La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego
Rego eleva por decreto la cuota de menores en Baleares tras decir que «no tenía sentido» enviar más
La ministra exhibió empatía en abril al reconocer la asfixia de las islas, pero eleva ahora la cuota hasta las 434 plazas mientras Mallorca se ve obligada a ampliar a la desesperada un cuartel militar
«No tiene sentido que se envíen más niños» a Baleares. La empatía de la ministra Sira Rego con el colapso migratorio de Baleares duró exactamente una vuelta por Baleares. El pasado mes de abril, la titular de Juventud e Infancia visitó Palma para defender el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados y declaró ante los medios que «no tenía sentido» saturar más unas islas asfixiadas. De boquilla, todo eran palmadas en la espalda; en el Consejo de Ministros, el golpe de realidad.
El Ejecutivo central ha despachado un Real Decreto que eleva por imperativo legal la cuota de acogida ordinaria del archipiélago hasta las 434 plazas, 28 más que el año pasado. Un trágala estatal en toda regla que llega en pleno goteo estival de pateras y que ha obligado paralelamente al Consell de Mallorca (PP-Vox) a activar obras de urgencia para ampliar a la desesperada el antiguo cuartel militar de Son Tous, donde desde principios de año se acoge de forma temporal a estos jóvenes, mientras siguen llegando más pateras.
«No entendemos nada. O no se coordinan o nos toman el pelo. Aquello que nos dicen a la cara, después aprueban otra cosa en el Consejo de Ministros», ha criticado el conseller del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, cuya institución tutela ya a cerca de 400 menores extranjeros, lo que significa que este perfil representa a dos de cada tres jóvenes de todo el sistema de protección de la isla.
Falta de palabra
Sánchez ha criticado la «falta de palabra» de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quien había reconocido que «no tiene sentido que se manden más niños» al archipiélago.
Baleares tutela actualmente a 795 menores, una cifra que prácticamente duplica la capacidad ordinaria que el propio Estado le asigna. Lejos de aliviar la presión, el gobierno añade 28 plazas adicionales. Para el Ejecutivo autonómico, el problema no es el número concreto sino más obligaciones para un sistema que ya funciona al límite.
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Ejecutivo autonómico, Sandra Fernández, ha sido tajante: «Nuestros servicios de protección están completamente desbordados y, en lugar de aliviar esta presión, el Estado decide aumentar una capacidad que ya considerábamos excesiva y que no responde a la realidad que vivimos cada día». Fernández ha lamentado profundamente que el Gobierno central «vuelva a adoptar una decisión de espaldas a la realidad que viven los territorios que están en primera línea de la presión migratoria».
Durante la fase de tramitación del real decreto, el Ejecutivo autonómico ya mostró su rechazo expreso al incremento de la capacidad y trasladó formalmente su posición al Estado. Sin embargo, la respuesta de Madrid fue ignorar las alegaciones insulares. Tras este portazo administrativo, el Govern balear de Marga Prohens (PP) ya ha confirmado que llevará a los tribunales la imposición del Gobierno de Sánchez con el reparto de menores extranjeros y batallará la nueva cuota de plazas por la vía judicial.
