Sarah Santaolalla participa en una mesa redonda
El cálculo del gasto de la escolta policial a Sarah Santaolalla: «Mínimo hablamos de 12.000 euros al mes»
Más allá del propio gasto, las quejas vienen ante esta protección especial en un caso que ha sido puesto en duda por la Justicia, mientras que otros muchos son imposibles de seguir
La analista y comunicadora Sarah Santaolalla cuenta, desde hace unos días, con protección policial, otorgada por el Ministerio del Interior después del altercado ocurrido entre ella y el activista Vito Quiles a las puertas del Senado.
Aunque Santaolalla acudió a un centro hospitalario para obtener un parte de lesiones, que posteriormente incorporó a una denuncia policial contra Quiles que incluía una orden de alejamiento, un juzgado de Madrid rechazó esa petición, asegurando que no podía determinarse con claridad que se hubiera producido una agresión ni que existiera un riesgo para la integridad de la denunciante.
Pese a todo esto, a Santaolalla se le han asignado cuatro agentes de policía para su protección personal, una circunstancia que, como hemos contado en El Debate, ha provocado las críticas de diferentes policías y juristas que dudan que esta medida sea legal. «Los policías nacionales deben estar donde realmente se les necesita: en la calle, garantizando la seguridad de los ciudadanos y protegiendo a los contribuyentes que sostienen con sus impuestos los servicios públicos», afirma Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional.
Preguntados por este periódico sobre el desemboloso económico que provoca esta protección especial, fuentes de Jupol estiman en unos 12.000 euros la cantidad mensual. «Eso correspondería al salario bruto mensual de cuatro agentes dedicados exclusivamente de la escolta. Pero a eso habría que sumar los gastos que se generen del dispositivo, como vehículos, gasolina, dietas, manutención etc. Es imposible de cuantificar, pero mínimo estamos hablando de 12.000 euros», afirman desde el sindicato.
Más allá del propio gasto, las quejas vienen ante esta protección especial en un caso que ha sido puesto en duda por la Justicia, mientras que otros muchos son imposibles de seguir ante el desbordamiento en la Policía. «En algunos casos un solo agente debe realizar el seguimiento de decenas de mujeres con medidas de protección activas, una situación que evidencia la falta de recursos disponibles». Una disponibilidad de la que sí ha gozado Santaolalla.
