Marlaska oculta el gasto de la escolta policial a Sarah Santaolalla invocando la Ley franquista de Secretos Oficiales

Marlaska ha convertido en secreto de Estado los motivos para otorgar escolta policial a la comunicadora Sarah Santaolalla tras el incidente con Vito Quiles a las puertas del Senado. El ministro, que ya avanzó que pediría «toda la información» al respecto y, en su caso, adoptaría «las medidas necesarias», ahora prefiere callar ante el aluvión de críticas y las dudas al respecto de la legalidad de la medida.

De hecho, el ministerio ha recurrido una vez más a la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968 para echar tierra sobre el asunto y, de esta forma, no tener que justificar la medida adoptada, ni remitir a este periódico el expediente administrativo elaborado para tal fin ni identificar al cargo policial que la concedió. Marlaska hace suyas las palabras recogidas en el texto franquista al señalar que «aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación y que constituyen los verdaderos «secretos oficiales».

En concreto, en un documento en poder de El Debate, Eugenio Pereiro, director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha explicado que la adopción de medidas como la imposición de la escolta «está sujeta a un régimen de acceso restringido, en virtud de lo establecido en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, adoptados al amparo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, así como de sus ampliaciones de fechas 17 de marzo y 29 de julio de 1994».

De esta forma da carpetazo a la cuestión, sentenciando que «no resulta posible proporcionar acceso a información que, por su propia naturaleza, pueda afectar gravemente a la seguridad pública o a la protección de personas», tal y como concluye en su escrito de este 31 de marzo.

Cabe recordar que, aunque Santaolalla acudió a un centro hospitalario para obtener un parte de lesiones, que posteriormente incorporó a una denuncia policial contra Quiles que incluía una orden de alejamiento, un juzgado de Madrid rechazó esa petición, ya que consideró que no corría ningún riesgo, lo que ha llevado a los sindicatos policiales a mostrar su indignación por el uso arbitrario de la protección policial.

Los sindicatos cuestionan la legalidad de las medidas de protección a Santaolalla

De hecho, desde el Sindicato Unificado (SUP) reclamaron al ministro «conocer los informes técnicos que justifican el despliegue de medios policiales a este servicio» y que explique «si se han detraído efectivos de otras unidades operativas».

Del mismo modo, Jupol ha denunciado el uso de efectivos para una escolta formada por cuatro agentes que considera «injustificada», calificando la medida de «absoluto escándalo», pues «los policías nacionales deben estar donde realmente se les necesita: en la calle, garantizando la seguridad de los ciudadanos y protegiendo a los contribuyentes que sostienen con sus impuestos los servicios públicos».

Además, han recordado que llevan años denunciando lo que consideran un exceso de escoltas policiales asignados a perfiles políticos o mediáticos y que deberían estar destinados a labores de vigilancia, prevención del delito o atención a víctimas, mientras se establecen cargas de trabajo excesivas para los agentes encargados del seguimiento de víctimas de violencia de género.

Junto a ello, varios juristas también han cuestionado la medida, ya que la concesión de este tipo de protección implica el uso de recursos públicos especializados, por lo que debe estar sustentada en criterios objetivos y en una valoración técnica documentada, que ahora Marlaska trata de ocultar.

Pero, al margen de los criterios seguidos para establecer este sistema de protección personal, otro de los asuntos que han denunciado los sindicatos policiales es el gasto público que esto supone para las arcas públicas. De hecho, fuentes de Jupol estiman en unos 12.000 euros la cantidad mensual.

«Eso correspondería al salario bruto mensual de cuatro agentes dedicados exclusivamente a la escolta. Pero a eso habría que sumar los gastos que se generen del dispositivo, como vehículos, gasolina, dietas, manutención, etc. Es imposible de cuantificar, pero mínimo estamos hablando de 12.000 euros», afirmaron desde el sindicato.

No obstante, según ha publicado The Objective, ante el revuelo causado, Interior ha procedido a retirar el servicio de escolta dinámica del que disfrutaba la tertuliana, después de una nueva valoración de los riesgos que pueda sufrir, los cuales han sido rebajados de una intensidad «media» a «baja». De esta forma, Santaolalla deberá comunicar su agenda y sus salidas de forma específica y será la Policía la que establezca si es necesario desplegarse y realizar labores de vigilancia en momentos y puntos clave, eliminando la escolta permanente en sus desplazamientos.