El último informe de Seguridad Nacional bajó el nivel de riesgo de los «flujos migratorios irregulares»

El último informe de Seguridad Nacional redujo el nivel de amenaza de los «flujos migratorios irregulares», que en los dos informes anteriores (2023-2024 y 2024-2025) señalaban con un riesgo elevado. El Informe Anual de Seguridad Nacional de España es elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), que depende del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. El análisis es elaborado a partir de una encuesta de percepción de riesgos con la participación de más de 400 expertos. Se da la circunstancia de que recientemente se ha dado entrada a numerosos expertos del ámbito científico para «reforzar el papel de conocimiento científico en la toma de decisiones del Gobierno de España».

El informe dedica un análisis a la evolución del problema en 2025, concluyendo que «la migración irregular hacia España (entradas por vía marítima y las terrestres por Ceuta y Melilla) se ha reducido cerca de un 43 % respecto del año 2024, alcanzando las cifras más bajas desde el año 2022». No obstante, el informe pone de relieve que, a pesar del descenso, «cabe destacar el notable aumento de llegadas a las Islas Baleares, así como el incremento de entradas a través del perímetro fronterizo en la Ciudad Autónoma de Ceuta».

En cambio, en el informe referido a 2024, en el Mapa de Riesgos —que clasifica dieciséis amenazas según su nivel de impacto y grado de probabilidad en una escala de 0 a 5—, los flujos migratorios irregulares se ubican dentro del bloque de «riesgos elevados», junto con las campañas de desinformación, la tensión estratégica y regional, el espionaje y las injerencias desde el exterior, la inestabilidad económica y financiera, y el terrorismo y la radicalización violenta.

Esta circunstancia motivó un encontronazo parlamentario en la comisión mixta de Seguridad Nacional que tuvo lugar el pasado 26 de junio. Comparecía Diego Rubio Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cuando fue interpelado por el diputado popular Rafael Hernando.

Rubio centró su exposición sobre el Informe Anual de Seguridad Nacional en el análisis en tres grandes ejes: el contexto internacional, la seguridad dentro de España y la ciberseguridad. La inmigración solo apareció en su intervención de forma indirecta, al señalar que España no es ajena a las consecuencias humanitarias de los conflictos internacionales y defender una política exterior basada en la cooperación internacional, el apoyo al sistema multilateral y el incremento de la ayuda al desarrollo.

A continuación, tomó la palabra Hernando, quien reprochó al Gobierno que el nuevo Informe de Seguridad Nacional haya reducido la importancia de los flujos migratorios irregulares dentro del mapa de riesgos. Según Hernando, el Ejecutivo ha modificado el enfoque del informe al incrementar el peso de expertos en desinformación y emergencias mientras disminuye el de especialistas en crimen organizado y migraciones, lo que, a su juicio, ha provocado que «milagrosamente» los flujos migratorios irregulares hayan dejado de figurar como un problema relevante para la seguridad nacional.

El diputado popular también criticó la política de regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Afirmó que se pretende regularizar a personas que entraron irregularmente el año anterior «sin tener en cuenta los antecedentes penales ni los informes policiales», y advirtió del riesgo de que delincuentes o posibles terroristas puedan obtener documentación legal mediante ese procedimiento.

Asimismo, sostuvo que las mafias ya estarían actuando para aprovechar esos procesos administrativos, recordando que las fuerzas policiales han detectado organizaciones dedicadas a la falsificación de documentos con el objetivo de facilitar la obtención de permisos de residencia. También denuncia supuestas irregularidades en la expedición de documentación relacionada con partidas de nacimiento, asegurando que podrían estar utilizándose documentos falsificados sin las comprobaciones necesarias.