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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este miércoles, en Valladolid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar PuenteRubén Cacho

Incendios

Los datos de las comunidades autónomas desmienten a Puente: más inversión y recursos contra los incendios

El Estado dispone de recursos específicos para respaldar a las comunidades autónomas en grandes emergencias

Los datos desmienten lo último que ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de X, donde aseguró que «tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP», indicando que estas «jibarizan los servicios públicos».

Puente hacía referencia al despliegue de la UME en los incendios que afectan a comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León y la Comunidad de Madrid, presididas por Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente.

Sin embargo, pese a las críticas del ministro de transportes, la Comunidad de Madrid ha invertido en su plan INFOMA de 2026 casi 53 millones de euros, 1,6 millones más que el año anterior, que de por sí ya aumentó su presupuesto en un 8 %.

Por su parte, la Junta de Castilla y León, lejos de recortar, ha escalado sus incrementos anuales desde los 22 millones en 2023 hasta alcanzar un aumento récord de 65 millones solo en 2025, destinando la mayor parte del presupuesto precisamente a la estabilización del personal para consolidar un dispositivo público permanente los 12 meses del año. Y ya de cara al 2026 se prevén que 54,7 millones de euros se destinen solo para tratamientos preventivos.

El argumento de Puente, de que el Gobierno les «resuelve la papeleta» a las CCAA choca con los establecido en la ley de Montes (43/2003), que atribuye explícitamente al Estado el deber de apoyar a las autonomías con medios contra incendios, y la ley 17/2015, que indica que el Estado debe colaborar con las comunidades facilitando recursos humanos y materiales de emergencia.

Uso político de la UME

Puente también ha criticado el uso político de la UME, una afirmación que queda desmentida por lo sucedido durante el apagón de abril de 2025, donde ocho CCAA solicitaron que el Estado asumiera el mando directo, lo que indica una emergencia de nivel 3, una de estás fue Castilla La Mancha gobernada por el PSOE. Otro punto con respecto al uso de la UME es que durante un incendio de nivel 2 actúa dirigida por la autoridad autonómica designada, sin implicar que se dejen de utilizar otros recursos.

Además, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como el Ministerio de Defensa disponen de medios diseñados específicamente para ser movilizados para este tipo de emergencias. Ejemplos de esto son los aviones anfibios como el Airtractor AT-802, el helicóptero Bell 412 o las Unidades Móviles de Análisis y Planificación del MITECO.

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