Crisis de Seguridad Nacional en Ceuta

Los hechos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio desbordan cualquier calificación como simple incidente fronterizo o episodio extraordinario de inmigración irregular. La cifra oficial se mantiene en 72.000 entradas, aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llegó a elevarla públicamente a 80.000, dato después corregido por el Gobierno. Incluso aceptando la estimación menor, hablamos de una entrada ilegal equivalente a una parte sustancial de la población de Ceuta producida en apenas dos días.

Cuando decenas de miles de personas atraviesan en pocas horas una frontera exterior de España y de la Unión Europea, desbordan los dispositivos policiales, sanitarios y asistenciales, acceden masivamente menores y se producen decenas de fallecimientos, el fenómeno deja de ser exclusivamente migratorio. Afecta a la seguridad ciudadana, al territorio y a la capacidad del Estado para garantizar su frontera. Es, materialmente, una cuestión de seguridad nacional.

Los acontecimientos posteriores refuerzan esa conclusión. El Gobierno ha insistido en la recuperación de la normalidad. Sin embargo, los hechos permiten discutir seriamente que esa normalidad exista. Miles de personas permanecen en Ceuta; los recursos para menores siguen desbordados; el presidente de la Ciudad reclama un plan estatal, un mando único y la continuidad de la presencia militar; y existen nuevas convocatorias en redes sociales para intentar entradas masivas.

La prueba más expresiva de esa anomalía acaba de proporcionarla el propio Estado. La Comandancia General de Ceuta ha ordenado cancelar desde el 13 de agosto los permisos de los militares destinados en la ciudad, salvo casos excepcionales, ante el riesgo de nuevos intentos de entrada. La Guardia Civil ha adoptado igualmente restricciones sobre permisos y vacaciones. Si resulta necesario imponer medidas extraordinarias de disponibilidad de personal militar y policial casi dos semanas después, resulta difícil sostener simultáneamente que la crisis pertenece al pasado. Más aún: cabe preguntarse por qué medidas de esta naturaleza no fueron adoptadas preventivamente el mismo 30 de julio. La concentración inmediata de personal disponible habría sido coherente con el principio de anticipación de la Ley 36/2015. No se cuestiona la actuación de militares, guardias civiles o policías, sino si la dirección política dispuso a tiempo de los recursos exigidos.

La Ley de Seguridad Nacional ofrecía un instrumento específico. Su artículo 22 concibe la gestión de crisis como el conjunto de actuaciones dirigidas a detectar y valorar riesgos, facilitar la toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y coordinada. El artículo 4 incorpora expresamente los principios de anticipación, prevención, unidad de acción, coordinación y capacidad de resistencia y recuperación. Y el artículo 23 define como situación de interés para la Seguridad Nacional aquella en que la gravedad, dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas necesarias requieren una coordinación reforzada bajo la dirección del Gobierno.

Resulta difícil imaginar un supuesto que reúna con mayor claridad esos elementos. Gravedad, por el número de entradas y los fallecimientos; dimensión, por la proporción respecto de la población ceutí; urgencia, porque la frontera quedó sometida a una presión extraordinaria en cuestión de horas; y transversalidad, porque han debido intervenir numerosos ministerios, las autoridades de Ceuta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas y las instituciones europeas. A ello se añade un elemento que tampoco puede ignorarse: existen indicios racionales suficientes para examinar lo sucedido desde la perspectiva de las amenazas híbridas. Se ha documentado una intensa movilización mediante redes sociales, con grupos organizados, mensajes de convocatoria y mecanismos de difusión capaces de concentrar a decenas de miles de personas sobre una frontera en un periodo extraordinariamente breve.

También se han publicado advertencias previas sobre el empleo de la presión migratoria como instrumento contra España, mientras especialistas y responsables europeos han utilizado el concepto de amenaza o ataque híbrido. Esto no permite afirmar, sin pruebas adicionales, que existiera una operación directamente organizada por el Estado marroquí. Pero tampoco resulta razonable reducir lo ocurrido a un movimiento absolutamente espontáneo.

La instrumentalización de flujos humanos, la explotación de redes sociales, la desinformación sobre las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo y la concentración coordinada sobre una frontera estratégica constituyen, conjuntamente, indicios que justifican una investigación desde la óptica de la Seguridad Nacional y de las estrategias híbridas. Precisamente por ello resulta aún más significativa la negativa a declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional. Esa declaración no habría supuesto militarizar la inmigración ni suspender derechos fundamentales. El artículo 24 permite al presidente del Gobierno delimitar la crisis, determinar los recursos necesarios y establecer una autoridad funcional capaz de coordinar las distintas administraciones. Era, sustancialmente, el mando único que Ceuta ha reclamado.

La contradicción resulta evidente: aquello que no se consideró necesario el 30 de julio se aplica parcialmente después mediante refuerzos militares, restricciones de permisos, dispositivos policiales extraordinarios y vigilancia ante nuevas convocatorias. No parece coherente negar la naturaleza extraordinaria de la crisis mientras se mantienen medidas extraordinarias para contenerla.

Ceuta no sufrió solamente una crisis migratoria. Sufrió una crisis territorial, política, humanitaria y de seguridad sobre una frontera exterior de España y de Europa. Los acontecimientos posteriores no debilitan esa tesis: la refuerzan. Y obligan a formular una pregunta todavía pendiente: ¿por qué no se activaron desde el primer momento los instrumentos de Seguridad Nacional previstos precisamente para situaciones de esta naturaleza?