos.