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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene en la inauguración de la primera Cumbre Internacional contra el Odio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro contra el OdioEFE

Sánchez no sabe el coste de su «Hodio» y esconde cuánto ha cobrado Santaolalla por participar en un ágape con vino y gambones

La herramienta ‘Hodio’, pensada para controlar y censurar las redes, es otro gran fiasco del Ejecutivo: pese al despliegue de Sánchez, sigue en fase inicial y no hay previsiones del coste que puede suponer para las arcas públicas. Sí gastaron 11.000 euros en un monumental cáterin

Para Pedro Sánchez todo es «odio», aunque sea promovido por usuarios irrelevantes en las redes sociales, menos el odio de verdad: los insultos reiterados en TVE a los votantes del PP y de VOX; los montajes de la cloaca del PSOE para «matar a Balas»; la paliza al periodista José Ismael Martínez en el campus de Navarra a manos de grupos abertzales; la pedrada a la diputada de Vox Rocío de Meer; el acoso a la Guardia Civil en Alsasua con el Ospa Eguna exigiendo su destierro o, entre tantos ejemplos, el hostigamiento a la familia del niño de Canet por reivindicar la enseñanza en español en Cataluña.

Nada de eso fue suficiente para impulsar alguna medida que sí promovió para simular que su problema no es el bloqueo parlamentario, el rechazo de la ciudadanía y la corrupción, sino el odio que genera la «fachosfera» contra su proyecto «progresista».

Así, el líder socialista presentó con gran boato el pasado mes de marzo Hodio, una nueva herramienta digital para controlar las redes sociales, que enmascara un nuevo intento de censura por parte del Gobierno. El presidente reunió en la Galería de las Colecciones Reales a ministros y expertos en tecnologías, además del cantante Ismael Serrano o a la activista Sarah Santaolalla, que acudió con su brazo en cabestrillo tras la falsa agresión de Vito Quiles, desestimada por la justicia y el forense.

Sin embargo, cuatro meses después del evento, bautizado como ‘Foro contra el Odio’, aunque en un primer momento se presentó como una gran ‘cumbre internacional’, no sabe cuánto costó, ni tampoco tiene previsiones reales del coste de la herramienta, ni de cuándo estará disponible ya que aseguran que se están buscando a expertos para su diseño, por lo que todo apunta a que será un nuevo fiasco.

De hecho, el Ministerio de Inclusión, en una resolución del pasado 15 de junio, señaló respecto al coste del acto de presentación, que no «resulta posible aún proporcionar la información toda vez que el expediente económico se encuentra en curso de tramitación», por lo que además de no desvelar el dispendio que supuso un foro con el que justificar el control de las redes sociales, tampoco ha aclarado cuánto dinero pagó a cada uno de los ponentes que participaron en él, ni si su traslado o alojamiento se realizó con cargo a las arcas públicas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i), y Sarah Santaolalla

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i), y Sarah SantaolallaEuropa Press

Sánchez se encargó personalmente de encabezar el acto, junto al exministro de Exteriores de Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, ahora representante para la Alianza de Civilizaciones. El evento contó con varias mesas redondas en las que se analizaba el papel de las redes sociales y la primera de ellas, moderada por Eduardo Saldaña, codirector del medio digital El Orden Mundial y colaborador de La Sexta, estaba dedicada a la gobernanza y cooperación internacional, con personalidades políticas como el ministro Óscar López o la presidenta del Comité de Expertos en Inclusión Intercultural del Consejo de Europa, Karoline Fernández de la Hoz, mientras que la segunda analizó cómo «el odio socava la dignidad de las personas».

Para este debate, el Ejecutivo eligió a figuras polémicas, como la activista Sarah Santaolalla, a la que el Gobierno arropó de forma masiva, después de su encontronazo con Antonio Naranjo en ‘En boca de todos’, cuando el periodista desmontó, tras rechazar todo hostigamiento, la supuesta agresión que sufrió a las puertas del Senado por parte de Vito Quiles, limitándose a repasar la decisión judicial, basada en informes médicos, que desmontaba la existencia de contacto físico entre la denunciante y el denunciado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a varios ministros del Ejecutivo durante la inauguración del foro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a varios ministros del Ejecutivo durante la inauguración del foroPool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

La «experta» en odio y su impacto en personas y sociedades, desautorizada por los tribunales: no hubo agresión

El pasado mes de mayo el juzgado desestimó por completo su denuncia. Aun así, el Gobierno ya se había encargado de proporcionarle la correspondiente escolta y que Marlaska se encargó de convertir en secreto de Estado, ante la denuncia de todas las asociaciones policiales por desplazar a agentes a ese cometido mientras miles de mujeres, víctimas reales de violencia, están desprotegidas.

Además, solo unos días antes del evento, la ministra Elma Saiz ya había anunciado su presencia, pues, a su juicio, Santaolalla estaba “siendo víctima de una campaña de odio terrible", debido a las posiciones políticas que defiende desde su altavoz en RTVE y por las que se garantiza unas grandes cantidades de dinero público.

En concreto, según consta en una respuesta a la pregunta por escrito formulada por el Grupo Parlamentario Popular, el presidente de RTVE, José Pablo López, reveló que la tertuliana percibe cuatro remuneraciones diferentes como tertuliana en TVE, por importes de 350, 300, 250 y 150 euros (la cantidad que recibe en sus conexiones desde fuera del plató).

Por tanto, por sus 45 participaciones en Mañaneros 360 entre finales de abril y el 31 de agosto, Sarah Santaolalla percibió 12.150 euros. A esa cantidad hay que añadir 6.350 euros sus 21 intervenciones en Malas lenguas, el programa de Jesús Cintora, entre mayo y agosto. En total, 18.500 euros en apenas cuatro meses, a razón de 4.625 euros al mes.

Es más, el Gobierno ya había exhibido su sintonía y respaldo total Santaolalla en el acto institucional del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, cuando la activista siguió con el argumentario del Ejecutivo reclamando unas redes sociales en las que «los fascistas no campen a sus anchas» y las mujeres «no tengan que abandonarlas».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a Sarah Santaolalla, en un acto institucional por el 8-M

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a Sarah Santaolalla, en un acto institucional por el 8-MEuropa Press

Junto a ella, también participaron la actriz y directora trans Abril Zamora, así como a Mohamed El Harrak, marroquí que fue menor no acompañado y que actualmente es trabajador social y miembro asociación Ex Menas, de forma que el Gobierno se rodeó de activistas, convirtiendo el foro en un nuevo acto de propaganda en contra de todo lo que no sea a favor del Gobierno y manteniendo su coste en secreto.

Además, para entretener a los espectadores, el acto contó con Lamine Thior, cómico, actor y activista senegalés, además de colaborador del programa ‘Al cielo con ella’ de RTVE, para dar paso a una tercera mesa mucho más técnica que contó con la presencia de responsables de plataformas como Tik Tok o Meta, además del director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google, Miguel Escassi, sobre el que el gobierno se ha negado aclarar si su presencia ha sido retribuida o se ha cubierto cualquier otro gasto aparejado a su presencia.

Este nombre resulta relevante, ya que fue el directivo de la tecnológica que se reunió con Begoña Gómez para apoyar la cátedra de la UCM y que coloca a la mujer del presidente en el banquillo por cometer, presuntamente, los delitos de tráfico de influencias y malversación, según la Audiencia Provincial de Madrid.

El enlace de Google con Begoña Gómez participó en el acto

En el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado el pasado 20 junio, la figura de Escassi aparecía como el enlace de Gómez con la compañía. En concreto, fue la persona con la que se «reunió en el Palacio de la Moncloa en marzo de 2022, semanas antes del acuerdo entre Google y la Cátedra TSC».

Además, y siempre según el auto, los contactos se sucedieron de forma regular, tanto con la esposa del presidente como con su asesora, Cristina Álvarez, también imputada, y con la que intercambió mensajes de trabajo. «Esta interlocución culminó el 11 de julio de 2022, cuando María Cristina Álvarez remitió al entonces Vicerrector Doadrio el borrador de una carta de solicitud de colaboración económica por importe de 80.000,00 euros (40.000,00 euros anuales), instruyendo específicamente que dicha misiva fuera enviada a la dirección de correo personal de Miguel Escassi».

Días antes, los tres, Gómez, Álvarez y Escassi, habían coincidido en un acto en el Ateneo de Madrid organizado por la Fundación Pablo Iglesias, por lo que el magistrado concluye que «la secuencia documental demuestra que la obtención de dicho contacto y la concreción de la solicitud de fondos se produjeron de manera inmediata tras coincidir ambos en el citado evento». A esto añade que «este cronograma evidencia que el canal de comunicación para la captación de fondos privados de la Cátedra no siguió los cauces institucionales de la Universidad, sino que se canalizó (…) utilizando los contactos obtenidos en actos de naturaleza política para acelerar compromisos financieros en favor del proyecto privado».

No obstante, pese al silencio que pretende imponer el Gobierno al respecto de los gastos originados por el evento para ocultar si pagó o no a estos ponentes, El Debate ya publicó que el acto contó con un suculento catering, que incluía, entre otras viandas, gambón, foie y barra libre de vino. En concreto, la Dirección General de Gestión Migratoria, entidad dependiente del Ministerio de Inclusión, contrató este servicio, por valor de 11.220 euros, a Contigo Lola Catering. S.L.

A esto hay que añadir que tampoco ha desvelado qué personas fueron invitadas para acudir como público al evento con la excusa de proteger su intimidad. De hecho, el Ministerio ha asegurado que «por lo que se refiere a la relación nominal de asistentes, conviene precisar que la información solicitada contiene datos de carácter personal» y, por tanto, no piensa divulgarlos. Es más, sentencia que «la identificación de los asistentes no se estima determinante a la hora del control de la actuación pública ni se aprecia un interés público superior que justifique la vulneración de su derecho a la intimidad».

El Ministerio reconoce que la herramienta está en una fase incipiente sin previsión de fecha ni de coste

Por otra parte, en lo que concierne directamente al desarrollo de la herramienta, las respuestas del Gobierno no son más esclarecedoras. El Ministerio de Inclusión asegura que «se halla en una fase preliminar o inicial (proceso de implementación metodológica) por lo que el expediente completo no se encuentra finalizado ni se puede adelantar aún la información acerca del coste que supondrá», pese a que se presentó hace más de cuatro meses y el presidente aseguró que entraría en funcionamiento de inmediato, con informes iniciales previstos para las próximas semanas.

Resolución del Ministerio de Inclusión del 15 de junio

Resolución del Ministerio de Inclusión del 15 de junio

Resolución del Ministerio de Inclusión del 15 de junio

Resolución del Ministerio de Inclusión del 15 de junio

De hecho, según una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas de Vox sobre la herramienta, el Ejecutivo ha asegurado que aún se «están realizando estudios de viabilidad para determinar las vías de financiación más adecuadas, que incluyen la evaluación de fondos propios, así como la posible captación de recursos externos o subvenciones. De la misma manera, aún no se sabe el número de personas que estarán a cargo de la herramienta».

Cabe señalar que esta herramienta no es una app clásica, descargable y accesible al público en general, sino que, según señaló Sánchez, serviría para «medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia y la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España».

En concreto, según la respuesta parlamentaria del Gobierno, el sistema identificará mensajes públicos, potencialmente problemáticos a partir de un corpus de términos y expresiones asociados al discurso de odio y la polarización. Tras esto, los contenidos detectados se analizarán mediante procesos de clasificación que permitirán determinar si el mensaje «contiene elementos de desprecio, hostilidad, discriminación o generalización hacia un determinado colectivo social que van a minar la dignidad humana de esa persona por pertenencia a un determinado colectivo».

Así, según el Gobierno «cada seis meses se elaborará un informe que incluirá un ranking» de odio, en el que se ordenarán las diferentes «plataformas» con el objetivo de «comparar la exposición a mensajes hostiles de los usuarios de cada plataforma», para que «todo el mundo sepa quien frena el odio, quien mira hacia otro lado y quien hace negocio con el odio», según explicó el presidente.

Esta herramienta estaría alojada en la página del ministerio, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), un organismo adscrito al departamento de Elma Saiz, complementando al sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en Redes Sociales), una herramienta que permite monitorizar el discurso predominante en redes sociales, y que ha dado lugar a los informes y boletines periódicos que publica habitualmente el Ministerio, por lo que no se entiende muy bien la necesidad de destinar más recursos, salvo por el interés creciente del Gobierno de controlar las redes y la opinión pública.

‘Hodio’ se suma a la lista de fracasos digitales del Gobierno

No obstante, a la vista del tiempo que ha pasado desde su presentación y que aún se sigue estudiando cómo implementar la herramienta, no parece muy factible que termine de echar a andar, por lo que podría sumarse a la lista de soluciones tecnológicas presentadas por el Gobierno que han terminado en un absoluto fiasco.

Una de ellas fue la famosa aplicación de verificación de edad para acceder a contenido pornográfico, la llamada Cartera Digital Beta que la opinión pública bautizó enseguida como 'pajaporte' y que costó más de 600.000 euros, sin que se haya llegado a implementar de forma efectiva.

Otro de los grandes fracasos del Gobierno fue MeToca, la aplicación ideada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero para repartirse las tareas del hogar. Sólo consiguió 11.201 descargas en sus seis meses, para terminar retirándose de las tiendas de aplicaciones a los dos años escasos de su lanzamiento. Tuvo un coste de 211.750 euros que recayeron en la consultora tecnológica Wairbut S.A., según los datos recabados por Europa Press de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Pero sin duda la más cara de todas las aventuras tecnológicas del Gobierno fue el fallido ‘Radar Covid’, con el que se pretendía avisar a los ciudadanos cuando habían tenido un contacto cercano con algún positivo de coronavirus. Un sistema que fue puesto en cuestión por la Agencia de Protección de Datos y que, además, apenas sirvió para detectar menos del 1 % de los contagios (124.555 casos) y le costó a los españoles nada menos que 4,2 millones de euros.

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