Baleares llevará a los tribunales la apisonadora del Gobierno de Sánchez con el reparto de menores extranjeros

Baleares volverá a los tribunales si el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba el aumento de plazas para acoger menores migrantes. El Govern ha reafirmado su intención de recurrir cualquier decreto que amplíe la capacidad de acogida de menores no acompañados en las islas. Así lo ha advertido este viernes el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern.

Aunque la propuesta estatal todavía no se ha materializado en una norma definitiva, el Govern da por hecho que, si sale adelante, responderá con nuevos recursos ante los tribunales. Costa dejó claro que el Ejecutivo autonómico no modificará su línea de actuación y continuará enfrentándose jurídicamente a aquellas decisiones que considere impuestas sin consenso. En este sentido, insistió en que Baleares seguirá en una posición de «oposición frontal» frente a iniciativas del Gobierno de Sánchez que afecten a competencias o políticas con las que discrepa.

El foco del conflicto se sitúa en el borrador de real decreto que plantea redefinir la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados. En el caso de Baleares, el documento propone elevar el umbral actual de 406 a 434 plazas. Según el planteamiento del Estado, este incremento permitiría alejar al archipiélago de una eventual declaración de contingencia migratoria, como la que afecta a territorios con mayor presión, entre ellos Canarias, y reforzaría un sistema de reparto basado en la corresponsabilidad entre comunidades autónomas.

Sin embargo, el Govern rechaza de plano esta interpretación. Considera que el aumento de plazas supone, en la práctica, una imposición encubierta que obligaría a las islas a asumir más menores de los que considera asumibles. Costa recordó que el Ejecutivo autonómico ya cuestionaba la cifra actual de 406 plazas, por lo que descarta aceptar cualquier ampliación. En caso de aprobarse el decreto, avanzó que los servicios jurídicos de la comunidad activarán de inmediato los mecanismos legales para impugnarlo.

La negativa del Govern se apoya, en gran medida, en la situación actual de los recursos de acogida. Según detalló el vicepresidente, en estos momentos Baleares tutela a más de 700 menores no acompañados, una cifra que supera ampliamente la capacidad inicialmente prevista. Este desajuste, afirmó, evidencia la presión que soporta el sistema. Como ejemplo ilustrativo, citó el caso de Formentera, donde alrededor de 140 menores están siendo atendidos pese a que las infraestructuras disponibles están diseñadas para menos de diez.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico fija una línea roja clara: no asumir nuevos traslados. Costa insistió en que no es viable incorporar a más menores mientras la red siga tensionada y subrayó que existe una percepción social de saturación ante la continuidad de las llegadas y la falta de soluciones estructurales.

Pese a la contundencia de su postura, el Govern reconoce que su estrategia judicial no ha tenido hasta ahora los resultados esperados. Los tribunales no han avalado las medidas cautelares solicitadas para frenar los traslados de menores desde otros territorios, lo que ha obligado a Baleares a aceptar parte de estos movimientos. No obstante, varios procedimientos siguen abiertos y pendientes de resolución definitiva, algunos de ellos en instancias superiores como el Tribunal Supremo.

Lejos de reconsiderar su planteamiento, el Ejecutivo balear asegura que mantendrá esta ofensiva legal. Costa concluyó que continuarán presentando recursos cada vez que el Gobierno central impulse medidas que, a su juicio, supongan una imposición, y que agotarán todas las vías disponibles para defender lo que consideran una posición justa y respaldada por la ciudadanía.