Dos menores inmigrantes, en una imagen de archivo
Así son las 'pagas' de los menores en Aragón que Vox quiere suprimir: semanales, fijas y fuera del presupuesto
Esta comunidad autónoma acoge en estos momentos a 219 menores inmigrantes. Así, la Consejería de Desregulación cifra la cuantía total por estas pagas en casi 180.000 euros anuales
Vox asegura tener «plena garantía» de que esta decisión se ajusta por completo al marco legal
La orden de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia de Aragón, que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), de suprimir la 'paga' semanal que han venido recibiendo los menores extranjeros no acompañados en la región ha provocado una polémica que, de nuevo, ha saltado al plano nacional ante la reacción del Gobierno central, en concreto del Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, y en general de la izquierda, que tilda la medida de «racista».
La decisión se tomó después de que la Consejería detectara, a través de las auditorías internas de gastos que está llevando a cabo desde la llegada de Vox al Ejecutivo, que se estaban dando estas pagas, sufragadas por el Gobierno regional, por tanto con dinero público. Ni siquiera había una asignación presupuestaria. Se trata de una paga de 17 euros que se estaba dando a cada menor para libre disposición, de forma semanal (por lo tanto, 68 euros al mes) y fija, la misma para todos los menores inmigrantes acogidos. La Consejería cifra la cuantía total en casi 180.000 euros al año, dado que el número de menores acogidos ahora mismo en Aragón tras los repartos del Gobierno de Sánchez asciende a 219.
Tal como trasladan fuentes conocedoras, esta es la única paga que estaban recibiendo estos menores, porque la manutención, el alojamiento y otras cuestiones los reciben por parte del Ejecutivo autonómico por estar acogidos, y se estima que esto podría costar en torno a 6.000 euros por menor.
Como informó la Consejería, el vicepresidente Nolasco dirigió esta orden, que se ha articulado a través de una instrucción interna que han dictado de forma coordinada el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero. Esa instrucción se ha remitido a los centros de menores y también al Gabinete del presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Alejandro Nolasco ha subrayado en declaraciones a El Debate que estas pagas «se estaban dando sin ningún tipo de encaje legal o de soporte jurídico». Considera que estos menores no tienen que tener ningún tipo de privilegio y menos recibir una paga «que ni siquiera consta, que no existe oficialmente, que está fuera del presupuesto». E insiste en que, como defiende su partido, donde deben estar los menores es con sus familias en sus países de origen.
La polémica estalló cuando por la tarde se conoció que el Ministerio de Sira Rego puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores esta decisión que, a su juicio, «establece una diferencia de trato entre niños y niñas tutelados por la misma administración en función de su origen» y «criminaliza a menores por no haber nacido aquí». Según el departamento de Juventud e Infancia esta medida podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los menores, una discriminación y un delito de odio. No obstante, al Ejecutivo autonómico no le consta una denuncia formal, sino que, al menos hasta este martes, ha conocido la reacción del Gobierno a través de los medios de comunicación.
Y desde el PP, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Mar Vaquero, que se remitió a los términos en los que quede redactada de forma definitiva la instrucción del departamento de Nolasco, incidió en que cualquier actuación que lleve a cabo el Gobierno de Aragón «irá respaldada por los informes jurídicos» y por lo tanto será «acorde a la legalidad», un extremo, recalcó, del que son conscientes todos los miembros del Ejecutivo autonómico.
Además, expresó el respeto a las acciones que se tomen por parte de todas las consejerías en el ejercicio de sus competencias y en el marco del acuerdo firmado por PP y Vox. «No es una cuestión que se someta a votación en el ámbito de gobierno. Es una medida dentro de las competencias de la propia Consejería», señaló Vaquero, reiterando el requisito de que todo tenga un respaldo jurídico.
Precisamente desde Vox trasladan a El Debate que se ha pedido el correspondiente informe jurídico y aseguran tener «plena garantía» de que es una decisión que se ajusta «por completo» al marco legal. Subrayan así que «no existe ninguna norma legal que establezca la obligación de abonar una asignación económica personal» a estos menores.
Detallan en este sentido que estas pagas no están reguladas ni en la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario, ni en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ni en el Decreto 100/2024, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en esta región.
Estas fuentes explican que tampoco el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) contempla en sus créditos presupuestarios ninguna partida específica para abonar «asignaciones económicas personales, propinas, gratificaciones o conceptos equivalentes» a favor de los menores inmigrantes; ni se contempla, por otro lado, en los conciertos firmados con las entidades que gestionan los centros de menores. «Respetamos el cauce establecido, cumplimos el acuerdo de Gobierno y actuamos con la tranquilidad de saber que nos movemos dentro de la ley», aseguran desde Vox.
