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Inmigrantes hacen fila para ser atendidas por los servicios médicos de Ceuta este martesEFE

Crisis migratoria

España y Marruecos ratificaron en 2021 el acuerdo de 2007 sobre el retorno de menores

La oposición se apoya en el artículo 5 del acuerdo entre ambos países que garantiza las condiciones de de la «reunificación efectiva del menor» o su entrega a cargo de una institución de tutela del país de origen

La oleada masiva de inmigrantes que llegó a Ceuta el pasado jueves 30 de julio ha dejado un panorama humanitario difícil de asimilar para el Gobierno de España: la incógnita de qué hacer con un número de menores no acompañados inabarcable para los medios de los que dispone la ciudad autónoma, planteando el ejecutivo como única solución el traspaso al resto de CCAA, ignorando así el acuerdo existente entre España y Marruecos.

En 2021, la anterior crisis migratoria causada por Marruecos en respuesta a la ayuda sanitaria que prestó España a líder del Frente Polisario, Brahim Gali, dejó 1.500 menores no acompañados que fueron repatriados siguiendo lo establecido por el acuerdo de 2007, que entró en vigor en 2012, entre ambos países.

La primera problemática que surge con esta cuestión es la cifra exacta de menores que han llegado estos días. Este viernes, la ministra de Juventud, Sira Rego, ha hablado de 1.340 menores después de que el jueves la Policía Nacional hablase de 528 y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevase la cifra a los 1.100.

El Gobierno por su parte, se ha apoyado en lo establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 ante situaciones de «contingencia migratoria extraordinaria», es decir cuando el sistema de protección y tutela de una comunidad o ciudad autónoma excede en ocupación tres veces su capacidad ordinaria, encontrándose Ceuta con un 2.872 % de sobreocupación de sus recursos, el resto de CCAA deberán acoger parte de los menores de manera proporcional, amenazando el Ejecutivo con recurrir a la Fiscalía de Menores para que esta ley se cumpla.

La respuesta por parte de la oposición ha sido de rechazo a esta iniciativa, apoyándose primero en la existencia de CCAA que ya se encuentran colapsadas, como es el caso de la Comunidad Valenciana, en un 160 %, y luego en la existencia de este acuerdo entre Marruecos y España en vigor desde 2012.

Así desde el PP, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, se pronunció a través de su cuenta de X ironizando con la afirmación del Gobierno sobre que estaban en «el mejor momento de cooperación con Marruecos» y remitía a la lectura del artículo 5 del acuerdo, que establece que ambos países «colaborarán, en el marco de la preservación del interés superior de los menores de edad, para garantizar, en cada caso de retorno al país de origen, las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela».

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, publicó a través de X un mensaje en el que establecía los puntos en los que se basaba la negativa del partido a que los menores fueran acogidos por las CCAA, apoyándose en el ya mencionado acuerdo, pero también en los convenios internacionales «que obligan a España a proveer la reunificación familiar» y a que todavía no han sido realizadas las pruebas de edad pertinentes, entre otras cuestiones. Y apuntaba que estas personas no eran refugiados si no personas que habrían sido «utilizadas como arma de guerra híbrida».