Veintidós días entre la sentencia del Supremo y el asalto a la frontera

Quien ha pasado la vida leyendo atestados sabe que la mentira no suele consistir en decir algo falso, sino en ordenar lo verdadero.

En la morgue improvisada del antiguo hospital militar de Ceuta había este lunes ochenta y ocho cadáveres, todos recuperados en el lado español. La Delegación del Gobierno atribuía oficialmente setenta y dos a la avalancha del 30 y el 31 de julio; entre los restantes había cuerpos recuperados en intentos inmediatamente anteriores y casos pendientes de atribución definitiva. Marruecos reconocía otros once en sus aguas, de modo que el recuento conjunto rondaba ya el centenar y seguía abierto.

Ese debería ser el primer hecho de cualquier explicación sobre lo ocurrido. Esta mañana, al escuchar en Televisión Española al ministro de Asuntos Exteriores, no lo fue. Por eso no busqué el error, sino el calendario. En un sumario, antes o después, son las fechas las que deshacen una teoría.

Las fechas son estas. El 29 de junio, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia, hecha pública el 8 de julio, que fijó doctrina sobre la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. Quien intenta entrar a nado en Ceuta no supera un elemento de contención fronterizo y, por tanto, no puede ser objeto de rechazo en frontera. Debe aplicársele el procedimiento de devolución del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000.

La prudencia diplomática obliga a seguir hablando con Marruecos, aunque en ningún caso a describir como fiabilidad lo que, en el mejor de los casos, ha sido colaboración posterior

El tribunal no ordenó instalar una barrera en el mar. Dijo algo más limitado y bastante fácil de entender: nada impediría aplicar aquella disposición si existieran elementos materiales de contención marítima. El 15 de julio habían entrado ya por tierra en Ceuta 2.826 personas, un 149,4 % más que durante el mismo periodo del año anterior. El 27 de julio, después de más de mil entradas en una semana, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma trataban la situación como una emergencia. El 30 de julio entraron decenas de miles. La barrera flotante se instaló después.

Veintidós días transcurrieron entre la publicación de la sentencia y la madrugada en que la frontera se deshizo. Las redes sociales pueden explicar que miles de personas creyeran que podrían entrar. No explican por qué nadie se preparó para recibirlas.

Vayamos a las afirmaciones del ministro.

Primero, Marruecos.

José Manuel Albares sostiene que Rabat colaboró «desde el primer momento» y que es un «socio fiable». Son afirmaciones distintas. La primera puede sostenerse respecto del cierre posterior de la frontera y de la salida de quienes habían entrado. La segunda exige algo más.

Los servicios de inteligencia españoles concluyen ahora que Marruecos no planificó la avalancha, pero que relajó la vigilancia, permitió que se produjera y después la aprovechó políticamente. Es una explicación más precisa que atribuirlo todo a una operación concebida de antemano, pero no absuelve a Rabat. De un socio fiable se espera algo más que colaborar cuando decenas de miles de personas han cruzado ya la frontera: se espera que advierta de lo que está ocurriendo en su territorio y que mantenga los dispositivos necesarios para impedirlo.

La madrugada del 30 de julio era, además, la Fiesta del Trono, el día nacional marroquí. La reducción de la vigilancia coincidió con una jornada en la que el aparato de seguridad del reino no podía ignorar la concentración de miles de personas en torno a Castillejos. Marruecos quizá no organizó el movimiento, pero lo vio formarse, dejó de contenerlo y no alertó a España de su dimensión.

Cinco años antes, en mayo de 2021, el Centro Nacional de Inteligencia había concluido que la entrada masiva de entonces respondió a una estrategia «perfectamente planificada y dirigida desde las más altas instancias del poder». Aquello sucedió después de la hospitalización en España del dirigente del Frente Polisario Brahim Gali y terminó con la retirada de la embajadora marroquí. El precedente no prueba que ahora haya ocurrido lo mismo, pero sí que España conoce desde hace años la capacidad de Rabat para utilizar la frontera cuando le conviene.

La prudencia diplomática obliga a seguir hablando con Marruecos, aunque en ningún caso a describir como fiabilidad lo que, en el mejor de los casos, ha sido colaboración posterior.

Segundo, la «internacional reaccionaria».

Albares no ha precisado quién forma parte de esa internacional. Conviene hacerlo antes de convertir una expresión en argumento. Si se refería a los gobiernos que reaccionaron con mayor dureza, el 1 de agosto Italia y Dinamarca promovieron una carta dirigida a António Costa, Ursula von der Leyen y la presidencia irlandesa. La firmaron veintidós jefes de Estado y de Gobierno: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia.

Solo cinco Estados no la suscribieron: España, Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo.

Veintidós de veintisiete no son institucionalmente la Unión Europea, pero tampoco una facción marginal. Entre ellos hay gobiernos socialdemócratas, liberales, democristianos y conservadores. Algunos pertenecen a la misma familia política europea que el Gobierno español. Otros llevan quince años pidiendo solidaridad ante crisis migratorias propias.

De un socio fiable se espera que advierta de lo que está ocurriendo en su territorio y que mantenga los dispositivos necesarios para impedirlo

La carta, leída entera, dista de ser un panfleto contra España. Reconoce la cooperación con Marruecos, reclama apoyo europeo para recuperar el control de la frontera y propone reforzar la presencia de Frontex. Pero expresa una preocupación grave por la gestión española, menciona la regularización extraordinaria como posible factor de atracción y advierte de que sus firmantes están dispuestos a reforzar o reintroducir controles temporales en las fronteras interiores.

El mismo día se enviaron dos cartas. En una, Pedro Sánchez solicitó una videoconferencia urgente de ministros del Interior y calificó de «egoísta, polarizadora e ilegal» la reacción de algunos socios. En la otra, veintidós gobiernos pidieron esa misma reunión, pero con un diagnóstico muy distinto. La presidencia irlandesa la ha convocado. España acude, por tanto, a una reunión que ella misma reclamó y que otros veintidós países exigieron para examinar, entre otras cosas, lo que España había hecho.

Tampoco basta con invocar las redes sociales. Si durante semanas hubo una actividad inusual que amplificó y deformó la sentencia del Supremo, y si ese fue el elemento clave de la movilización, el Gobierno debe explicar cuándo la detectó, qué alcance le atribuyó y por qué no produjo una alerta operativa. Los fenómenos digitales son más fáciles de comprender después de que hayan causado el daño. Precisamente por eso no basta con identificarlos a posteriori y dar por terminada la explicación.

El relato oficial, además, cambia según quién lo cuente. El presidente atribuye la crisis a las mafias y a una interpretación falsa de la sentencia. Exteriores habla de redes sociales y de una coordinación reaccionaria. Interior niega haber recibido advertencias del Centro Nacional de Inteligencia, mientras fuentes relacionadas con el propio centro sostienen ante la Cadena SER que avisaron en varias ocasiones. Y la ministra de Defensa reclama ahora a Marruecos que investigue quién permitió o favoreció lo ocurrido.

Todavía falta una explicación común; de momento compiten varias entre sí.

La desconfianza europea tampoco nació únicamente de una consigna ideológica. En abril, el Gobierno abrió una regularización extraordinaria presentada inicialmente como una medida para alrededor de medio millón de personas. El plazo terminó el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes.

Una solicitud no es una autorización concedida, y una residencia española no permite instalarse o trabajar automáticamente en otro Estado de la Unión. Sí permite desplazamientos breves por el espacio Schengen y puede producir, con el tiempo y bajo determinadas condiciones, efectos de movilidad europea. La inquietud de otros gobiernos puede ser exagerada y la relación entre la regularización y la entrada de Ceuta no está demostrada. Pero la preocupación no es incomprensible ni puede despacharse entera como un bulo reaccionario.

La prevención fracasó. La frontera exterior de la Unión quedó desbordada. Entre tres mil y cinco mil personas continúan en Ceuta, repartidas por playas, acantilados y laderas

También hay argumentos que favorecen a España. Los datos de Frontex sitúan a Italia por encima de nuestro país en entradas irregulares durante el último lustro. No se ha detectado ningún desplazamiento no autorizado desde Ceuta hacia la Península o el resto de Europa. Y quienes entraron ahora no pueden beneficiarse de una regularización reservada a personas que ya se encontraban en España antes del 1 de enero.

Todo eso debe decirse. Lo que no conviene es solicitar ayuda a veintidós gobiernos después de haberlos descalificado. Se llega a una reunión con veintidós firmas críticas bajando la voz.

Tercero, el «éxito» de los retornos.

Aquí la primera obligación consiste en saber de qué estamos hablando. Durante las primeras horas, Interior informó de que más de veinticinco mil personas habían regresado voluntariamente a Marruecos. Después se habló de 48.300 retornos y, finalmente, las fuerzas de seguridad calcularon alrededor de 69.500 salidas. En unas comunicaciones se empleó la palabra «regreso»; en otras, «retorno», «repatriación» o «devolución».

La diferencia entre esas palabras tiene consecuencias jurídicas.

Quien cruza voluntariamente la frontera para regresar a Marruecos no necesita una resolución administrativa de devolución. Quien es entregado coercitivamente a las autoridades marroquíes sí tiene derecho al procedimiento establecido en el artículo 58.3: identificación, resolución individual y motivada, audiencia, asistencia jurídica e intérprete. Además, deben comprobarse las posibles solicitudes de protección internacional, la minoría de edad, la trata de seres humanos, la enfermedad y cualquier otra circunstancia que impida la devolución.

El Supremo declaró contraria a derecho la entrega inmediata a Marruecos de una persona interceptada en el mar sin procedimiento ni resolución. No declaró ilegales todas las salidas producidas durante esta crisis. Para saber si la doctrina fue respetada necesitamos un dato que el Gobierno todavía no ha ofrecido: cuántas personas se marcharon voluntariamente, cuántas fueron objeto de una devolución administrativa y qué garantías se observaron en estas últimas.

Si las casi setenta mil salidas fueron voluntarias, no deben presentarse como una operación administrativa de devolución ejecutada con eficacia extraordinaria. Si una parte sustancial fue coercitiva, el Gobierno tendrá que explicar cómo tramitó decenas de miles de procedimientos individuales en tan pocas horas.

Celebrar la cifra sin aclarar su naturaleza equivale a esconder el problema dentro de una palabra.

Cuarto, la felicitación europea.

Ursula von der Leyen ha celebrado que la inmensa mayoría de quienes entraron irregularmente regresara a Marruecos gracias al trabajo de las autoridades españolas y marroquíes. Es justo reconocer el esfuerzo de los guardias civiles, policías, militares, sanitarios y voluntarios que trabajaron durante aquellas horas. Otra cosa es convertir la rapidez de las salidas en una valoración completa de la crisis.

La prevención fracasó. La frontera exterior de la Unión quedó desbordada. Entre tres mil y cinco mil personas continúan en Ceuta, repartidas por playas, acantilados y laderas. Los centros de acogida están saturados. La Ciudad atiende a 862 menores y calcula que la cifra superará los mil cuando termine de localizarlos e identificarlos.

Y están los muertos.

Ochenta y ocho cadáveres han pasado ya por la morgue improvisada de Ceuta, todos en el lado español de la frontera. Setenta y dos están oficialmente vinculados a la avalancha del 30 y el 31 de julio. Marruecos reconoce otros once en su territorio. Algunos murieron ahogados; otros, aplastados contra el espigón o la valla. El recuento aún puede aumentar.

No espera nadie de un ministro de Exteriores que acuse en público a un país vecino con el que España tendrá que seguir tratando mañana. La prudencia forma parte del oficio y, en ocasiones, es la forma más alta de responsabilidad. Lo que cabe esperar es que no se confunda la prudencia con una versión de los hechos construida para excluir cualquier responsabilidad propia.

Se puede guardar cautela sobre Rabat y admitir que Marruecos permitió la entrada. Se puede pedir solidaridad en Bruselas sin reducir a veintidós gobiernos a una internacional reaccionaria. Se puede reconocer que las redes sociales influyeron y explicar por qué las alertas no bastaron. Y se puede hablar de eficacia sin olvidar que todavía no sabemos cuántas salidas fueron voluntarias y cuántas devoluciones administrativas.

Quedan los dos números que dan título a este artículo.

Veintidós días entre la publicación de la sentencia que describió con claridad el nuevo marco jurídico y la madrugada en que la frontera cedió. Veintidós gobiernos que han escrito a Bruselas para pedir una respuesta europea y expresar su desconfianza ante lo sucedido.

Ninguno de los dos demuestra una conspiración: el primero refleja un fallo de preparación y el segundo, el aislamiento al que conduce negarlo.

Mañana hay videoconferencia. Convendría llegar con los hechos en su orden.