El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar el patrimonio de la secretaria de Zapatero

El magistrado José Luis Calama, instructor del denominado 'caso ZP' que se sigue contra José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional, ha autorizado a los funcionarios adscritos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a ampliar la información que se considere pertinente sobre el patrimonio de la secretaria del ex presidente del Gobierno, también imputada, Gertrudis Alcázar. La mujer, conocida bajo el diminutivo de 'Gertru', era la encargada de custodiar los efectos de la caja fuerte que los investigadores abrieron durante la entrada y registro en el despacho profesional de Zapatero y en la que se encontraron las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros.

En un nuevo auto dictado por el juez Calama, al que ha tenido acceso El Debate, se habilita a los agentes de la UDEF a rastrear todas las propiedades a nombre de Alcázar, así como analizar los movimientos de sus cuentas bancarias y productos financieros, con la advertencia de que en el caso de que los Servicios Centrales de la entidad o entidades bancarias correspondientes, no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto debe contactarse con la sucursal concreta, en cuestión.

La UDEF mantiene que Gertru «tendría un papel relevante» en la presunta operativa, «constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos». De hecho, los investigadores han recalcado cómo «hasta la fecha no se ha tenido constancia» de que la secretaria de Zapatero haya recibido fondos procedentes, «directa o indirectamente, del entramado societario investigado», pero tampoco descartan que haya podido ser así por lo que, «en atención a su rol relevante» estimaron conveniente «efectuar consultas básicas relativas a su patrimonio», a las que ahora ha accedido el magistrado.

Cabe recordar que la UDEF ha constatado, al menos, que compró un inmueble en el municipio madrileño de Velilla de San Antonio, todo ello «sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros», tal y como reveló, en primicia, este diario.

Además, el magistrado instructor también ha pedido profundizar en la información que pueda proporcionar el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), sobre la operativa financiera del propio Zapatero, de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa y de las entidades Affita SL., Inteligencia Prospectiva SL y Caleton Consultores SL, como algunas de las empresas vinculadas a la presunta «organización criminal» orientada al blanqueo de capitales y, supuestamente, liderada por el ex líder del PSOE.

Estas nuevas averiguaciones ordenadas por el juez Calama se enmarcan en el denominado 'caso Plus Ultra', en el que se rastrean las presuntas irregularidades cometidas para el rescate otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, por valor de 53 millones de euros, por el que Zapatero habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir en dicha inyección financiera, hechos por los que acordó su imputación.

Testaferro y dueño de Analisis Relevante

Calama también permite a los agentes que investiguen determinadas cuentas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero y dueño de Análisis Relevante, mercantil investigada en el proceso por haber realizado pagos bajo sospecha al entorno del expresidente, supuestamente a cambio de su presunta mediación en el rescate.

De la misma forma, el instructor da luz verde a los investigadores para que analicen otros productos bancarios de sociedades bajo sospecha en el proceso, tales como Inteligencia Prospectiva para lo que se han emitido los correspondientes oficios y mandamientos que permitirán reclamar nueva documentación y los extractos detallados de todos los movimientos bancarios.

El juez ordena, además, la apertura de una pieza separada secreta en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, «quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas».

«Una vez realizada dicha depuración conforme a los criterios establecidos, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida, así como los anexos que incluyan los datos a los que dichos informes hagan referencia expresa, quedando todo ello accesible para las partes personadas», ha decidido Calama.

Por otro lado, la UDEF expone que ha tenido conocimiento de que la empresa ASP Rentas «es la sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez» que registra un mayor volumen de movimientos de fondos en sus cuentas bancarias, hasta el 1.984,521,15 euros, frente al 1.996.984,41 euros de salidas en el periodo comprendido entre 2020 y 2025. Unas cifras que «contrastan con los ingresos declarados (89.540 euros)».

Analizando las operativas de esta sociedad, la UDEF señala que existen «indicios sólidos sobre su empleo como sociedad instrumental, considerando que es necesario analizar el destino y trazabilidad de los fondos», para lo que también han obtenido el visto bueno del magistrado Calama.