Ceuta revive la presión migratoria que ya doblegó a Sánchez ante Marruecos

Este jueves han llegado a Ceuta por vía marítima 30.000 inmigrantes ilegales, en un nuevo capítulo en la historia de una de las fronteras más vulnerables de España. A las pocas horas de que se produjera esta avalancha de personas en la ciudad autónoma, se dio a conocer la colaboración entre España y Marruecos por el Ministerio del Interior, que ha destacado la «ejemplar colaboración» entre ambos países.

Esta respuesta por parte de un Gobierno que en los últimos meses no ha dejado de sacar pecho por las éticas de sus medidas migratorias resulta paradójica. Han sido estas mismas medidas, y la ausencia de otras muchas, las que han generado un «efecto llamada» que ha abocado al país a los sucesos acaecidos este 30 de julio.

A estos factores hay que añadir que el Tribunal Supremo ha establecido que la ley de extranjería, en su disposición adicional décima, no prevé la posibilidad de aplicar el rechazo en frontera, más conocido como «devolución en caliente», a los inmigrantes interceptados en alta mar.

Una llegada de inmigrantes de la que ya estuvieron alertando los agentes de la Guardia Civil el pasado martes, que cifraban entre 100 y 200 los intentos diarios de acceder a la ciudad autónoma por parte de marroquíes, argelinos y subsaharianos.

Sin embargo, las cifras del día de este jueves tampoco resultan ninguna novedad. Su antecedente más cercano está en la madrugada del 17 de mayo de 2021, donde entre 12.000 y 15.000 personas entraron a nado por la Playa del Tarajal, siendo aproximadamente 1.500 de ellos menores de edad. Una noche marcada por la permisividad de Marruecos como respuesta a la decisión del Gobierno de Sánchez de hospitalizar al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

El presidente se desplazó a Ceuta y movilizó a policías, guardias civiles y al Ejército para controlar la situación en las fronteras de ambas ciudades autónomas. Sus socios de Gobierno, Podemos en ese entonces, apenas se pronunciaron al respecto, centrándose únicamente en el aspecto humanitario de la situación.

Desde la oposición, el PP calificó la situación como una «crisis diplomática», exigiendo la inmediata dimisión del ministro Marlaska por su «nula política migratoria». Vox señaló lo que consideraron una «invasión» o una «ocupación», reclamando la actuación de las fuerzas armadas para lograr la expulsión de los «asaltantes». Por último, Ciudadanos reclamó un plan para proteger el país de la inmigración irregular y calificó las acciones de Marruecos como «chantaje migratorio».

La respuesta internacional

A nivel internacional, España recibió una respuesta de apoyo inmediata. El en aquel entonces presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que «las fronteras de España son las fronteras de Europa», señalando que «la cooperación, la confianza y los compromisos compartidos deberían ser los principios de una relación fuerte entre la UE y Marruecos», una posición a la que se sumó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que abogó por buscar «soluciones europeas comunes».

Quien fue más crítica con las acciones de Marruecos fue la antigua comisaria de Interior, Ylva Johansson, que señaló que «lo más importante ahora es que Marruecos siga comprometido para evitar salidas de inmigrantes irregulares». Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a ambos países a que llegasen «a un acuerdo para tratar de calmar la situación».

La presión diplomática ejercida por Marruecos mediante el uso de la inmigración masiva culminó en marzo de 2022 con el giro histórico en la política exterior española respecto al Sáhara Occidental, apoyando la propuesta de autonomía marroquí como la más «seria, creíble y realista». En el ámbito de la seguridad, este evento propició que la inmigración fuera reconocida por la OTAN como una posible «amenaza militar híbrida» en su Concepto Estratégico de 2022, tras haberse movilizado por primera vez al Ejército para la gestión de las llegadas en Ceuta.